Hace un mes, este lunes, desde que se declaró un incendio en el pinar de Pajonales, en Gran Canaria. Han pasado 30 días desde el incendio más importante de la historia de la isla, un fuego de dimensiones colosales que ha hecho que la declaración de extinción total del mismo no llegase hasta pasadas las 672 horas desde su primera brasa, 23 días después de declararse bajo control.
A un mes del incendio, aún se sigue haciendo balance de los daños, y las instituciones tienen en marcha su maquinaria para hacer llegar a los afectados las ayudas prometidas. Y es que el incendio que asoló Gran Canaria durante 28 días, cinco de los cuales fuera de control, se ha convertido en el más virulento y largo de toda la historia reciente de la isla.
Durante casi el mes que duró las labor de extinción, la procesión de declaraciones políticas, la voz de los vecinos de Gran Canaria y el trabajo de los servicios de emergencia y extinción de incendios, acabó en un sprint lento y a cuentagotas, que se mezcló con la puesta en marcha del recuento de pérdidas materiales y daños naturales.
El análisis del fuego todavía no se concluye en cifras determinantes, porque según las fuentes del Cabildo “todavía se está trabajando para concretar números”. Sin embargo, el día a día de la lucha contra las llamas dejó un rastro que esboza un balance sin parangón y varios dilemas para el futuro.
Las dudas que pone en jaque a los políticos, vecinos de la isla y técnicos forestales, se mueven en un amplio campo: Desde la creación de un nuevo modelo de gestión del monte, que contempla la posibilidad de limpieza; pasando por la reorganización de los canales de ayuda y emergencia para otra situación de esta envergadura, hasta el planteamiento de si será preciso evaluar psicológicamente a los próximos guardas forestales, ya que fue precisamente un vigilante contra el fuego, el que de forma premeditada, prendió con un mechero el primer conato del desastre, en la zona de Pajonales, en el municipio de Tejeda, el 27 de julio.
Juan Antonio Navarro Armas, de 37 años de edad, autor del incendio, fue detenido sólo un día después de su agresión contra el medio, pero no estuvo sólo en su bajeza para conseguir que le renovaran el contrato como agente forestal, contó con unas condiciones meteorológicas poco habituales. Por un lado, la baja humedad del ambiente, se llegó a registrar sólo un cuatro por ciento de humedad relativa, una cifra muy baja si la comparamos con la que hoy se mantiene en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un 65% de humedad relativa aproximadamente.
También se coló en el monte un calor inusual que superó en algunas zonas los 40 grados, cerca del incendio las cifras fueron más altas, hasta 50 grados centígrados, lo que dificultó la tarea de los helicópteros que con tanta temperatura vieron como la tecnología aeronáutica se estropeaba. Otra de las condiciones anormales fue el viento que alcanzó los 70 kilómetros por hora, incluso más, el alcalde de La Aldea de San Nicolás de Tolentino precisó que en su municipio se pudieron alcanzar los “120 kilómetros por hora”.
El Cabildo de Gran Canaria determinó como “este incendio se alió con la difícil orografía del terreno y con estas condiciones meteorológicas que sólo se han repetido en cuatro ocasiones en los últimos 57 años”, en los meses de julio de 1982, 1994, 1995 y en agosto de 1990, durante 53 días. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Juan Salvador León, añadió que “además en los últimos años estas condiciones del clima sólo se han unido a un incendio en dos ocasiones más en todo el mundo, en Australia y el Estado de California, en Estados Unidos y como en ambos casos, acabó con la muerte de varias personas”.
Algunas organizaciones de la naturaleza como Ben Magec-ecologistas en Acción o Greenpeace, ven aquí “otra manifestación del cambio climático que afecta a todo el mundo y que sufre Canarias de forma especial, porque mantiene en equilibrio su microclima”.
Evitando los datos científicos de las causas y los hechos históricos, sólo queda la visión desoladora de las consecuencias, de los afectados que perdieron su casa y sus animales y del patrimonio natural perdido. Este incendio provocado agotó todos los dispositivos de seguridad y emergencias del Centro Coordinador de Incendios Forestales (CECOPIN), por lo que se tuvo que pedir ayuda al exterior. El fuego puso en jaque a cinco municipios de la zona centro suroeste, Tejeda, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Mogán y La Aldea de San Nicolás de Tolentino.
