Julio Bornia Bordón, el hermano del narcotraficante al que supuestamente ayudó el ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, ha negado este miércoles haber mantenido negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos con el magistrado, en relación a la vista que se celebró el pasado 28 de julio de 2005 sobre la situación de Rafael Bornia Cordón, quien se encontraba en prisión por un delito de narcotráfico.
De esta manera, en calidad de testigo, indicó durante la continuación del juicio que comenzó este martes en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que conoció al otro imputado en la causa, el empresario Wilebaldo Luis Yanes, tres o cuatro meses antes de la cena, donde reconoció estar, junto a los dos imputados y un amigo de Martín en el restaurante La Fonda, en Tafira, el 5 de mayo de 2005. Respecto a este encuentro, señaló que acudió con la intención de tratar el tema de su hermano -Rafael Bornia- aunque aclaró que nunca se llegó a hablar de ello.
También explicó que fue, junto a Luis Yanes, hasta el lugar de residencia de Martín el 30 de mayo de 2005, aunque especificó que él se quedó en el portal mientras que el magistrado y el empresario subieron al domicilio. Asimismo, declaró que el ex presidente de la Audiencia Provincial se “enfadó” al ver que había ido hasta su casa y reiteró que en esta ocasión tampoco habló de la situación de su hermano.
Bornia manifestó también que su “única” intención en este asunto era que Martín leyera el sumario del caso. “Que se leyera el sumario, es lo que pretendía yo, que se lo leyera”, dijo durante su declaración mientras apuntó que “nunca” pretendió la libertad de su hermano.
En este sentido, señaló que su interés en contactar personalmente con el ex presidente de la Audiencia estaba motivado en que no se “fiaba de la cosas de Wilebaldo”. “Las cosas del señor Wilebaldo no me aportaban nada”, añadió en relación a que no notó ningún avance en sus intenciones -las de que Martín se leyera el sumario, según afirmó durante el juicio- mediante la intervención de Luis Yanes y negó que existiera algún tipo de interés económico en el el asunto.
No se ocultaron durante la cena
Por otra parte, el médico y amigo de Martín, José María Brito Pérez, dijo que durante la cena del 5 de mayo de 2005 en el restaurante La Fonda no se escondieron y que se situaron en la sala de no fumadores (con capacidad para 4 mesas). En este sentido, apuntó que no se habló de ningún tema judicial y que hablaron de la isla de La Palma, puesto que hacía mucho tiempo que no iban.
El dueño del restaurante La Fonda, explicó que la sala de no fumadores no está dividida por un biombo que proporcione intimidad a los comensales, sino que en ocasiones, cuando se ocupan las 4 mesas de la habitación, lo colocan para que no se moleste a los demás clientes.
Enunció también que ese día no hubo ningún biombo y señaló que las 4 personas que acudieron a ese cena estaban solos en la sala, aclarando que lo estaban porque no habían llegado más clientes y que si ésto hubiera pasado los habría colocado en las mesas colindantes.
“Ponle un millón”
El magistrado José Luis Goizueta, que formó parte del tribunal el pasado 28 de julio de 2005, indicó que Martín le planteó (una vez finalizada la vista y mientras se dirigían a su despacho) que le pusieran a Rafael Bornia una fianza de 1 millón de Euros con las palabras “ponle un millón”. Así, los jueces entraron a deliberar y apuntó a que éste hecho, que en un caso como este suele durar unos minutos, duró más de lo normal.
Goizueta declaró que le sorprendió que Martín hablara entonces de la prescripción del delito, puesto que según él, ese asunto ya había quedado zanjado meses antes. Así, comentó que había escuchado, durante los primeros meses de 2005, el rumor de que existía un juez que tenía algún tipo de interés en algún asunto, aclarando que nunca volvió a escuchar esas afirmaciones y que no supo el nombre del magistrado.
Además, el otro magistrado que conformó el tribunal ese día, Emilio Moya, manifestó que tanto él como Goizueta tenían “claro” durante la deliberación que la libertad por fianza “no procedía” y expuso que durante la misma, las dos partes -Moya y Goizueta por un lado y Martín por otro- intentaban convencerse mutuamente.
El juez también confirmó que Martín asumió el criterio de la mayoría y aceptó la decisión de los otros dos magistrados e indicó que durante la deliberación hubo momentos donde se alzó la voz al no estar de acuerdo con las posturas que se defendían.
El abogado de Julio Bornia (desde 2002) y de Rafael Bornia (desde 2003), Juan Ignacio Ortíz, declaró -en relación a la grabación donde se escucha a Martín decirle a Luis Yanes que no se “enrollara” y que fuera “clarito”- que en sus 40 años de profesión nadie le había hecho ninguna recomendación de ese tipo y dijo que el ex presidente de la Audiencia de Las Palmas había sido el que, como magistrado, “peor” le había tratado.
Finalmente, el fiscal antidroga, Javier García Cabañas, afirmó que el titular del Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria le dijo que existían unas escuchas donde aparecía Martín, unas palabras ante lo cual Cabañas preguntó que si estaba relacionado con drogas (para ver si era de su competencia).
En este sentido, el fiscal informó a sus superiores jerárquicos inmediatos de que el que por entonces era presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas estaba, supuestamente, manteniendo contactos con Julio Bornia. Así, manifestó que acudió al juicio del 28 de julio de 2005 con “confianza” en la integridad de los 3 magistrados de la Sala.