La superficie construida del hospital público Doctor Negrín de Gran Canaria supera los 220.000 metros cuadrados. Sus tres bloques principales y ocho niveles albergan más de 700 camas. Del mantenimiento de estas instalaciones, así como de sus zonas verdes, locales comerciales y aparcamientos, se encargan 76 trabajadores. El servicio está externalizado. Desde el 1 de septiembre de 2023, hace ya más de un año, lo asume la empresa Plaza Sistemas en virtud de un contrato menor que, en principio, tenía un plazo de duración de un solo día y un importe de 9.656.05 euros (impuestos incluidos).
La ley estipula que los contratos menores de servicios no se pueden prorrogar ni superar el año de duración ni los 15.000 euros de importe. Con el coste diario fijado en el contrato, el gasto en estos doce meses superaría los tres millones y medio de euros. Plaza Sistemas no concurrió a un concurso. Recibió una invitación directa para presentar una oferta después de que la Consejería de Sanidad resolviera el contrato con la anterior adjudicataria, Ingemont Tecnologías, que había dejado de pagar a su plantilla y de cubrir las sustituciones.
A pesar del tiempo transcurrido desde la resolución del contrato con Ingemont, aún no se han publicado las bases del nuevo concurso. Desde la gerencia del Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria informaron a este periódico a finales de julio que se estaba trabajando en “ultimar su publicación”. Las mismas fuentes explican que Plaza Sistemas se hizo cargo “de forma temporal” de un servicio que está funcionando “con normalidad” y que la prioridad del centro hospitalario ha sido “proteger a los trabajadores y a sus familias, manteniendo además el servicio acorde a las necesidades de los pacientes”, evitando dar más detalles sobre un expediente que se tramitó en menos de un mes en pleno cambio de gobierno en Canarias (julio-agosto de 2023) tras la salida del cuatripartito progresista (conformado por el PSOE, NC, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera) y la llegada de CC y el PP.
El contrato menor de un día se formalizó el 11 de agosto del año pasado. Está firmado por el neumólogo y exdiputado del PP Miguel Ángel Ponce, que había tomado posesión como gerente del hospital apenas diez días antes, y por Fernando Sánchez, director general de Plaza Sistemas. Tanto este empresario como Ioan Fatu, director de desarrollo de negocios de la contratista, habían estado ligados a la anterior adjudicataria, Ingemont Tecnologías.
Dos meses antes de la firma de este contrato menor, la jefa de servicio de mantenimiento del hospital público grancanario había emitido un informe en que alertaba de los incumplimientos de Ingemont, la empresa que prestaba el servicio desde octubre de 2021 tras ganar un concurso al que se presentaron otras tres mercantiles (Eulen, Ferrovial Servicios y Tecnocontrol). El importe de aquella adjudicación fue de cerca de 6,5 millones de euros y el plazo de duración del contrato era de 36 meses.
En ese informe, fechado el 13 de junio de 2023, la jefa de servicio advertía de que la empresa no estaba cubriendo las sustituciones y llevaba meses sin pagar los salarios a sus trabajadores. La falta de personal en los turnos estaba condicionado “el desarrollo de las tareas sanitarias y la seguridad de los pacientes y usuarios”, dado que el mantenimiento no se estaba realizando “en la amplitud” necesaria para “dar una continuidad de servicio y durabilidad de las instalaciones”. Ello suponía un “incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales”. Una semana después de este informe, el consejero de Sanidad en funciones, el socialista Blas Trujillo, inició la resolución de ese contrato.
Fuentes expertas en contratación pública consultadas por este periódico explican que la ley no incorpora una previsión específica sobre el modo de actuar cuando se resuelve un contrato de estas características, pero inciden en que lo habitual es que se invite a varias empresas a prestar el servicio de forma temporal, normalmente a las que concurrieron al anterior concurso, y agilizar los trámites para publicar las bases del nuevo.
Según documentación a la que ha tenido acceso este medio, la responsable de la unidad de contratación administrativa del Negrín invitó el 28 de julio de 2023 a Plaza Sistemas a presentar una oferta en cinco días para hacerse con el servicio de mantenimiento. La empresa solicitó una ampliación de ese plazo que le fue concedida y tan sólo unos días después recibió la confirmación de que había sido la elegida. De las empresas que habían concurrido al concurso de 2021, sólo Eulen ha confirmado haber recibido también invitación.
