“Habrá que garantizar la neutralidad”: el Consultivo alerta de los informes privados para construir que permite el Gobierno canario

El Consejo Consultivo de Canarias ha alertado sobre la externalización de informes técnicos que promueve el Gobierno regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en el Archipiélago. 

En un dictamen fechado el pasado 8 de mayo, el órgano advierte de que se trata de una medida “novedosa” que “ha de ser recibida con cautela” dada su posible “afectación de los principios del procedimiento administrativo común” y la necesidad de “asegurar la íntegra defensa del interés general”. 

El informe del Consultivo, preceptivo pero no vinculante, avala el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico que permite a agentes externos (colegios profesionales y entidades urbanísticas) elaborar los informes técnicos de adecuación del proyecto a la legalidad ambiental, territorial y urbanística. El texto indica que la Comunidad Autónoma tiene competencia para regular en esta materia, que su contenido se ajusta a la legalidad y que no afecta a la autonomía municipal. 

La Administración liderada por Fernando Clavijo (CC) ha justificado la medida por “las situaciones de demora” que se vienen dando en los ayuntamientos de las Islas para resolver solicitudes de licencias debido a “la insuficiencia” de recursos personales y materiales. La ley impone un plazo máximo de tres meses para ello, pero el retraso se puede prolongar “años”, ha reconocido el Gobierno. 

Eso ha derivado en que Canarias apenas haya acelerado en la construcción de vivienda, la principal (y cuestionada) medida de la Consejería de Vivienda para combatir la emergencia habitacional. Y proponga ahora una vía de urgencia que, según el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), también se ha autorizado en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas por el PP.

La reforma introducida por el Gobierno canario se limita “exclusivamente” al trámite del informe técnico en el procedimiento de otorgamiento de licencias. El informe jurídico, que también es obligatorio y versa sobre los mismos puntos (adecuación a la legalidad ambiental, territorial y urbanística) seguirá siendo elaborado por la entidad local. 

La Ley del Suelo señalaba que, si había disparidades entre el primer y el segundo informe, el secretario del ayuntamiento realizaría un nuevo escrito para resolverlas. Pero eso ha desaparecido en el nuevo decreto y el Consultivo se lo ha afeado al Ejecutivo: “Su intervención en un supuesto como el descrito en el texto suprimido parece necesario y legalmente exigible”, destaca. 

Pero volviendo al informe técnico, el que podrá ser externalizado, el órgano recuerda que se trata de una figura que puede tener “eventual alcance” respecto a la resolución de la solicitud de licencia. Es un documento que se pronuncia sobre “cuestiones de técnica constructiva o edificatoria” del proyecto y que no se trata de un “mero instrumento de asesoramiento”. 

El Consultivo, de hecho, sostiene que “su capacidad de inducir o condicionar la resolución final no se debe descartar” e insiste en su importancia citando análisis de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (JCCPE), que ha reseñado en alguno de ellos que los informes técnicos son “trascendentales para alcanzar propuestas de resolución” y son tareas que “se conectan claramente con actuaciones” vinculadas al “ejercicio de potestades públicas”. 

El Gobierno autonómico ha defendido que las entidades colaboradoras actuarán “con imparcialidad, confidencialidad e independencia”. Pero en su dictamen, el Consultivo advierte que la administración “habrá de garantizar la neutralidad” de dichos escritos, que pueden ser presentados por el propio promotor de la iniciativa, sin que ello “desautorice la externalización de estas facultades técnicas ni sea contrario a los intereses públicos”. 

El órgano también concluye que la ley reguladora de las bases del régimen local ni ninguna otra normativa formulan una reserva “concreta y explícita” para que este tipo de tareas sean realizadas solo por funcionarios. Del mismo modo, reprocha que el Ejecutivo no haya recabado el informe del Consejo Municipal de Canarias pese a que el decreto afecta directamente a los ayuntamientos de las Islas. 

La norma “pone en grave riesgo la gestión de suelo”

La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández considera que el decreto busca favorecer la especulación en las Islas utilizando como pretexto la crisis habitacional. “Es lo más triste y patético que he visto desde hace décadas”, ha dicho. 

Hernández ha acusado al Gobierno regional de “jugar al monopoly” con Canarias y dejar en manos del sector privado las licencias de obra, lo que “pone en grave riesgo la gestión del suelo”. “Si el retraso en la emisión de licencias es razón suficiente para privatizar, ¿por qué no privatizamos la dependencia y la discapacidad y nos ahorramos el sueldo de la consejera, que tarda dos años en emitir informes?”, se ha preguntado. 

La diputada del PSOE Patricia Hernández ha ahondado en la misma línea: “Va de otra cosa, de los siempre. De quienes no están preocupados por acceder a una vivienda, de los que tienen chalés con piscina y se pueden pagar el informe de un arquitecto privado. Es mentira que sea para las viviendas, porque para el Siam Park de Gran Canaria también es”, ha resumido Hernández. 

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), Pedro Costeras, también es crítico con la norma. “Claramente ultraliberal el Gobierno de Canarias, privatizando y externalizando funciones que van a afectar el urbanismo”, aseguró en unas declaraciones recogidas por la televisión canaria. 

La patronal de la construcción, por su parte, no ha tardado en celebrar la medida. “El decreto no interfiere en las competencias municipales y no se arroga competencias públicas”, señaló María Salud Gil, representante de la Asociación de la Construcción y Promoción de Las Palmas, también a RTVC.