Un hombre acusado de asesinar en 2018 en Fuerteventura a una prima de 21 años, a la que admite haber matado de al menos treinta martillazos asaltándola de madrugada cuando dormía y estaba sola en casa, ha achacado a un “arrebato” por problemas mentales lo ocurrido al inicio del juicio en su contra, en el que, sorpresivamente, se ha declarado mujer, pidiendo ser llamado Lorena.
Una circunstancia esta que este lunes, primer día de la vista oral en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha esgrimido el procesado, Jonathan S.R., para rechazar que sometiera al cadáver de su prima, una vez consumó su muerte, a actos sexuales por los que le piden 15 años de cárcel, aduciendo: “yo soy una mujer, y no quiero estar con una chica, sino con un hombre”.
Su planteamiento ha sido cuestionado, en todo caso, por las acusaciones popular, asumida por el Instituto Canario de Igualdad, y particular, ejercida por la familia de la víctima, que al referirse a él lo ha hecho como “el acusado”, en masculino.
El abogado de los padres y el hermano de la fallecida ha rebatido la tesis de la defensa de que el cambio de género de su representado es oficial porque, según ha relatado, en la cárcel se le ha otorgado un trato diferente desde que se declaró mujer, permitiéndole usar ropas femeninas en privado y ducharse aparte de los demás reclusos, argumentando que el reconocimiento de algo así “no es competencia de Instituciones Penitenciarias, sino del Registro Civil”.
Tampoco han estado de acuerdo dichas acusaciones con la negativa del defensor a reconocer la muerte como un asesinato, agravado por la alevosía y el ensañamiento con que aquellas sostienen que actuó, pese a que también ha sido calificado como tal por el Ministerio Fiscal, que pide 25 años de prisión por ello.
Pena que tendría que ser rebajada sustancialmente de triunfar las afirmaciones del abogado del enjuiciado de que solo se trató de un homicidio, cuyo castigo es menor.
Desde la defensa, de cualquier modo, se ha llegado a solicitar incluso, frente a un tribunal jurado que será el encargado de dirimir hasta qué punto fue responsable o no de lo ocurrido y en qué medida, la absolución de su cliente, asegurando que no era capaz de calibrar lo que hacía porque sufre “trastornos de personalidad” y que lo que procede es internarlo en un centro para recibir atención.
Ni el fiscal ni las otras acusaciones han compartido, sin embargo, ese parecer, asegurando el primero que solo padece “un retraso mental de carácter leve, sin que afecte a su capacidad” de discernir entre bien y mal, y que pruebas forenses que se le han practicado lo han confirmado.
Y como prueba de ello ha apuntado, entre otras cosas, a cómo llevó a cabo el ataque a su prima, usando guantes para no dejar huellas, vistiendo una chaqueta de mangas largas y con capucha que dificultaran su identificación, portando un martillo, dos navajas y una cuerda, valiéndose de una llave de la casa de la víctima que había sustraído tiempo atrás y aguardando a que estuviera sola y dormida, con una situación de “imposibilidad absoluta de defensa”.
Otros factores que, según el fiscal, descartan que fuera incapaz de saber qué hacía son que luego “dio la vuelta al colchón para ocultar las manchas de sangre”, huyó a su casa, colindante con la de la finada, saltando por una zona de terrazas para evitar la vía pública y encontrarse con alguien, se duchó y, tras meter en una bolsa sus ropas y utensilios, los tiró dentro de otra vivienda cercana deshabitada desde hacía años.
Elementos todos ellos que ponen de manifiesto que su discapacidad no era tal o, cuando menos, no tan significativa, puesto que, con todo, “le permitió planear el crimen de antemano”, ha referido.
El fiscal ha subrayado, así mismo, que el acusado procedió “haciendo uso de una extrema violencia” y apuntando en sus golpes a “zonas vitales”, en especial la cabeza de la víctima, a la que no dejó de pegar ni cuando cayó al suelo herida de muerte, y que finalmente, excitado por lo sucedido, “le eyaculó encima”.
En la primera sesión de una vista que se prolongará varios días por declaraciones de testigos y peritos, la defensa ha insistido una y otra vez en sostener que el padecimiento de su representado “anuló totalmente sus capacidades cognitivas y volitivas” cuando mató a la joven y en negar que actuara de forma premeditada.
En esa línea, ha pedido al acusado, que se ha acogido al derecho de no contestar a las preguntas de acusaciones o miembros del jurado y ha respondido solo a su abogado, que definiera cómo era su relación con su víctima, y ha contestado: “bastante bien, ningún problema”.
Y, sobre por qué golpeó hasta su fin a la chica, ha declarado que “le dio un arrebato” y que “estaba como una máquina sin control”.