Este lunes ha dado comienzo la huelga general de empleados públicos temporales e interinos del Gobierno de Canarias. Por su parte, el Ejecutivo mantiene su “oferta” de realizar una OPE donde se primen la experiencia y la antigüedad en el puesto frente a un proceso restringido que no tiene “viabilidad jurídica” porque no cumpliría la normativa vigente.
El seguimiento de la huelga de empleados de la administración pública en Canarias contra el abuso de la temporalidad laboral se sitúa este lunes en el 3,6%. En concreto, han participado 289 personas de las 7.956 que podía ejercer su derecho, descontando a los trabajadores que están de vacaciones, de días de permiso o baja laboral, según datos ofrecidos por el Gobierno regional y obtenidos por una empresa externa.
La huelga, impulsada por la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Pefralca) y por Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Intersindical y por el Sindicado de Comisiones de Base (Co.bas), ha contando con concentraciones ante la sede de Presidencia del Ejecutivo autónomo en las dos capitales canarias, y no estaban llamados al paro los trabajadores de Sanidad, Educación y Justicia, entre otros servicios públicos.
De los aproximadamente 11.000 trabajadores públicos de la Administración general, un total de 2.949 son interinos y temporales, quienes exigen que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a dar fijeza al personal, por lo que proponen una ley autonómica para regular la situación o la convocatoria de una OPE restringida.
La directora general de Función Pública, Laura Martín, sostiene que el Gobierno “no se puede salir de la legalidad vigente” y la Constitución recoge que el acceso al empleo público se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito y “hay que respetarlos”.
En esa línea, señala que ni la sentencia del TJUE ni las posteriores del Supremo modifican la Constitución, y sostiene que en otros servicios, como en educación, sí se aprobó en diciembre la Oferta de Empleo Público de consolidación.
Martín afirma que el Ejecutivo mantiene su “oferta” de realizar una OPE donde se primen la experiencia y la antigüedad en el puesto frente a un proceso restringido que no tiene “viabilidad jurídica” porque no cumpliría la normativa vigente. No obstante, cree que la “negociación” permitirá alcanzar un acuerdo basado en el cumplimiento de la legalidad vigente, subrayando que tampoco cabe en este caso una ley autonómica porque la función pública es normativa básica del Estado.
“¿Si hubiera una solución tan sencilla como cambiar una ley autonómica o dictar un decreto estaríamos pasando por este proceso?”, se pregunta.
Con todo, Martín va a convocar al comité de huelga el próximo miércoles para proseguir con las negociaciones y empezar a negociar las bases de las futura OPE, que tardaría entre dos o tres años, con lo que niega “falta de interés” del Ejecutivo por más que los trabajadores quieran reunirse directamente con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
“Despido inminente sin indemnización”
Por su parte, Prefalca ha asegurado en una nota de prensa que un 90% del total de 4.000 trabajadores temporales del Gobierno de Canarias ha secundado la primera jornada de huelga de este lunes, por lo que califican este primer día de paro indefinido como un “éxito absoluto”.
En el comunicado, la plataforma de empleados públicos ha explicado que casi 4.000 trabajadores de este sector “estamos al borde del despido inminente sin indemnización”.
Asimismo, denuncia que el Ejecutivo regional “está ignorando la Proposición no de ley aprobada por unanimidad el pasado diciembre en el Parlamento de Canarias”. En ella, se insta al Gobierno a “sentarse a negociar con la mayoría representativa sindical y la plataforma de afectados para buscar una solución para obtener la fijeza llevando a cabo la trasposición de la Directiva europea”, asegura Prefalca.
La próxima movilización será el 14 de enero a las 11.00 horas en la Plaza de la Feria de la capital grancanaria y en Tenerife frente a la subdelegación de Gobierno.