Canarias vivió el fin de semana del 21 al 23 de febrero el peor episodio de calima de los últimos cuarenta años. Los cielos de las Islas se tiñeron de ocre y el ambiente se tornó irrespirable. La falta de visibilidad provocada por el polvo en suspensión procedente del Sáhara obligó a cerrar durante 42 horas todos los aeropuertos del Archipiélago y las autoridades sanitarias aconsejaron a la población no salir de sus domicilios, en especial a las personas con problemas respiratorios. En esas fechas se celebraban además las fiestas más concurridas en esta comunidad autónoma, los populares carnavales, que fueron suspendidos en todas las islas a excepción de Tenerife.
Paradójicamente, esta inclemencia meteorológica pudo contribuir a contener en Canarias otro problema de salud pública que por aquellas fechas no se percibía aún como tal. Al menos, no en la magnitud con la que se ha acabado manifestando. Un estudio que firman, entre otros, varios de los miembros de comité científico asesor del Gobierno de Canarias durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 (Lluís Serra-Majem, Antonio Sierra y Beatriz González López-Valcárcel) apunta que el encierro de la población durante esos días tras la declaración de la alerta por el episodio de calima jugó un papel clave en el control temprano de la epidemia de coronavirus en el Archipiélago, la región española que ha presentado una menor afección de la enfermedad en relación con su población, con 106 casos por cada 100.000 habitantes.
El trabajo refuerza además la hipótesis de que la celebración del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife el domingo 23 de febrero influyó en la notable diferencia en términos de incidencia de la COVID-19 entre Tenerife y Gran Canaria. La investigación señala que este evento, que congregó a decenas de miles de ciudadanos en las calles de la capital de la isla picuda, representó “una forma de propagación” de la enfermedad, especialmente entre los jóvenes, que tienen más probabilidades de presentar síntomas leves de infección o de ser asintomáticos. Este colectivo pudo haber contribuido “a la difusión rápida y temprana” del virus en Tenerife, isla que, con 917.841 habitantes, concentra al 43% de la población canaria y más del 60% de los casos diagnosticados (1.464 de 2.365). En Gran Canaria, donde residen 851.231 personas (el 40% del Archipiélago), los positivos no han llegado a los 600, aproximadamente un 25% del total.
Uno de los autores de este artículo ha precisado a Canarias Ahora que se trata de un estudio que aún no ha sido publicado por la revista científica a la que se ha enviado, International Journal of Environment Research and Public Health (Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública), cuyos editores deberán ahora revisarla, por lo que puede estar sujeto a modificaciones. Su contenido, en cualquier caso, ha sido consensuado y trata de responder desde la perspectiva medioambiental a uno de los hechos sobre la evolución de la epidemia que más ha sorprendido en Canarias, la desigual afección de la enfermedad entre Tenerife y Gran Canaria, dadas las similares características de ambas islas en cuanto a población y movilidad.
La alerta por el episodio de calima se activó a las 16.00 horas del sábado 22 de febrero con el cierre de los ocho aeropuertos canarios, una situación que afectó a más de 800 vuelos. Ese día se registraron vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el Archipiélago. Las islas más afectadas fueron las de la provincia oriental (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura). Según los medidores de calidad del aire, en Las Palmas de Gran Canaria las partículas en suspensión con un diámetro inferior a las diez micras (las más peligrosas porque pueden entrar en el torrente sanguíneo a través de los alvéolos de los pulmones) alcanzaron una concentración de 416 nanogramos por metro cúbico cuando el límite diario para la protección de la salud humana está fijado en 50. En Santa Cruz de Tenerife, la densidad era casi tres veces menor (151). Un día después, el domingo 23 de febrero, la contaminación por el polvo en suspensión se disparó en la capital grancanaria hasta los 1.283 nanogramos por metro cúbico y en la tinerfeña, se dobló hasta los 323. La alerta se mantuvo hasta el día 24 y la calima remitió definitivamente el 25.
El estudio remarca que los efectos sobre la salud de esas concentraciones de partículas en suspensión están bien documentados. A corto plazo (horas o días), afectan a la morbilidad (cantidad de personas que enferman en un lugar y en un momento determinado en relación con la población) respiratoria y cardiovascular, agravan el asma, los síntomas respiratorios e incrementan los ingresos hospitalarios. A largo plazo (meses, años), aumentan la mortalidad por patologías cardiovasculares, las enfermedades respiratorias y el cáncer de pulmón.
La alerta por vientos y calima llevó a suspender los actos programados de las carnestolendas de Las Palmas de Gran Canaria la noche del 22 de febrero. En Santa Cruz de Tenerife se mantuvo el Carnaval de Día el domingo 23, un acontecimiento para el que, según las autoridades locales, entraron en la capital más de 55.000 vehículos. El estudio sostiene que, hasta el 1 de marzo, una semana después de este episodio meteorológico adverso, la incidencia de la COVID-19 en Gran Canaria y Tenerife era prácticamente igual. Transcurrido este periodo, y por lo tanto, el periodo medio de incubación de la enfermedad tras los actos festivos en la capital tinerfeña, la diferencia de casos diagnosticados entre las dos islas aumentó de forma significativa hasta el 14 de marzo, la fecha en la que se decretó el estado de alarma en España por la propagación del virus y se fijaron las restricciones de movilidad. A partir de ahí, la tendencia volvió a cambiar. Primero, se estabilizó la distancia entre ambos territorios, dejó de aumentar. Posteriormente, se redujo.
El estudio analiza la incidencia acumulada de la enfermedad hasta el 1 de abril, fecha en la que en Tenerife se alcanzaban los 108,7 casos por cada 100.000 habitantes y en Gran Canaria, los 44,1, y observa también como otra de las causas que contribuyó a frenar la propagación de la enfermedad en la isla redonda fue la suspensión de los carnavales de Maspalomas, ya el 12 de marzo, días antes de la declaración del estado de alarma.
Para los investigadores, las medidas de confinamiento adoptadas tras el 14 de marzo redujeron “sustancialmente” la difusión de la COVID-19 en las Islas. Los autores de este artículo hacen referencia, además, a otro estudio que sitúa la movilidad como la principal variable para explicar la propagación del virus en España tras detectar, a partir de los microdatos obtenidos sobre 13 millones de teléfonos móviles, que los territorios con mayor conectividad con Madrid han sido también los que han resultados más afectados.
En el estudio han participado científicos del Instituto de Investigación Biomédica y de Ciencias de la Salud y el departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), del departamento de Ciencias Clínicas y de la Comunidad de la Universidad de Milán, del grupo de estudio y análisis de la COVID-19 en Canarias, de la Fundación de Investigación en Nutrición de la Universidad de Barcelona, del Instituto de Salud Carlos III, del servicio de Admisión y Documentación Clínica del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, del departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y Microbiología de la Universidad de La Laguna (ULL) y del área de Medicina Preventiva del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria.
Sus autores son Laura Tomaino, Lourdes Ribas, Jaime Pinilla, Silvia Rodríguez, Beatriz González, Patricia Barber, Antonio Sierra, Carlo La Vecchia y Lluís Serra.
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