El Gobierno de Canarias ya conocía las malas condiciones del centro de menores migrantes de Arrecife. El 6 de mayo, después de una inspección realizada por la Fiscalía de Menores, el Ejecutivo autonómico dijo que en un plazo de 15 días desmantelaría el dispositivo de emergencia, según ha explicado la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, a esta redacción. Más de un mes después, dos abogadas han presentado un escrito a la Fiscalía denunciando la situación de ''desprotección infantil'' en la que se encuentran los 55 menores acogidos en la Casa del Mar, que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y en el que se han producido, según el documento, incluso agresiones físicas y verbales por parte de los educadores.
Según ha explicado la fiscal a Canarias Ahora, la inspección se hizo el 6 de mayo ''antes de que existiera cualquier tipo de denuncia''. ''En esa inspección se vieron las deficiencias del centro y, ante esa circunstancia, le dicen a los fiscales que el centro se va a cerrar en 15 días'', cuenta la fiscal. ''El acta existe, entonces el problema es que no han cerrado el centro'', apunta. En esta línea, García subraya que la Fiscalía ''no ordena'', sino que pone en conocimiento de la Dirección General para que esta proceda a arreglar la situación o cerrar el dispositivo.
El recurso, gestionado por la Fundación SAMU, ha seguido funcionando durante un mes y medio, y este viernes han salido a la luz todas sus carencias. En relación a la inspección del 6 de mayo, el escrito elaborado por las letradas Irma Ferrer y Loueila Sid Ahmed Ndiaye recoge que algunos testigos vieron al director ''esconder papeles'' antes de la visita y pedir a algunas trabajadoras ''que pusieran archivadores en su coche para ocultarlos de la inspección''.
Además, empleados y usuarios han subrayado que las instalaciones están sucias y en mal estado, que la ropa no se limpia y que la calidad de la comida es pésima. ''Las educadoras mencionan que alguna vez han visto la situación tan extrema que se han llevado a sus propias casas sábanas y ropa de los menores para lavar'', recoge el documento.
No solo las condiciones del inmueble son precarias, también lo es la atención a la salud física y mental de los usuarios. Según el escrito, entre los menores están apareciendo adicciones que no están siendo tomadas en cuenta ni tratadas. Hay consumo de ansiolíticos como Rivotril o Diazepam, que algunos jóvenes mezclan con bebidas energéticas y alcohólicas como mecanismo de evasión. El 11 de junio, una trabajadora encontró una caja de Tramadol vacía, pero no se tomó ninguna medida al respecto.
Otro de los niños llegó a la isla con un cuadro de desnutrición. Una trabajadora lo acompañó al hospital, donde recibió una transfusión sanguínea urgente. Se le recetó hierro y una dieta específica, pero esta nunca se le brindó. También se han detectado casos de flemones sin curar y otro niño con problemas de visión sigue a la espera de unas gafas.
Por otra parte, la denuncia recoge que entre el equipo está ''generalizado'' el trato despectivo a los adolescentes. ''Estás loco, vamos a tener que pedirte cita con el psicólogo, que falta te hace'' o ''ojalá lleguen más subsaharianos, que son más tranquilos'', son algunos de los comentarios que los menores han recibido. En el interior del recurso también se ha producido un episodio violento por parte de un trabajador social a un usuario. ''Usó la fuerza física, agarrando del cuello y empujando contra la pared al menor'', reza la denuncia. Los empleados tampoco respetan las creencias religiosas de los menores, ''limitando cualquier manifestación de sus orígenes''.
La Red ciudadana de solidaridad con las personas migrantes en Lanzarote también ha trasladado al Defensor del Pueblo una queja sobre las vulneraciones de derechos que se han producido en la Casa del Mar.