La fórmula elegida por el hospital fue el contrato menor con una duración de un día y un importe de algo más de 9.000 euros. Sólo en personal, el coste diario es de 5.700 euros. El umbral de los contratos menores de servicios es de 15.000 euros. Por lo tanto, en tan sólo dos días de servicio se supera esa cantidad, lo que obligaba a recurrir a otros procedimientos, como el negociado sin publicidad, que exige invitar a tres empresas y que es el que se utilizó para adjudicar el servicio de mantenimiento un año antes a la misma empresa en el Hospital General de La Palma por cerca de medio millón de euros.
Los contratos menores de servicios no se pueden prorrogar. Tampoco pueden durar más de un año. Sin embargo, tan sólo dos días antes de que Plaza Sistemas asumiera el servicio de mantenimiento del Negrín, el gerente del hospital dictó una nueva resolución que modificaba una cláusula del contrato para añadir una coletilla que permitiese mantenerlo hasta que se celebrase un concurso cuyas bases siguen sin ser publicadas. “El plazo de duración del contrato es desde el 01.09.23 hasta el 01.09.23 y, en cualquier caso, hasta la formalización del expediente que con el mismo objeto del contrato se encuentra actualmente en fase de preparación, no pudiendo ser prorrogado”, recoge esa modificación a la que este periódico ha tenido acceso tras una solicitud al Portal de Transparencia.
Las fuentes consultadas explican que en estos casos opera la denominada doctrina del enriquecimiento injusto. La administración sigue pagando a la empresa pese a las anomalías en la contratación porque está prestando de forma efectiva el servicio.
Despido disciplinario
En la adjudicación del contrato de mantenimiento a Ingemont, en octubre de 2021, desempeñó un papel crucial el empresario Ioan Fatu, un ingeniero naval rumano que lleva más de treinta años en España, que también es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y que desde junio de 2020 hasta febrero de 2022 fue delegado de Ingemont en Canarias y director de su división hospitalaria. Era la persona encargada del contacto con las administraciones públicas.
Fatu fue despedido de Ingemont a principios de 2022. En una reciente sentencia, el Supremo confirma que se trató de un despido procedente por motivos disciplinarios. La empresa le atribuyó la responsabilidad en una desviación superior al 60% en el margen bruto de explotación de las obras adjudicadas a Ingemont. El fallo señala que los datos facilitados por Fatu como responsable de la sociedad en Canarias y único apoderado en los contratos públicos “distaban de la realidad”, por lo que había incumplido uno de sus principales cometidos, velar por la corrección de las cuentas, y había comprometido el patrimonio de la empresa y conculcado “los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad”.
Durante esa etapa, la dirección del Hospital Negrín llegó a sancionar con 61.000 euros a la adjudicataria por un “incumplimiento parcial” del contrato, al no haber entregado en el plazo estipulado una documentación que le había requerido sobre legionella.
En febrero de 2022, unos días después de su salida de Ingemont, Fatu se incorporó a Plaza Sistemas, la actual adjudicataria del contrato de mantenimiento del Negrín. El mismo camino había emprendido tan sólo dos meses antes Fernando Sánchez. Este empresario sevillano había sido nombrado director de producción de Ingemont en Canarias en marzo de 2017 y director de desarrollo de negocios del grupo en mayo de 2020. Su fichaje por el grupo Plaza se produjo en diciembre de 2021. Ese mismo mes fue designado apoderado solidario de Ingemont. Con potestad, por tanto, para representar legalmente en transacciones comerciales, firma de contratos y otros acuerdos a la empresa que dos meses antes había sido adjudicataria del servicio de mantenimiento del Negrín.
En los registros comerciales, Sánchez ha seguido figurando como apoderado solidario de Ingemont, la anterior adjudicataria, hasta la reciente disolución de la empresa, que entró en concurso de acreedores en 2023. No consta la revocación de este cargo en los boletines oficiales. En declaraciones a este periódico, el empresario niega que siguiera vinculado a esa empresa tras su incorporación a Plaza Sistemas y, por tanto, en las fechas en que se produjeron los impagos a los trabajadores. También niega haber tenido con anterioridad alguna relación con el contrato de mantenimiento del Negrín. Afirma que tenía otras responsabilidades dentro de Ingemont vinculadas a las obras.
Por su parte, Fatu ha señalado que las condiciones por las que Plaza Sistema presta los servicios de mantenimiento en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria y el General de La Palma, así como la duración del contrato, fueron establecidas por la administración y, en síntesis, consistían en prestar el servicio “en condiciones análogas y con el mismo número de personal como se estaba llevando a cabo hasta ese momento”. No había condición, añade, de asumir las deudas del anterior adjudicatario. El empresario asegura que Plaza Sistemas se limitó a presentar las ofertas y documentación solicitadas tras recibir invitación.
La documentación sobre esas adjudicaciones no figura en los portales de contratación pública.