El Gobierno canario aprueba el polémico decreto de dependencia que rechazan los colegios de Trabajo Social y el personal

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el polémico decreto de dependencia con el que están en contra los colegios de Trabajo Social de ambas provincias y el personal técnico de la Consejería, que presentaron numerosas alegaciones al mismo.

La consejera de Bienestar Social Candelaria Delgado ha defendido que se recortarán los tiempos para reconocer la dependencia al pasar de un modelo bifásico a otro monofásico. Es decir, solo bastará con una visita al domicilio de la persona usuaria para tramitar el grado de dependencia y el Programa de Atención Individualizada.

Sobre las críticas del personal y de los trabajadores y trabajadoras sociales, la consejera Candelaria Delgado no se ha pronunciado, pero sí ha remarcado que se han estado actualizando los aplicativos informáticos y que se impartirá formación al personal de la Consejería.

“En la ley de presupuestos de esta comunidad autónoma se aprobó un plan de choque de personal que se ha ido incorporando en estos meses y se pondrá a disposición en las próximas semanas”, apuntó Delgado, que añadió que “vamos a tener al personal necesario”.

Asimismo, aseguró que convivirán los dos sistemas porque se tendrán que finalizar los expedientes que se hayan solicitado por el sistema anterior.

“Esta medida logrará reducir las listas de espera en dependencia porque el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora de disminución del tiempo en más de 30% (unos ocho meses) no es suficiente. Teníamos que actuar de forma urgente para conseguir reducir aún más notable el tiempo en el que se concede el grado de dependencia y la posterior PIA y establecimiento de prestaciones vinculadas”, afirmó Delgado.

“Este proceso monofásico es una de las medidas que permitirán conseguir unos plazos más razonables para que las personas que tengan atención digna y se reduzcan las listas de espera”, aseguró.

Según dijo, este sistema monofásico “se asemeja al que tienen implantado comunidades autónomas como el País Vasco (donde el tiempo de resolución son 136 días) o Castilla y León (con 128 días). Esos tiempos reducidos también se ven en otras comunidades como Madrid (288) y Cantabria (210)”, dijo Delgado.

Se trata de plazos que están un poco por encima de seis meses que exige la ley “y que son los tiempos en los que nos queremos mover de este Gobierno de Canarias”, remarcó.

“Creemos que en el esfuerzo que está realizando todo el personal de la Consejería de Bienestar Social es un ejemplo de profesionalidad y ejemplo para seguir bajando esas listas de espera que tenemos en ambas direcciones generales”, defendió la consejera.

El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife advirtió el pasado año sobre las consecuencias del decreto de Dependencia y reprochó que el texto “parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos”. “No todo vale para acortar plazos”, señaló por su parte el colegio de Las Palmas.