Los servicios de prevención del Hospital de La Candelaria, en la isla de Tenerife, mantienen bloqueados en sus almacenes más de seis millones de productos de protección frente a la Covid-19 porque no eran aptos para la finalidad para la que se adquirieron. Así lo pone de manifiesto la Audiencia de Cuentas en un proyecto de informe (aún puede recibir alegaciones) en el que analiza los efectos de la pandemia en los presupuestos y la contratación en la comunidad autónoma durante 2020, desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.
El material al que hace referencia el informe de la Audiencia de Cuentas incluye tanto el proporcionado de manera gratuita a la sanidad canaria como el “oneroso”, el que ocasionó un gasto a las arcas públicas. El órgano fiscalizador se propuso analizar el material bloqueado en dos de los cuatro grandes hospitales del Archipiélago: La Candelaria, en Tenerife, y el Hospital Insular Materno Infantil, en Gran Canaria. Sin embargo, a pesar de haber solicitado la remisión de los datos tanto a la jefa de contratación de este segundo complejo como a su director de gestión y a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS), esa información no ha sido proporcionada, lo que “ha imposibilitado que se puedan realizar las oportunas verificaciones y emitir un pronunciamiento al respecto”, recoge el documento.
Fuentes oficiosas sanitarias han confirmado a este periódico que en otros hospitales de las Islas también hay material almacenado de esa época por no superar los filtros de calidad, aunque se desconoce su número. En el caso de La Candelaria son, en concreto, 6.617.895 las unidades que los servicios de prevención sacaron de circulación por no cumplir con los mínimos exigidos. La mayor parte del material bloqueado son guantes (3,98 millones de unidades) y mascarillas (2,27 millones), aunque también hay geles antisépticos, pantallas faciales, monos o escobillones.
Según la información recogida en el proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas, son seis las partidas de guantes que fueron bloqueadas por los servicios de prevención. En una de ellas, con el concepto “guantes de nitrilo ambidiestro sin polvo tallas mediana y grande”, llegaron 1,92 millones de unidades. En otra, 1,64 millones. También consta un cargamento con 1,23 millones de mascarillas FFP2. El órgano fiscalizador de la comunidad autónoma cifra en 2,1 millones de euros el valor estimado de las existencias almacenadas en el Hospital de La Candelaria por no ser aptas para su consumo en este entorno.
La Audiencia de Cuentas recalca en este informe que las “excepcionales condiciones” que se dan en la tramitación de emergencia, la vía a la que acudieron los gestores sanitarios para agilizar la llegada de material de protección en un contexto de escasez en los mercados internacionales durante la fase inicial de la pandemia, no son incompatibles con las labores de comprobación. En caso contrario, “se incrementa el riesgo de que los productos adquiridos no cumplan los requisitos de calidad exigidos y puedan cumplir la finalidad que se pretende alcanzar”, señala.
Los auditores advierten, por otra parte, de que los informes de los distintos servicios de prevención “no guardan la debida homogeneidad” y no se pronuncian “con determinación” sobre la aptitud o no del material sanitario sometido a su valoración, lo que, a juicio de esta entidad, denota “una falta de coherencia en el sistema”. De hecho, en las recomendaciones que figuran en la parte final del documento, la Audiencia de Cuentas aboga por “dotar de mayor celeridad la labor de los servicios de prevención y homogeneizar” sus criterios. Se recomienda que la dirección del SCS establezca “un modelo normalizado de informe” en el que, además de los resultados del estudio realizado en relación con las características técnicas de los productos, se recoja el “pronunciamiento expreso” sobre la aptitud de la mercancía.
De 0,35 a 7,5 euros la unidad
El informe también se detiene en los costes de los suministros. Destaca el contexto en el que se producen estas compras, con un aumento exponencial de la demanda mundial y una escasez de productos “imprescindibles” para prevenir o combatir los efectos causados en la salud de la población por la Covid-19. Esta situación derivó, en ocasiones, en que la calidad del material sanitario “fuese inferior a la requerida habitualmente”, como demuestra la mercancía bloqueada en La Candelaria, o que los precios “fuesen muy superiores a los del mercado en condiciones normales”, apunta ese documento, aún no definitivo.
La Audiencia de Cuentas analizó los precios de compra de cuatro productos de protección adquiridos de forma recurrente. Durante los dos primeros meses de la pandemia, el SCS pagó las mascarillas quirúrgicas a importes que oscilaron entre 0,49 y 1,5 euros. Las diferencias se hacen más notorias en el caso de las FFP2. En abril abonaron a un proveedor 7,5 euros por unidad (por una partida de 26.900) y 2,79 a otra (por 38.000) con apenas dos días de diferencia. En julio, los costes variaron de 0,35 (por 50.000) a 3,21 (por 49.900), por ejemplo.
Esa disparidad también se hace palpable en las mascarillas N95 o KN95. Los precios de adquisición se movieron entre los 7,5 euros por unidad (en abril) a los 0,35 (en abril), aunque esos saltos también se evidencian en fechas próximas entre sí. En cuanto a la solución antiséptica de manos, el SCS pagó a finales de abril 2,35 euros a un proveedor por 500 mililitros de este producto y, menos de quince días después, 11,5 euros a otro. Para la Audiencia de Cuentas, en cualquier caso, “no es factible” la valoración de la eficiencia en el gasto durante esta crisis sanitaria, ya que el mercado estaba “distorsionado de tiempos, precios y productos”.
Nueva defensa en el Parlamento
Como ya hiciera el pasado viernes en comisión, el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo, ha vuelto a defender la actuación de los responsables del SCS en el polémico contrato de cuatro millones de euros suscrito con la empresa RR7 United S.L. para la adquisición de un millón de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales de las Islas.
La Audiencia de Cuentas reprocha en su informe a la administración autonómica que no solicitara a las empresas adjudicatarias, entre ellas la de este contrato (dedicada a la compreventa de vehículos y con un capital de 3.000 euros), la documentación necesaria para acreditar que cumplían con los requisitos de capacidad técnica y solvencia económica, así como que su actividad estaba vinculada al objeto de la compra, al material sanitario. El órgano fiscalizador ve en esta actuación indicios de responsabilidad contable, cuestión sobre la que, en cualquier caso, deberá pronunciarse el Tribunal de Cuentas, que es el competente para enjuiciar asuntos de este calado.
Con respecto al documento de la Audiencia de Cuentas, Trujillo ha remarcado que se trata de un proyecto de informe y que, por tanto, está sujeto a las alegaciones que pueda presentar el Gobierno de Canarias.
Además, ha señalado de nuevo que la Consejería de Sanidad priorizó la capacidad de las empresas para poder importar el material sobre la experiencia en el sector concreto dentro de un contexto en el que el Archipiélago tenía que competir con todo el mundo y ha defendido que el Real Decreto 7/2020 de medidas urgentes para responder al impacto económico de la Covid-19, aprobado por el Gobierno de España el 12 de marzo de 2020, les permitía contratar sin las garantías exigidas con carácter general, una posición que el proyecto de informe de la Audiencia de Cuentas contradice.