La Fiscalía solicita once años de cárcel para una ciudadana sueca a la que acusa de facilitar la entrada en España de once ciudadanos sirios que fueron sorprendidos el año pasado en el aeropuerto de Gran Canaria con pasaportes turcos falsos a la llegada de un vuelo de Mauritania.
La acusada, Kertin M.B., de 49 años, ha negado hoy los cargos ante la Audiencia de Las Palmas y ha explicado que ella viajó a Gran Canaria para obtener un visado para Mauritania, donde permaneció de turismo cuatro o cinco días, y después regresó a la isla.
La fiscal sostiene, sin embargo, que la procesada se trasladó hasta Mauritania para recoger a los once sirios, dos de ellos menores, y que todos ellos pagaron a la organización criminal de la que presuntamente forma parte entre 10.000 y 12.000 dólares para viajar a ese país africano desde Turquía y continuar viaje a Alemania o Suecia, pero pasando antes por Gran Canaria y Madrid.
La acusada ha reconocido que llegó en el mismo vuelo que el grupo de sirios a Gran Canaria, donde la Policía de frontera advirtió que sus pasaportes eran falsos, pero ha negado haberles ayudado o colaborado para conseguir su entrada en Europa, por lo que su letrado reclama su absolución.
Un policía ha declarado que los sirios, tras ser interrogados, reconocieron su verdadera nacionalidad y que su intención era viajar a Europa, y que para ello tuvieron que pagar entre 10.000 y 12.000 dólares, así como que en Mauritania permanecieron 4 o 5 días y se alojaron en el mismo hotel que la acusada.
Otro testigo de la Policía ha declarado que la imputada, tras pasar el control de pasaporte y ver que el grupo de sirios tenía problemas, se ofreció como traductora y después entregó un papel en el que figuraba el nombre del hotel donde se iban a hospedar y donde se comprobó que no tenían reserva alguna.
Este testigo ha dicho que el grupo mostraba una actitud temerosa, y que a la Policía le llamó la atención que tuvieran o poco o nada de equipaje en algún caso, así como que todos ellos dispusieran de la misma cantidad de dinero, entre 200 o 300 dólares. Según la fiscal del caso, ese dinero les fue proporcionado por la acusada, algo que esta también niega.
De la banda que organizó la entrada de estos ciudadanos sirios en Europa también forman parte, supuestamente, un cuñado de la acusada, de origen turco pero con nacionalidad sueca, contra el que se ha dictado una orden europea de detención, y otro hombre que la acusada ha señalado que no es su marido, como sostiene la fiscal, sino otro familiar de su cónyuge que también es buscado.
A la organización, que, según la acusación, abusaba de la terrible situación en la que se encuentran los sirios debido a la guerra en su país, pertenecen otras dos personas que aún no han sido identificadas.
El juicio continuará el próximo mes de enero con la declaración de un testigo policial de la acusación, que fue el que elaboró el informe sobre toda la causa.