El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, prefirió este martes no pronunciarse, hasta que haya una sentencia firme, sobre cómo se podrían abonar 26 millones de euros a la Universidad de La Laguna por el incumplimiento del contrato programa por parte del ejecutivo, aunque dio pistas sobre cómo se ha resuelto un problema similar en otra comunidad autónoma.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido una deuda del Gobierno a la ULL de 26 millones de euros por no incluir en los presupuestos autonómicos de 2010, 2011 y 2012 la totalidad de las partidas comprometidas en el contrato programa, si bien el ejecutivo ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
En una comparecencia en el pleno del Parlamento, el consejero de Educación y vicepresidente del Gobierno se refirió no obstante a un caso similar en la Comunidad de Madrid por un recurso de la Universidad Complutense que, aunque fue ganado por el centro docente, supuso en la práctica la desaparición de 300 puestos docentes.
En ese caso, la Comunidad de Madrid cumplió la sentencia por no haber presupuestado todas las inversiones a las que se había comprometido con la Complutense, pero no incrementó el presupuesto educativo total, sino que bajó la financiación en otros conceptos y al final el centro académico perdió 300 puestos de docentes.
En el caso de Canarias, “las consecuencias las veremos al final del recurso”, cuando se pronuncie el Tribunal Supremo, dijo el consejero, quien dijo que la suma a pagar sería “extraordinaria”, no sólo por los 26 millones reconocidos por TSJC, sino porque la ULL reclama otros 16 millones.
José Miguel Pérez indicó que el contrato programa se firmó en 2008 con unas expectativas económicas que desaparecieron y que hicieron imposible su cumplimiento.
Recordó que entre otras cuestiones se establecía un incremento anual en el presupuesto del contrato programa del 4,5 por ciento desde 2009 hasta 2013.
Además, tampoco se podría haber cumplido el compromiso sin vulnerar la legislación estatal que obligaba a mantener la estabilidad presupuestaria y a recortar el gasto educativo en 135 millones de euros.
El consejero recordó que los incumplimientos del contrato programa de los presupuestos autonómicos de 2010 y 2011 fueron promovidos con el PP en el Gobierno de Canarias y votados favorablemente por los diputados de ese grupo político, y sólo el de 2012 corresponde al actual pacto de gobierno en el que están los socialistas.
José Miguel Pérez dijo que su departamento ha mantenido el diálogo con las dos universidades canarias “porque la realidad presupuestaria va por otro lado”, y subrayó que eso ha hecho posible cumplir muchos de los objetivos de esos contratos programas pese a la reducción presupuestaria, como la adaptación de los estudios al espacio europeo de enseñanza superior.
La diputada del PP Maribel Oñate reprochó al consejero que practique el “buenismo” de congelar las tasas universitarias en lugar de hacer que paguen más quien más puede, puesto que esos fondos repercuten en la situación financiera de las universidades.
“La universidad no puede seguir con todo el mundo subvencionado, que nadie pague, que todo sea gratuito y que todo el mundo pase con un 5”, dijo Oñate, y recordó que la universidad es excelencia, pero en el caso de las canarias están “como la Bella Durmiente, tranquilas en el olvido” y sin el apoyo del Gobierno de Canarias.