Jóvenes hipotecados denuncian ante la Fiscalía irregularidades en las ayudas
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca Joven Canaria ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Las Palmas presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones que el Gobierno regional prometió a quienes suscribieron su contrato en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012. Para el colectivo, los responsables de estas concesiones han podido incurrir en los delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa procesal.
Miles de jóvenes canarios firmaron durante el mencionado trienio sus hipotecas bajo el paraguas del Gobierno regional, que además les ofrecía una ayuda que podía llegar hasta los 12.000 euros. Sin embargo, este gancho estaba sujeto a disponibilidad presupuestaria, según figuraba en la letra pequeña de los contratos. Ese ha sido, precisamente, el argumento que ha esgrimido Vivienda para desestimar las solicitudes –en algunas ocasiones por silencio administrativo- y para defenderse en los pleitos que se han iniciado a raíz de las denegaciones.
Tras varias resoluciones en contra por no acreditar la inexistencia de crédito presupuestario, la Consejería logró cambiar el sentido de los pronunciamientos judiciales al incorporar a los procesos un certificado del jefe de servicio de Promoción Privada que concluía que en el momento de tramitar las solicitudes de ayuda no quedaban fondos en la partida consignada a tal efecto. En relación al año 2011, este certificado sentenciaba que en agosto se abonó el último expediente al quedar reducida la disponibilidad presupuestaria a 325 euros.
Sin embargo, los afectados no se conformaron con las explicaciones de la administración y solicitaron documentación complementaria que, una vez incorporada a los procedimientos y según la plataforma, “ha puesto en entredicho lo plasmado tanto en el certificado aportado por el Instituto Canario de Vivienda (ICV) como la gran parte de las resoluciones dictadas”.
Los denunciantes hacen referencia en su escrito a un documento emitido por Sefcan, el programa de contabilidad utilizado en la comunidad autónoma, en el que figura en la partida destinada al Programa de Acceso a la Vivienda un crédito inicial de 4 millones de euros y obligaciones reconocidas por valor de 3.513.000 euros, por lo que a final de 2011 habría un sobrante de 487.000 euros, lejos de los 325 euros que reconoce la Administración.
Los afectados por la Hipoteca Joven señalan que estos 325 euros a los que se refiere Vivienda en distintos procesos contenciosos corresponden a la ejecución provisional del presupuesto en agosto, pero no a la definitiva al término del ejercicio presupuestario.
Por otro lado, inciden en que, al finalizar 2011, el ICV tenía disponibles 4,41 millones de euros, una cantidad que, a su entender, “se podría haber empleado para pagar las ayudas a la hipoteca joven”. “Nada impedía esta actuación”, sostienen en la denuncia y explican, a modo de ejemplo, que a un programa para el pago a empresas privadas se le dotó de un crédito de 50.000 euros y se acabó abonando, tal y como recoge el cuadro de ejecución presupuestaria, 6,11 millones.
“Habiendo presupuesto, no nos aventuramos a pensar cuál es el motivo por el cual el ICV no ha dicho la verdad”, aseveran.
Por todo ello, los denunciantes concluyen que los certificados aportados a los juicios y las resoluciones desestimatorias tienen “datos inciertos y que faltan a la verdad en la narración de los hechos a sabiendas de su injusticia y el perjuicio que ocasionan de manera reiterada”. Además, entienden que los responsables de Vivienda han podido cometer una estafa procesal “al inducir en los jueces una percepción errónea de lo ocurrido y que les ha llevado a fallar”.
Fuentes de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias han asegurado a este periódico que los jóvenes hipotecados han hecho una interpretación “errónea” de la documentación aportada a través del Sefcan. El Ejecutivo insiste en que en ese momento no existía disponibilidad presupuestaria y ha recordado que las ayudas que no recibieron en su momento se pagarán ahora tras la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado 30 de julio. La cuantía prevista para estas subvenciones en 2014 es de 2,9 millones de euros. “La resolución está a punto de salir”, informan desde Vivienda.
