El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Hipólito Suárez, transmitió esta semana a las familias la intención de su equipo de renovar con la mayor celeridad posible el contrato para la prestación del servicio de apoyo al alumnado con necesidades específicas de apoyo (NEAE) en el Archipiélago. Este servicio externalizado lo presta la empresa Aeromédica desde abril de 2016, aunque el contrato está vencido desde marzo de 2021 y se abona mediante los llamados expedientes de nulidad, lo que impide, según ha reiterado la Consejería, acceder a fondos europeos para financiarlo hasta en un 85%.
A finales de julio, trece organizaciones, entre ellas la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Canarias (CONFAPA), registraron en el Parlamento regional un documento en el que, entre otras medidas para lograr “una educación más inclusiva” en las Islas, se proponía acabar con la privatización de ese servicio. En opinión de los firmantes, esa externalización “precariza” la atención al alumnado NEAE.
Ese documento también fue entregado al consejero en la reunión que mantuvo este lunes en Gran Canaria con representantes de cuatro federaciones de AMPAS de las Islas (Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma) y a la que también asistieron los directores generales de Enseñanzas, Inclusión e Innovación y de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Pablos y David Crego, respectivamente.
En ese encuentro, y al igual que manifestara en una reciente comparecencia en el Parlamento regional, el consejero trasladó a las familias el propósito de “actualizar la normativa” NEAE y de acelerar los trámites para convocar el nuevo concurso para el servicio de apoyo. Una urgencia que vincula con la imposibilidad actual de acceder a fondos transitorios de la Unión Europea debido a que el contrato venció hace cerca de cuatro años.
Desde la Consejería de Educación han venido manteniendo en las últimas semanas que, de no estar caducado y en situación de nulidad, ese contrato podría ser financiado hasta en un 85% con fondos europeos y que ello permitiría incrementar los recursos propios para “mejorar el servicio o cubrir otras necesidades”. La previsión para este año es que la empresa contratista facture unos 20 millones de euros por esos servicios, cuatro más que el año pasado y 17 más que en el inicio del contrato, en abril de 2016.
Jorge Hernández, representante de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) de La Palma y uno de los principales promotores del documento registrado el 30 de julio en el Parlamento, incidió en la necesidad de reclamar al Gobierno de Canarias “los fondos necesarios para Educación, al menos los que le pertenecen por ley”. Es decir, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB), un objetivo que tampoco cumplirá el próximo año. El presupuesto previsto para este departamento en 2025, según el proyecto presentado este mismo jueves, es de 2.439 millones de euros, cerca de un 3% más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, su peso en las cuentas cae del 4,20 al 4,05% del PIB.
Hernández señala que en esa reunión transmitió a Suárez su deseo de que fuera “el consejero de las familias” y de que asumiera “como referencia y manual” el documento elaborado por trece organizaciones para mejorar la atención al alumnado con necesidades específicas. De hacerlo, “tendrá éxito en los cambios que quiere implementar”, vaticinó.
El representante de las familias de La Palma ha mostrado su rechazo a la decisión del consejero de mantener privatizado el servicio como “la única forma” de atender a los niños y niños NEAR. “Jamás lo apoyaremos desde nuestra federación porque privatizar es igual a precarizar y eso lo hemos dejado claro en diversas ocasiones”, insistió.
Hernández dice no entender “el empecinamiento” de la Consejería de Educación. “Si todos los NEAE de Canarias no tuvieran ese diagnóstico, ¿qué pasaría? ¿También privatizaría su educación? ¿Tampoco habría recursos? ¿También habría que ahorrar con ellos precarizando su educación?”, se pregunta el representante de FAPA La Palma.
“Si atiende a los NEAE con todo lo que dice la ley, no tendríamos ningún problema que fuese mediante una empresa privada, pero si fuera así le saldría más caro a la Consejeria, porque además de contratar perfiles adecuados, remunerarles debidamente y darles los derechos que le corresponden, tendrían que pagar a la empresa algo disparatado”, ha continuado Hernández, que salió desilusionado del encuentro. “No espera nada bueno a las familias NEAE. Vamos a seguir teniendo un trato de segunda o tercera. No podemos aceptar que nos digan que no hay docentes, auxiliares, psicólogos o infraestructuras adecuadas porque no hay dinero. Las familias tenemos el poder si nos organizamos”, concluye.