El Gobierno de Canarias, reunido este lunes en Consejo, ha aprobado la declaración de situación de catástrofe en el sector agrario como consecuencia de los incendios que se produjeron en La Palma en el mes de julio de 2023 y en Tenerife en agosto del mismo año, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Esta declaración posibilita la convocatoria de ayudas en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) dirigidas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes.
En este sentido, se establecen medidas de apoyo para reparar y mitigar en la medida de lo posible las pérdidas y daños sufridos, informa el Ejecutivo en una nota.
La normativa europea determina que para reconocer oficialmente dicha situación se requiere que al menos el 30% del potencial agrícola haya sido destruido.
En el caso de La Palma, el incendio afectó a los municipios de Tijarafe, Puntagorda y Los Llanos de Aridane, causando daños en infraestructuras agrarias y cultivos, especialmente en cítricos, aguacates, almendros, hortalizas para autoconsumo, frutales templados y viñedos, por valor de 678.448,40 euros.
Por otro lado, el incendio forestal de Tenerife, afectó en concreto a Güímar, Arafo, Candelaria, El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, La Orotava y Los Realejos, originando daños principalmente en el cultivo del castaño, así como en frutales templados como manzanos, perales y ciruelos, entre otros.
Asimismo, los daños en infraestructuras agrarias incluyen vallados, tuberías, pequeños cuartos de aperos, corrales, zonas de pastos y colmenares, entre otros, con una valoración estimada de 1.037.740 euros.