El Gobierno de Canarias, liderado por el pacto entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ha firmado un convenio de colaboración con la empresa Papagayo Arena S.L., promotora del hotel ilegal Papagayo Arena que Costas acaba de colocar en la zona de protección del litoral tras revisar el deslinde de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza (Lanzarote). El pacto entre ambas partes busca promover la formación del personal de la sociedad mercantil mencionada y de personas desempleadas para su posible incorporación a esta.
El Servicio Canario de Empleo (SCE), el organismo autónomo que actúa en nombre del Ejecutivo regional, pondrá a disposición de la compañía “un fácil acceso a los servicios en materias de intermediación, formación y empleo”. En concreto, desarrollará actuaciones de mediación laboral y asesoramiento, tendrá en cuenta las necesidades del mercado laboral canario para impulsar la adaptación profesional de la plantilla y facilitará la realización de prácticas laborales y no laborales en dicho complejo turístico.
Papagayo Arena S.L., por su parte, se compromete a presentar ofertas de empleo al SCE, adecuar la formación de sus trabajadores y participar, de acuerdo con sus necesidades, en las convocatorias de subvenciones destinadas a la financiación de programas formativos, entre otras cosas.
El convenio no implica aportaciones económicas de ninguna de las partes y entrará en vigor en caso de que el hotel obtenga la preceptiva licencia turística, que tendrá que dirimir próximamente el Ayuntamiento de Yaiza, hasta el 31 de diciembre del año posterior a conseguirla. El acuerdo fue firmado el pasado 2 de agosto y publicado este mismo lunes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Queda enmarcado dentro de la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística del Archipiélago, la polémica norma canaria que multa a propietarios de apartamentos turísticos por residir en ellos.
La rúbrica del convenio llega en un momento de máxima polémica con el hotel Papagayo Arena. Este lunes, el Cabildo de Lanzarote ha iniciado un expediente de autorización turística del complejo, que funciona con normalidad pese a no tener licencia, contar con más plantas y alturas de las permitidas e incumplir retranqueos establecidos para dos parcelas separadas.
''Quien tiene la competencia urbanística para decir si es legalizable o no, si cumple urbanísticamente o no, es el Ayuntamiento de Yaiza únicamente'', ha dicho el consejero de Política Territorial de la Corporación insular, Jesús Machín. “El Cabildo solo examina si cumple con la Ley Turística y eso es lo que se ha hecho, porque nos ha advertido el juzgado que si no lo hacemos, incurriríamos en una prevaricación por omisión''.
A principios de junio, la asociación cívica El sol sale para todos presentó una denuncia contra el Gobierno de Canarias y el Consistorio de Yaiza por no haber restablecido aún la legalidad urbanística infringida por el hotel. El mismo fue construido “sin otra base legal” que el “capricho” de José Francisco Reyes, exalcalde de Yaiza entre 1996 y 2008, según la sentencia del caso Yate, emitida en 2017 y que constató que en Lanzarote se habían concedido 44 licencias ilegales a hoteles, apartamentos y villas.
Además, en julio, la Dirección General de la Costa y el Mar aumentó de 20 a 100 metros la anchura de la denominada servidumbre de protección de tránsito prevista en la Ley de Costas, la franja que debe quedar liberada para el paso público y la circulación de los vehículos de vigilancia y salvamento, en muchos puntos entre Piedra Vieja y Baja Cumplida, entre ellos el de la Playa de Las Coloradas, donde está ubicada la citada edificación turística.
De esta forma, gran parte del Papagayo Arena ha pasado a estar enclavado en la zona de protección del litoral, según Costas, que ha pedido a su delegación en las Islas que inicie las actuaciones pertinentes con el objeto de “rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado”. La promotora del hotel ha alegado que en la franja donde se encuentra ya no hay “nada que proteger” y ha pedido al departamento que rectifique.