Un funcionario de prisiones, David Langa, presentó este martes una querella por el presunto delito de prevaricación contra la directora de la prisión Tenerife II, Ana Isabel Serrano, a quien acusa de no investigar internamente la paliza que un interno le propinó el 23 de julio de 2006.
El interno ha sido condenado pero, según dijo Pedro Langa, padre del funcionario agredido, su hijo sufre una atrofia cerebral por la que está en situación de baja por incapacidad laboral total e Instituciones Penitenciarias “oculta los hechos” que se produjeron, en su opinión, porque en el centro “no hay quien organice”.
La querella ha sido presentada también contra otras siete personas y, además de por prevaricación, se hace por los presuntos delitos de falsedad en documentos oficiales y negligencia grave con resultado de lesiones.
Pedro Langa, también funcionario de prisiones, indicó que reclaman la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración y que se investigue lo sucedido cuando un interno pegó una paliza a su hijo y a otro funcionario.
Según se señala en la querella, la agresión se produjo en un módulo en el que había 190 internos, “un encargado y un solo funcionario de patio”.
En la querella se indica que el interno tenía la camisa “llena de sangre, un vendaje aparatoso y en la ceja, y estaba bastante alterado”, y se agrega que mientras un funcionario ordenó que se le diera el alta en el módulo otro puso objeciones verbales a los jefes de servicio por el estado de agresividad.
Después el interno “atacó” a los funcionarios a la salida del patio del módulo y como consecuencia el querellante sufrió daños por los que precisó “tratamiento médico psiquiátrico y de rehabilitación, así como de 227 días de curación impeditivos y un día de hospitalización, quedando con atrofia de la corteza cerebral”, se explica en la querella.
El centro penitenciario denunció ante los Juzgados los hechos, “que fueron sobreseídos, y el centro penitenciario, a sabiendas de la gravedad de los hechos y que el propio interno reconoció, siendo sancionado por ello, no recurre el sobreseimiento ni aclara la denuncia al Juzgado”, según la querella.
La denuncia siguió adelante “gracias a las denuncias de los hospitales” y el interno fue condenado por el Juzgado de lo Penal número cuatro de Santa Cruz de Tenerife, aclara el querellante.
Pedro Langa considera que él y su hijo sufren persecución tras haber denunciado los hechos e insistió en reclamar que se abra una investigación administrativa sobre lo ocurrido.
El querellante indica que después se enteró de que el interno que le agredió “tenía una sanción de aislamiento en celda por una agresión a otro interno”, y añade que el parte de hechos se había “alterado de forma intencionada, ocultando también la sanción de aislamiento que estaba cumpliendo”.