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La Fiscalía pide 52 años para Miguel, ocho para su hermano y cinco para Samuel y María

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 52 años de prisión para Miguel Carcaño --un año y siete meses más que la acusación particular ejercida por la familia--, asesino confeso de la joven sevillana Marta del Castillo, por los presuntos delitos de asesinato, dos delitos de agresión sexual y otro contra la integridad moral, mientras que pide ocho años de cárcel para su hermano, Francisco Javier Delgado, y cinco para Samuel Benítez y María García.

El Ministerio Público presentó este viernes su escrito de acusación, en el que imputa a todos ellos un delito contra la integridad moral, ya que, según argumenta, “durante todo este tiempo, los inculpados, de forma contumaz, se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas, sobre este extremo”.

En este sentido, y según explicó a los periodistas la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el Ministerio Público pide igualmente que los imputados indemnicen solidariamente al Ministerio del Interior en 616.319,27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda del cuerpo de la menor tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en la localidad de Camas.

Además, reclama que abonen de forma solidaria 160.000 euros a los padres de la joven, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, y 30.000 euros para cada una de las dos hermanas, todo ello por “el daño moral derivado de la muerte de su hija y hermana, respectivamente, así como por el incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos derivados de la imposibilidad de haber dado sepultura al cuerpo de Marta”.

De este modo, la Fiscalía recoge en su escrito de acusación el relato de hechos que ya realizó en la primera comparecencia de imputación tras la incoación del procedimiento por jurado, en el que declaraba probado que fueron Miguel y el menor conocido como el 'Cuco' los que violaron y asesinaron a Marta del Castillo Casanueva, residiendo la principal novedad en la imputación a los cuatro inculpados de un delito contra la integridad moral. Así, hace un relato cronológico de los hechos aunque sin apuntar una hora concreta en la que podrían haber tenido lugar la desaparición y posterior muerte.

Así, el Ministerio Público argumenta en su escrito que, “durante todo este tiempo, los inculpados, de forma contumaz, se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas, sobre este extremo a sabiendas de que, de esta forma, los familiares de Marta no podrían dar sepultura a su cuerpo y, con ello, les iban a causar un estado de desasosiego, inquietud, ansiedad y profundo dolor, ultrajando sus más íntimos sentimientos y convicciones”.

CARCAÑO SÓLO PODRÁ CUMPLIR UN MÁXIMO DE 25 AÑOS

Al hilo de ello, justifica que, a causa de esto último, “se desarrollaron intensas labores de búsqueda del cuerpo de Marta en una extensa zona del río Guadalquivir, en un vertedero de basura situado en la localidad de Alcalá de Guadaíra y en unos terrenos ubicados en Camas --la zanja localizada junto al domicilio de la menor Rocío, que fue novia de Miguel--”, unas labores de búsqueda que la Fiscalía cifra en 616.319,27 euros.

Por todo ello, pide para Miguel Carcaño 20 años de cárcel por el delito de asesinato; 15 por cada uno de los dos delitos de agresión sexual, y dos años por el delito contra la integridad moral, así como la prohibición de residencia en el lugar donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 55 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo. En este punto, María José Segarra explicó a los periodistas que será de aplicación el límite máximo de cumplimiento de penas previsto en el Código Penal, que es de 25 años.

Con respecto al hermano de Miguel, Franscisco Javier Delgado, el Ministerio Público solicita tres años de prisión por el delito de encubrimiento, tres años por un delito de amenazas al menor conocido como el 'Cuco', y dos años por el delito contra la integridad moral, así como prohibición de aproximarse a los padres y hermanas de la joven a menos de 500 metros y de comunicarse con ellos por cualquier medio por espacio de seis años.

LA PETICIÓN DE NUEVAS PRUEBAS RETRASA LA ACUSACIÓN CONTRA EL 'CUCO'

Asimismo, la Fiscalía de Sevilla pide para Samuel Benítez y María García tres años de cárcel por un delito de encubrimiento y dos por un delito contra la integridad moral, así como la prohibición de aproximarse a los padres y hermanas de Marta a menos de 500 metros y de comunicarse con ellos por cualquier medio por espacio de seis años.

La fiscal jefe argumentó que la petición de que todos los imputados indemnicen solidariamente al Ministerio del Interior en 616.319,27 euros, importe en el que cifra las labores de búsqueda del cuerpo de la menor tanto en el río Guadalquivir como en el vertedero de Alcalá de Guadaíra y en la localidad de Camas, se debe a que “las distintas versiones ofrecidas sobre lo sucedido han originado unos gastos absolutamente superfluos”, apuntando el fiscal del caso, Luis Martín, a que estas versiones sobre el posible paradero del cuerpo “han sido una tomadura de pelo”.

Tras anunciar el fiscal del caso que para el acto del juicio oral pedirá la declaración como testigos de Rocío, de su madre y de la abuela, entre otros muchos, María José Segarra argumentó que la Fiscalía descartó finalmente imputar a los cuatro inculpados un delito de profanación de cadáveres debido a las “complejidades técnicas” que ello conllevaría.

Por último, informó de que la acusación contra el 'Cuco' no se presenta este viernes, puesto que la acusación particular ha registrado un escrito pidiendo como diligencia la adveración por el secretario judicial de la trascripción de las cintas de las intervenciones telefónicas efectuadas al menor en el centro donde fue internado. La Fiscalía ha proveído realizarlo y, por tanto, no se puede dar por finalizado el procedimiento de instrucción.