El Gobierno de Canarias evitó pronunciarse sobre los derribos llevados a cabo este martes por la Dirección General de Costas de 23 viviendas declaradas ilegales por invadir dominio público marítimo terrestre en la localidad costera de Cho Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria.
“Eso es una decisión de la Dirección General de Costas que es la competente en la materia”, indicó la portavoz del Gobierno canario, Carolina Déniz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias celebrada este martes en la capital tinerfeña.
Déniz estimó que ante esta decisión “no cabe ninguna valoración” que hacer por parte del Ejecutivo canario, ya que remarcó que ésta “es una decisión que se adopta por la autoridad competente y donde no interviene el Gobierno de Canarias”.
Cabe recordar que el Ministerio de Medio Ambiente ha insistido en que la primera referencia sobre actuaciones en esta zona se incluye en el convenio de colaboración entre el Ministerio y el Gobierno canario para actuacionesen infraestructuras de costas, suscrito en febrero de 1998. Este acuerdo recoge la actuación Paseo Marítimo y demolición de Cho Vito, que prevé una inversión de 596.000 euros y fue publicado en el BOC de 4 de marzo de 1998.
Asimismo, el Ministerio indica que para esta actuación,en diciembre de 2003 se redactó el proyecto en el que se contempla la demolición de todas las ocupaciones situadas en dominio público, la ejecución de un paseo marítimo y la recuperación de la playa. El proyecto fue sometido a información pública el 24 de mayo de 2005 y se aprobó definitivamente en noviembre de 2005.
Las demoliciones se han comenzado a realizar este martes después de que la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife levantara este lunes la suspensión cautelar que pesaba sobre los derribos y se reatificara así en la decisión adoptada en el auto judicial emitido el 23 de abril de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Santa Cruz de Tenerife notificando a la Abogacía del Estado la autorización para la entrada y posterior demolición de las 23 viviendas situadas en la playa Cho Vito.