La Graciosa no despega. Un lustro después de haber sido reconocida como la octava isla de Canarias por el simple hecho de estar habitada (en el territorio conviven poco más de 700 residentes, cifra que no ha variado desde el año 2010), este lugar, Reserva de la Biosfera, con playas vírgenes y calles de arena, continúa sin la autonomía de gestión prometida y con los problemas de siempre.
La ínsula, de 29 kilómetros cuadrados, sufre sobrecostes en la adquisición de productos y prestaciones derivados de la triple insularidad, presenta insuficiencia de distintos servicios básicos, como el mantenimiento de las vías, el estado de las instalaciones, la seguridad (apenas cuenta con un policía local muchas jornadas) o la sobredimensión de la flota de vehículos, con más de 300 coches que saturan el espacio.
La resolución de estos asuntos corresponde, en su mayoría, al Ayuntamiento de Teguise, entidad local al norte de Lanzarote de la que depende La Graciosa. Pero era de prever que, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) del año 2018, que la reconoce como una isla y no un islote, como había hecho hasta entonces, la región ganase autonomía y fuera constituida una pedanía capaz de concentrar las preocupaciones de los vecinos y coordinar in situ la toma de decisiones con el resto de las administraciones.
Ese era el escenario ideal. Una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento de Canarias lo pidió en 2014. La Cámara regional “insta al Gobierno autonómico a que colabore con el Cabildo de Lanzarote y con el Ayuntamiento de Teguise para la conformación de una pedanía en la isla de La Graciosa”, reza el texto. El Senado, en 2018, reconoció que dicha demarcación “requiere un tratamiento legal inigualable que sirva al propósito de mejorar la calidad de vida de los gracioseros”. El propio consistorio de Teguise, en un pleno celebrado el 9 de diciembre de 2021, destaca que, al haber concurrencia de competencias entre diferentes instituciones, es necesaria una gestión “singular” para ello.
“Desde un punto de vista organizativo, para un territorio con las particularidades de La Graciosa puede ser muy útil contar con un margen de autonomía”, argumenta Noel Armas Castilla, investigador predoctoral del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla (US), que lleva años estudiando este tema. “El denominado principio de subsidiariedad recomienda que el ejercicio de las competencias se realice por las autoridades más cercanas a la población, así que una hipotética pedanía podría ser interesante para la isla”.
Sin embargo, poco o nada se ha hecho al respecto. Para la consecución de una pedanía en La Graciosa, es obligatorio modificar la Ley 1/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que no permite la creación de nuevos municipios para poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Hace una década, además, el Partido Popular (PP) aprobó otra normativa, la 27/2013, que impide la formación de entidades locales inferiores al municipio. En plata: no hay fórmula legal que autorice la instauración de una estructura organizativa sobre la ínsula en estos momentos. Todo depende de una reforma que no ha llegado y tampoco se prevé que lo haga pronto.
De acuerdo con documentación vista por esta redacción, la instancia realizada por parte del Ayuntamiento de Teguise al Gobierno de España y el Cabildo de Lanzarote para constituir una pedanía en La Graciosa se resume en lo acordado por el mismo consistorio en sesión plenaria en diciembre de 2021. No hay una nueva exposición de motivos ni enumeración de las cuestiones que merecen una mejor conservación y ordenación. Fue enviada en verano de 2022. La alcaldesa del Ayuntamiento, Olivia Duque (CC), confirma que no ha habido novedades sobre ello y que en los pocos meses que lleva en el cargo tampoco ha iniciado trámites para acelerar el asunto.
Por otro lado, el Consejo de la Ciudadanía, creado hace más de una década para “asistir a los poderes públicos municipales en la elaboración de la política y gestión municipal” en La Graciosa, lleva años inactivo, confiesa Duque, porque “se estaba convirtiendo en algo demasiado técnico y no estaban materializándose las demandas” de los vecinos. Este año, también, la isla ha perdido a la que era la concejala delegada en la zona, Alicia Páez. Ella era la encargada de aglutinar las reclamaciones vecinales para posteriormente exponerlas en la corporación local. Ahora, el Ayuntamiento ha adoptado una nueva estrategia que consiste en trasladar cada semana a un edil diferente al lugar, defiende Duque, ya que “una [sola] compañera estaba cargando con el peso de todo y el resto quizá nos desentendíamos un poco”, agrega.
