La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha destacado la gran sensibilidad de empresarios y sindicatos en la emergencia sanitaria del coronavirus y los ha emplazado, a ellos y a toda la sociedad, a mantener la unidad de acción ante el alto coste económico y social de la crisis.
Las medidas sanitarias son imprescindibles, si bien suponen un coste económico y social “sin precedentes”, y por eso, cuando se venza al virus, debe mantenerse la unidad para “atender a los más vulnerables, proteger a las empresas y el empleo y reactivar la economía”, ha declarado Elena Máñez a la Agencia Efe.
La consejera corroboró que de momento se han tramitado unos 4.000 expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor en Canarias, que permiten “mitigar el impacto social”, proteger el empleo y evitar el cierre de empresas clave mientras dura el estado de alarma.
“Los ERTE son fundamentales, hay un trabajo conjunto con patronales, sindicatos y gobiernos para garantizar la actividad económica y que una vez que finalice el estado de alarma los trabajadores y trabajadoras se reincorporen a sus puestos de trabajo”, manifestó la consejera. Superada la fase sanitaria, habrá una segunda etapa en la que paulatinamente se irá recuperando la normalidad social y económica en la que serán precisas medidas de reactivación para que no haya destrucción de empleo, indicó.
En el caso de Canarias, con un 35% del PIB y un 40% del empleo vinculado al turismo, es posible que la recuperación de la normalidad económica sea más lenta y no sean suficientes los ERTE por fuerza mayor en algunas actividades ligadas a la hostelería. En ese momento debe mantenerse el diálogo entre sindicatos y patronal, con apoyo del Gobierno de Canarias, y seguir con la unidad de acción “porque toda la sociedad queremos lo mismo, recuperarnos lo antes posible”, explicó.
“El diálogo social es clave en este momento de contención y confío en que haya sensibilidad social en sindicatos y sector empresarial para que la recuperación se haga con garantías y con la menor destrucción de empleo”, insistió. El Gobierno y los agentes sociales deben ofrecer la tranquilidad y la garantía de que habrá una respuesta.
Máñez aseguró que el Gobierno autonómico ya está pensando en esa fase de recuperación y en medidas para la reactivación económica, pues Canarias será una de las comunidades más afectadas.
La liquidez de las empresas y de las familias serán fundamentales, y de ahí medidas como los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) acordados por el Gobierno de España o el aplazamiento de la liquidación del IGIC por el Gobierno de Canarias que permiten una inyección de 600 millones de euros en detrimento de la liquidez de la Comunidad Autónoma.
Pero la liquidez de las administraciones también será esencial para hacer frente al impacto social y económico y al gasto sanitario, de ahí la importancia de la flexibilización de las reglas fiscales y que el Estado adelante las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, apuntó Máñez.
En cuanto a la posibilidad de disminuir aún más la actividad económica para evitar mejor la propagación del virus, la consejera señaló que cualquier medida se adoptará en función de criterios sanitarios. Pero defendió también la importancia de mantener algún tipo de actividad económica que garantice las líneas de abastecimiento y el suministro de productos básicos, aplicando las medidas de protección adecuadas a todos los trabajadores.