“¿Qué va a pasar el próximo 1 de enero con los usuarios y usuarias que en Canarias reciben la ayuda a domicilio especializada? ¿Se quedarán en el limbo?” Son las cuestiones que se plantea la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena (PSOE) tras conocerse el proyecto del Gobierno regional de privatizar esta prestación para las personas dependientes de las Islas. Varios cabildos ya están solicitando quedarse fuera de esa macrolicitación que pretende realizar el Ejecutivo de CC-PP.
Mena explica que el Cabildo de Gran Canaria presta esta ayuda para personas con la Ley de Dependencia reconocida a través de entidades del tercer sector y de convenios con los ayuntamientos. “Prestamos también ayuda a domicilio un poco más especializada, por ejemplo, para personas con Alzheimer”, destaca. Se prestan hasta 78 horas semanales de ayuda a domicilio, aclara la consejera, que considera que la idea de privatizar ese servicio no ha sido consensuada con las corporaciones insulares y que supondrá una “merma” en la calidad.
Señala que la idea es quitar la gestión a los cabildos sacando un macrocontrato. Una idea con la que no está de acuerdo ya que “los cabildos tenemos más cercanía en el territorio”y “nos permite que haya un mayor grado de especialización al hacerlo con personal público o con entidades del tercer sector especializadas”. Además, señala que la excusa que se ha puesto desde la Consejería es que hay cabildos en los que no está funcionando la ayuda a domicilio. “No puede ser que a los que sí la estamos prestando y que está funcionando nos vaya a suponer una merma en la calidad del servicio”, insiste.
La consejera subraya que otro tema que se han planteado los cabildos es que hay que subir el precio de las horas de ayuda a domicilio para garantizar “que llegue a todas partes”. Es decir, incidir en la mejora de la calidad y “no quitar esa competencia a los cabildos para dársela a una multinacional”, remarca.
Las intenciones del Gobierno de Canarias han salido a la luz porque antes de final de año hay que modificar el convenio de dependencia entre el Ejecutivo y los cabildos (el vigente era hasta 2024 y el próximo tendrá una duración de 2025 a 2028) y al enviar desde la Consejería de Bienestar Social el borrador con el nuevo convenio las corporaciones insulares han podido ver que “desaparece” la ayuda a domicilio. Mena explica que ahí se les explica que se ha retirado porque se va a licitar un concurso.
“Nosotros estamos viendo que pasan los meses y que no se convocan las reuniones con los cabildos”, destaca Mena, que añade que “la preocupación es que vemos que no se convocan las comisiones bilaterales”. La consejera agrega que esas “no son formas de gestionar de manera coordinada con el resto de instituciones” y reclama “que se convoquen cuanto antes las comisiones bilaterales para tener un margen de maniobra para negociar el convenio”. En el caso de Gran Canaria son 100 millones de euros anuales en los que no solamente está la ayuda a domicilio, y “requiere de sentarse y negociar”.
El Cabildo de El Hierro fue el primero en rechazar esta idea del Gobierno de privatizar la ayuda a domicilio. El consejero de Derechos Sociales de esta corporación, Amado Carballo, ha señalado a este periódico en agosto recibieron un formato Word con un borrador del nuevo convenio en el que se pretendía dejar fuera el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasistencia. “No nos daban más información que ese correo electrónico y en septiembre se celebró una comisión técnica, que no política”. Subraya que ahí se les pidió información a los efectos de una posible subrogación del personal.
Sin embargo, Carballo incide en que el personal es propio del Cabildo y no se le puede aplicar el régimen de subrogación de empresas privadas. “Nosotros queremos mantener la prestación del servicio con nuestro personal que tiene un convenio laboral muchísimo mejor” . Por ello, el 5 de octubre se envió una comunicación señalando que ese personal no se puede subrogar y haciendo hincapié al bagaje y a la historia que tiene este servicio en la isla de El Hierro.
Carballo destaca que una situación distinta es la del servicio de teleasistencia, que en el caso de El Hierro se presta a través de Cruz Roja, pero entienden que se puede centralizar en el ámbito de Canarias porque es un servicio telemático.
