El Gobierno de Canarias estima que hay motivos para acudir al Tribunal Constitucional contra las normas estatales recientes que regulan las ventajas fiscales de las actividades cinematográficas en el Archipiélago. De esta manera lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en una rueda de prensa tras el Consejo de este jueves.
Las normas a las que hace referencia son un proyecto ley, por un lado, y un decreto ley, por otro, que modifica las desgravaciones que se les otorga a los empresarios audiovisuales en todo el país. En este sentido, el Ejecutivo considera que las modificaciones adoptadas por el Gobierno central “contravienen las reglas de nuestro régimen económico y fiscal”, por lo que ha decidido acudir al Tribunal Constitucional.
Esta decisión se toma después de que el pleno del Parlamento de Canarias aprobase el lunes pasado por unanimidad emitir un informe desfavorable a que el diferencial fiscal en los incentivos a las producciones cinematográficas en la islas con respecto al resto de España se sitúe por debajo del 80%.
No obstante, antes de hacerlo, Pérez ha informado de que el Gobierno regional va a intentar celebrar una reunión Canarias-Estado. Este encuentro, ha explicado el portavoz, “es el instrumento que se utiliza cuando se produce una discrepancia de este tipo para intentar promover un entendimiento entre los dos gobiernos”.
Después de estudiar varios informes jurídicos y tributarios, el Gobierno de Canarias ha solicitado al ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, la convocatoria urgente de la comisión bilateral y de comunicar este acuerdo al Congreso, al Senado, al Parlamento de Canarias y al propio Tribunal Constitucional.