Los últimos datos ofrecidos por León, estiman un total de “8.000 hectáreas de superficie quemada, aunque puede reducirse”, ya que en muchas zonas el fuego dejó islotes de terreno a salvo. “En cualquier caso, algunas zonas de gran valor ecológico como el Parque Natural de Inagua, está prácticamente todo quemado, al igual que los pinos centenarios de la zona afectada y parte de la población del pinzón azul, pájaro endémico en peligro de extinción que vive en algunas de las zonas por donde pasó el fuego” subrayó en un análisis público.
Más allá de los todavía “incalculables” bienes materiales perdidos y de las hectáreas arrasadas por el fuego, los empresarios turísticos también se preocupan “por el impacto negativo que este suceso ha tenido en todo el mundo y que puede suponer una bajada del turismo”. A lo largo de estos días los empresarios han mantenido encuentros para lanzar una campaña que tranquilice a la opinión pública.
Eficacia o descoordinación
La idea general de muchos grancanarios es que apagar este incendio ha sido una batalla pírrica. Una consideración acertada si nos hacemos eco de los estudios del ministerio de Medio Ambiente, en base a las cifras del Gobierno de Canarias, que concluyeron en un principio, que en los últimos nueve años el Archipiélago sufrió 695 incendios que asolaron unas 10.925 hectáreas y en tan sólo unos días, el fuego de Tejeda, junto al de Tenerife, quemaron más del triple de este territorio.
Cifras igual de arrasadoras que el fuego, que las autoridades de la Institución insular achacaron exclusivamente a las condiciones meteorológicas y “no a la actuación de los servicios de extinción y coordinación por parte de las instituciones políticas”, que evalúan “positivamente”. Aunque se llegó a solicitar una investigación parlamentaria de la gestión realizada por el Gobierno de Canarias en los incendios de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera .
Las autoridades del Cabildo insistieron que se “hizo todo lo que se pudo”: Hasta siete helicópteros y un Air Tractor se turnaron para extinguir las llamas en Gran Canaria, mientras en el frente de tierra, un dispositivo humano, atendió la seguridad de los evacuados y el combate del fuego pino a pino.
Asimismo, el Cabildo argumentó en contra de las voces que critican una descoordinación en las labores de extinción, “que la prioridad de que no muriera nadie se consiguió y eso es un reto muy importante dada la magnitud del suceso”.
Mucho optimismo que acabó con un mea culpa, el consejero reconoció en una intervención pública “que hay que cambiar muchas cosas, porque rectificar es de sabios y este incendio nos ha puesto sobre aviso de aspectos con los que antes no contábamos”.
Ayudas
Sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más ayudó a enfriar la polémica de si el Cabildo y el Gobierno de Canarias actuaron correctamente durante las labores de extinción, fue la aprobación de las ayudas. Las más importantes son las que ofrecerá el Gobierno de Canarias, el Gobierno central y el Cabildo de la isla.
Por parte del Gobierno canario se destinará una ayuda de hasta el 50% del coste final de las obras de recuperación y rehabilitación y para el caso de una segunda residencia, un máximo de 12.000 euros. Desde el Cabildo el presidente, José Miguel Pérez, recordó que ya se han entregado hasta 300.000 euros en ayudas a personas que sufrieron un siniestro total en sus propiedades.
Las instituciones oficiales no son las únicas que ofrecieron un chorro económico como agua fresca, para paliar los destrozos del incendio. Todavía suenan en el calendario los conciertos benéficos de la Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, que tendrá lugar en septiembre, o el concierto del grupo Orishas y Pereza, que vendió más de 10.000 entradas.
La Caja de Canarias también se mostró solidaria y anticipó las ayudas a los afectados, con un préstamo especial para la reconstrucción, además de abrir una cuenta para los damnificados del fuego. No fueron los únicos, varios organismos recaudaron dinero para paliar los daños, como Foresta, Fundación Canaria para la Reforestación, compuesta por técnicos forestales, que mantienen abierta a disposición de los interesados en colaborar, la cuenta número 3177-0001-17-2092218722, para poner en marcha en septiembre un plan de acción integral que contempla la restauración y la prevención de incendios, donde participarán los más de 500 voluntarios de la fundación. En total, Foresta y la Caja de Canarias suman más de 315.000 euros para ayudas de daños materiales y naturales.
En contra de las ayudas y subvenciones bancarias se encuentra la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc), que consideró que son el Estado y las administraciones públicas las que deben hacerse cargo de “todos los daños del incendio”, porque lo provocó un trabajador público. Por ello, rechazan la idea de “subvencionar el 50% de los costes”.
La papa caliente vuelve a cambiar de mano y posiblemente cueste más enfriarla que el terreno afectado por el incendio de Gran Canaria.