La Guardia Civil ha intervenido una fiesta clandestina que se celebraba el 1 de agosto en una finca de Arucas (Gran Canaria) en la que se infringían las medidas para prevenir la transmisión del coronavirus.
En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas relata que en la tarde del pasado 1 de agosto sus agentes y efectivos de la Policía Local aruquense acudieron a la zona alertados por las quejas vecinales del ruido ocasionado en una fiesta multitudinaria que allí se desarrollaba.
Los agentes observaron que no se cumplían con los requisitos de desinfección al no existir en la finca gel desinfectante o hidroalcohólico, ni medidas para evitar aglomeraciones en la zona de acceso a los servicios.
Tras identificar a los organizadores del evento, en total de tramitaron los agentes tramitaron 17 denuncias: diez administrativas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, por la tenencia y consumo de drogas tóxicas y estupefacientes (se intervinieron diferentes cantidades de cocaína, hachís y MDMA); y dos más a los dos organizadores por infracciones a la Ley de Salud Pública.
Asimismo, fue denunciada una infracción por intentar impedir la labor de los agentes, ya que uno de los organizadores, en estado de embriaguez, intentó frenar las funciones de inspección. También se realizaron dos denuncias a los organizadores por carecer del correspondiente pago correspondiente en la Agencia Tributaria y otras dos por infracciones al Real Decreto Ley por incumplir la obligación de declarar el alta de la actividad por organizador de eventos.
En la nota, el instituto armado informa que la intervención fue realizada por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Compañía de la Guardia Civil de Santa María de Guía, la Patrulla Rural de esa unidad y la Policía Local de Arucas.
La Comandancia recuerda que la normativa autonómica dispone que “los organizadores deberán asegurar el cumplimiento de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas determinen”.
“En todo caso se deberá asegurar que se adopten las medidas necesarias para garantizar una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, así como el debido control para evitar las aglomeraciones; y cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”, añade.
Destaca que estas conductas o comportamientos contemplan sanciones que dependiendo de su grado de riesgo para la salud, gravedad de la alteración sanitaria o alarma social producida, grado de intención o reincidencia pueden oscilar hasta los 3.000 euros las leves, 60.000 las graves y 600.00 las muy graves.
La Comandancia subraya que, además, desde el 13 de agosto el Gobierno canario establece con respecto a este tipo de actos el uso de las mascarillas y, con respecto al ocio nocturno, determina que los locales de discotecas y demás establecimientos de ocio nocturno podrán abrir solo los espacios al aire libre, para consumo sentado en mesa, que el aforo de las terrazas será del 75% y no se permitirán las pistas de baile.
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