“[Los gracioseros] tienen las mismas herramientas que los residentes del municipio de Teguise y el trato directo, además de la visita de los concejales. Nosotros les atendemos a través del teléfono móvil o cuando estamos allí”, añade la regidora.
La nueva metodología ha sido criticada por la oposición. “Desde hace más de tres décadas existía la figura del concejal delegado para la octava isla. Por tradición, por diferenciación y por mejorar la gestión de los asuntos que afectan a La Graciosa, hemos pedido al actual Gobierno de Teguise que recapacite”, señala Marcos Bergaz, portavoz del PSOE en Teguise y parlamentario regional.
Emese Szelianszky, más conocida como Messi, es vecina de la isla en cuestión. Admite que haber logrado el reconocimiento de La Graciosa como la octava isla del Archipiélago en 2018 fue “un gran logro”, pero “puede ser que haya sido una decepción” a partir de entonces. Considera que el Consejo de la Ciudadanía fue una idea “muy buena”, sin embargo, asegura que “nunca se llevó nada a pleno” y “con lo cual nos fallaron en ese sentido”. Para ella, es necesario “hacer algo” en la isla, aunque sea “desde abajo”, en especial ahora que aún está por aprobar el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, tumbado por la Justicia hace cinco años tras un largo pleito, y que el número de turistas que visitan la isla es cada vez mayor, con cientos de miles cada año. Este mismo curso, de hecho, el colectivo Ecologistas en Acción otorgó una bandera negra a la Playa de La Francesa, en la región, por “masificación turística”.
“Se trata de un espacio natural protegido en el que varias empresas de turismo náutico visitan la bahía en reiteradas ocasiones a lo largo del día para el desembarco de turistas”, describe el documento de la organización ecologista. “Ni la playa ni la isla son lo que eran. El turismo desmedido ha convertido lo que fuera un lugar idílico del Atlántico en una playa cualquiera, abarrotada y ruidosa. Si César Manrique resucitara, preferiría volver a morirse ante tamaña situación”.
Para Messi, es “necesaria” la constitución de una pedanía por problemas como este. Ella cree que así podría haber “coordinación y diálogo con los administradores de la isla”, un presupuesto propio para el territorio, que “por un lado somos un barrio de Teguise, pero también una isla”, y que eso debería abordarse sin cruzar el charco. También asegura que los habitantes de La Graciosa se sienten “huérfanos” en lo relativo a las inversiones locales. “Alcantarillado, vivienda para los jóvenes, limpieza de las vías urbanas…”, enumera Victoriano, también residente de la ínsula.
El concejal del PSOE, Marcos Bergaz, admite que “para alcanzar los retos pendientes, toca tomar decisiones, huir de la inacción que puede llevar a morir de éxito a esta isla única (…) o pasarnos de frenada en temas como la capacidad de carga”, reflexiona Bergaz. Por su parte, la alcaldesa, Olivia Duque, responde que “seguimos hablando de los mismos temas y las mismas cosas” a la pregunta de qué ha supuesto para La Graciosa el nombramiento como octava isla de Canarias, una reivindicación popular histórica.
El investigador Noel Armas remacha que “todo lo que ha pasado hasta nuestros días es un ejemplo de ley manifiesto o ley propaganda. No parece que se haya avanzado realmente en términos de autonomía o autogestión. Incluso parece que se ha retrocedido”. Para el académico, “hace falta una voluntad real del Ayuntamiento de Teguise para impulsar esta tarea [la de constituir una pedanía en la zona] y que ”quienes deben tener la voz cantante son los vecinos de la isla. Son ellos los que deben reivindicar esas cuotas de autogestión o definir el nivel de participación que desean para la gestión de los asuntos de su interés ante las Administraciones de las que dependen“.