El Gobierno canario se encuentra en la actualidad sumido en alrededor de 4.000 procedimientos judiciales. De este número en la jurisdicción contencioso administrativa el Ejecutivo actúa como actor en 226 causas, como demandado en 1.590 y como codemandado en 247. En la jurisdicción civil el Gobierno actúa como actor en 54 procedimientos, como demandado en 480 y como codemandado en 149. Por último en la jurisdicción laboral el Gobierno ha interpuesto 26 demandadas y los particulares han hecho lo propio en su contra en otros 1.105 procedimientos.
En respuesta a una pregunta presentada por el grupo parlamentario popular, el Gobierno señala que los procesos judiciales en los que es parte la Administración Pública de la Comunidad autónoma de Canarias, cualquiera que sea la jurisdicción y en cualquiera de sus instancias, son asumidos con carácter exclusivo por los letrados integrantes de su propio Servicio Jurídico.
Sin embargo, también se admite que “con carácter excepcional” entre los meses de julio del año 2011 a 2012 se han encomendado a abogados externos un total de 22 procesos. Estos encargos se efectúan “cuando el número de letrados de que dispone el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias no permite atender todos los señalamientos efectuados por los distintos órganos judiciales para un mismo día y en la misma franja horaria”.
Este cúmulo de circunstancias impiden que los abogados puedan asistir a las vistas o prácticas de pruebas en distintos Juzgados de los diferentes partidos judiciales del territorio de la Comunidad Autónoma y que coinciden en muchos casos por lo que se requieren desplazamientos a distintos municipios e, incluso, a islas.
“Es entonces cuando se encomienda a apoderados externos la representación y defensa procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en aquellos procedimientos que se estiman de menor relevancia para los intereses de la Administración Autonómica”.
En esas circunstancias el procedimiento a seguir es la formalización de un apoderamiento que se podrá realizar, indistintamente, por el presidente del Gobierno, por el titular del departamento afectado, y por el titular del órgano del órgano superior de representación de la institución o entidad objeto de representación y defensa o por la persona titular de la Dirección General del Servicio Jurídico.
En cualquier caso el Ejecutivo señala que en el periodo comprendido entre julio de 2011 y julio de 2012, la cantidad total de los importes abonados a letrados externos por la Dirección General del Servicio Jurídico correspondientes a encargos realizados en tal periodo apenas ascendió a 5.180,22 euros.
Causas pendientes
En estos momentos los procedimientos de mayor peso en los que está sumido el ejecutivo canario son por un lado todas las causas referentes a la construcción del monumento de Tindaya en Fuerteventura que hasta ahora se han puesto del lado de la Unión Temporal de Empresas (UTE) y que puede implicar a medio plazo el desembolso de cantidades millonarias. En ese período también se debatía en los juzgados las reclamaciones de varias promotoras contra el Gobierno por las consecuencias que había tenido la aplicación de la moratoria turística y la consiguiente petición de compensaciones económicas que han sido desestimadas por los tribunales. Otro frente se ha abierto pero esta vez a iniciativa del propio Gobierno canario en contra de las prospecciones petrolíferas en las costas de las islas a la que ha dado vía libre el Ministerio de Industria después de que el Partido Popular (PP) ganara las últimas elecciones generales