No obstante, con la ayuda a domicilio desde el Cabildo de El Hierro inciden en que en el siguiente pleno se va a pedir que la corporación insular “solicite al Gobierno de Canarias lo que le hemos pedido ya a la consejería de manera directa”. Asimismo apunta que no ha visto la licitación publicada por lo que cree que es posible aún modificar las pretensiones del Ejecutivo regional.
Preguntado por este proyecto, desde la Consejería de Bienestar Social han declinado hacer declaraciones por el momento. A finales de octubre, la consejera Candelaria Delgado sí que habló en el Parlamento de Canarias sobre ello y dijo que “previamente a empezar con la licitación de este servicio hemos mantenido reuniones con todos los cabildos insulares para esbozar lo que es actualmente lo que va a ser el convenio para atención a la dependencia en el periodo 2025-2028” y añadió que “la ayuda a domicilio especializada a personas con dependencia de la isla de El Hierro está enfocada a garantizar que el servicio llegue a todos los municipios incluidos aquellos como El Pinar donde actualmente no cuentan con cobertura suficiente”.
“Nosotros hemos puesto sobre la mesa como pretendemos hacer ese servicio y hemos solicitado aportaciones a todos los cabildos insulares, lo que se pretende es garantizar esa cobertura en todos los municipios , la subrogación del personal actual siempre y cuando no sea propio de los cabildos”, insistió la consejera, que añadió que el consejero de El Hierro manifestó que “debido a la escasez de personal que tiene el Cabildo le vendría bien ese personal de ayuda a domicilio para incorporarlo a las residencia de mayores de la isla y centros de día y poder ampliar ese servicio”.
Sobre esas palabras, Amado Carballo, insiste a este periódico que es “falso” y “burdo” y que seguirá defendiendo que el Cabildo de El Hierro quede fuera de esa licitación.
El Cabildo en La Palma (de CC) también pide quedar fuera
Otro de los cabildos que pide quedar fuera de esa licitación es el de La Palma, gobernado por Coalición Canaria. El pasado 29 de octubre la consejera Ángeles Fernández remarcó en un comunicado que lo planteará formalmente en un escrito “solicitando que no se imponga este cambio de modelo allí donde los servicios se están prestando bien y con un alto nivel de calidad y de valoración por parte de los usuarios y usuarias”.
“Entendemos los argumentos del Gobierno de Canarias para externalizar el Servicio y hacerlo más eficiente y consideramos que la medida es muy positiva para aquellas islas donde el actual sistema, que recae enteramente sobre los ayuntamientos, no está funcionando adecuadamente, pero este no es el caso de los ayuntamientos palmeros que prestan de manera satisfactoria tanto este servicio especializado para personas dependientes como el servicio municipal para personas, sobre todo mayores, que necesitan apoyo en las actividades básicas diarias”, apuntó la consejera.
Fernández apuntaba en ese comunicado que confía en llegar a un acuerdo con el Gobierno de Canarias para que no se imponga en La Palma una solución que “no encaja con la realidad del Servicio de Atención a Domicilio y que supondrá una merma en la atención, ya que con la externalización desaparecerían los servicios complementarios como la fisioterapia, la podología o la peluquería, que ahora se están prestando y que aportan salud y calidad de vida a los usuarios y usuarias”.
El Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma defenderá en pleno el próximo lunes “mantener el carácter público del Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas en Situación de Dependencia, ante la intención del Gobierno de Fernando Clavijo de privatizarlo, lo que representaría un deterioro de la atención a los usuarios y de los derechos de los trabajadores que lo prestan”.
Por su parte, el PP de la isla también ha mostrado su preocupación ante “la reciente decisión del Gobierno de Canarias de externalizar el Servicio de Atención a Domicilio dirigido a personas en situación de dependencia en las ocho islas”.
Además, el Grupo de Gobierno de Tijarafe (CC-PP) se ha sumado al Cabildo para pedir que no se externalice el servicio. “Entendemos que el Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión porque quiere mejorar la atención a las personas dependientes en las islas donde este servicio es deficiente, pero no es el caso de La Palma, donde los ayuntamientos prestamos este servicio con eficiencia y, además, incorporamos otros como los de fisioterapia, podología o peluquería que ayudan mucho al bienestar de los usuarios y que de aplicarse en La Palma el modelo que quiere implantar el Gobierno, estos servicios complementarios desaparecerían”, explica la alcaldesa, Yaiza Cáceres en un comunicado.