El Gobierno de Canarias ha adquirido a través de la empresa pública Visocan 38 viviendas en el municipio de Moya para poner en alquiler social. Así lo ha anunciado en una nota de prensa la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda, en la que destaca que hasta el barrio donde se encuentran estas casas se han trasladado tanto el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo como la consejera Cristina Valido.
El acuerdo entre Visocan y el promotor de viviendas es que la empresa pública las gestionará en régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO) durante tres años y con ayudas al alquiler. El edificio El Laurel está ubicado en el barrio de Trujillo y consta de 38 viviendas con garaje y trastero distribuido en cuatro plantas. La promoción cuenta con distintos tipos de viviendas, de 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 baños, cocinas amuebladas, 2 viviendas tipo dúplex y viviendas con terraza. Para acceder a ellas, los solicitantes deben de estar registrados como demandantes de vivienda en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Canarias.
El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, se ha mostrado satisfecho con esta adquisición, por la que llevaba años luchando. El pasado año Visocan pudo llegar a este acuerdo con el promotor y ha sido este lunes, a tres meses de las elecciones, cuando el Gobierno lo ha hecho público.
El Ejecutivo regional responde a los retrasos por las ayudas al alquiler en su nota de prensa subrayando que actualmente 18.500 familias en situación de vulnerabilidad social residen en Canarias en viviendas de Protección Oficial, y cuentan con ayudas al alquiler. De ellas, 14.234 residen en las que pertenecen al parque público del Instituto Canario de la Vivienda y 4.527 en viviendas gestionadas por Visocan y que reciben ayudas para alquiler.
A pesar de estos datos, desde 2012 no se cuenta con un plan de vivienda que dote de un presupuesto mayor a esta área y que permita consolidar una estrategia clara. Además, la construcción de viviendas de este tipo ha estado prácticamente paralizada.
La consejera señaló este lunes que sí que se están llevando a cabo esfuerzos y que el Plan de Vivienda 2019-2022 “acaba de ser validado por unanimidad por los agentes sociales”. En ese plan, Cristina Valido señaló que se incluirá el fomento de la promoción de viviendas de Protección Oficial de promoción privada en régimen de arrendamiento y compraventa, con el fin de incentivar la incorporación al mercado inmobiliario de viviendas a precios de venta y arrendamiento asequibles. Así mismo, espera que el nuevo plan esté listo antes de las próximas elecciones.
A pesar de este propósito, no existe actualmente una ficha financiera consignada para este plan como sí ocurre por ejemplo con la Ley de Servicios Sociales. Además, más de 17.500 personas siguen esperando por la resolución de las ayudas al alquiler que dejará colgadas a más de la mitad de las personas que las han demandado.