Es uno más de los dispositivos de seguridad y emergencias desplegados en La Palma por el volcán, pero en la normativa canaria no existe. Junto a la Unidad Militar de Emergencias, la Policía Nacional, la Guardia Civil o Protección Civil, los bomberos forestales trabajan desde hace casi tres meses en las diversas labores de acompañamiento o apoyo. Desde ayudar a las personas desalojadas a recoger sus enseres a limpiar cenizas en zonas restringidas. Realizan las mismas tareas que los efectivos de otros cuerpos, pero no tienen reconocidos todos sus derechos porque carecen de categoría profesional y ejercen como peones forestales o de caza. Esto conlleva que no tengan distinguida la peligrosidad o penosidad inherente a su trabajo. Además, ejercen con contratos fijos discontinuos o temporales, firmados durante las épocas de riesgos de incendios, con sueldos y complementos muy variables. Y van al paro el resto del año.
La categoría de bombero forestal viene recogida en un real decreto, pero su reconocimiento y aplicación depende de las autonomías, que tienen cedidas las competencias. Hay comunidades, como Andalucía, que sí reconocen a este sector, pero Canarias aún no ha desarrollado una legislación específica. En el Archipiélago, La Gomera, La Palma, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro disponen de servicios fijos, pero durante el verano incorporan refuerzos bajo modelos de gestión directa o indirecta. Además existe el Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), del Gobierno de Canarias.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias explica que esto implica “falta de operatividad, eficacia y coordinación que afectan de manera directa a la ciudadanía y los espacios naturales”. El portavoz de la agrupación de bomberos de Canarias del sindicato, José María Monzón, explica que el Cabildo de Gran Canaria tiene un modelo de gestión directa e incorpora al personal de refuerzo durante nueve meses. Pero en el resto, se subcontrata a través de empresas públicas. Es el caso de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), contratadas por Tragsa, entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que además cuenta con una base fija en La Palma.
Y desde 2017 en Canarias existen las EIRIF, que se crearon con un total de nueve cuadrillas con base en La Palma, La Gomera y El Hierro, pero con capacidad de movilización en todo el Archipiélago y un presupuesto de casi 5 millones de euros. “Con este dispositivo, el Gobierno de Canarias tiene como objetivo, entre otros, reforzar los medios disponibles a escala autonómica para la lucha contra grandes incendios forestales y situaciones de crisis derivadas de la simultaneidad de este tipo de eventos catastróficos”, anunciaba por entonces el Ejecutivo de Coalición Canaria. A juicio de Monzón, este es el servicio “más precario” y considera que, en lugar de incorporar un nuevo cuerpo autonómico, se debería haber dotado a las islas de recursos materiales y humanos para que desarrollaran sus competencias de gestión directa.
Se les contrata de tres a seis meses, el resto del año están en el paro o en su casa
Porque en la actualidad, en “una actuación de emergencia, pueden intervenir hasta seis servicios, todos con sus jefes”, dice Monzón, lo que a su juicio “genera descoordinación”. A las circunstancias existentes en el Archipiélago, el portavoz sindical agrega la “precariedad laboral” de los bomberos forestales en toda España derivada del no reconocimiento a su categoría laboral y la consiguiente falta de desarrollo estatutario de la profesión en la normativa. “Se les contrata de tres a seis meses, el resto del año están en el paro o en su casa”, agrega Monzón, quien señala que en el escenario actual son necesarios todo el año para trabajar en la prevención.
“Los incendios se apagan en invierno, no en verano. Se tiene que trabajar la agricultura, la ganadería, las políticas de reforestación con conciencia. Y todo eso es prevención. Y eso no predomina. Solo se actúa de manera reactiva, cuando hay un incendio forestal”, añade Monzón. Además de la temporalidad, el portavoz sindical remarca que el colectivo actualmente carece de reconocimiento de enfermedades profesionales, la jubilación anticipada o las condiciones inherentes de peligrosidad o penosidad. Por ello, el sindicato reclama que se apruebe un estatuto básico de bomberos forestales en el ámbito estatal para contar con unas garantías mínimas de estabilidad y, posteriormente, que Canarias desarrolle su propia normativa.
De hecho, el pasado 2 de diciembre la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos y Bomberas Forestales (PASBF) se concentró frente al Congreso de los Diputados para exigir la aprobación del anteproyecto de ley del estatuto de bombero forestal que elaboraron PSOE y Unidas Podemos, pero que aún no ha sido elevado al Consejo de Ministros. Durante el acto, entregaron al presidente de la comisión de Transición Ecológica del Congreso, Juantxo López de Uralde, más de 260.000 firmas para apremiarle a impulsar la normativa.
El texto reconoce la “ausencia de marco legislativo que establezca de manera explícita cuáles son sus derechos, sus deberes, los medios de los que deben estar dotados, medidas de seguridad o de coordinación en sus actuaciones”. En este sentido, señala que es preciso delimitar las labores a realizar, que abarcan desde la prevención, detección y extinción de incendios a búsqueda de personas desaparecidas, intervenciones en accidentes de tráfico, actuaciones con animales peligrosos o en vertidos de contaminación de aguas.
“En la actualidad podemos encontrar un número muy alto de trabajadoras/es a los que se les encomiendan tareas específicas de la categoría profesional de bomberos forestales, y sin embargo, se encuentran contratados como trabajadoras/es y/o peones forestales o de caza, categoría que no recoge ni las funciones, ni las competencias principales de un servicio de prevención y extinción de incendios forestales (…). De esta manera, la administración autonómica asume el riesgo de extinguir los incendios forestales con personal contratado de forma fraudulenta y sin haber recibido la formación apropiada”, expone el texto. Por ello, el anteproyecto de ley manifiesta la necesidad de que el colectivo cuente con el suficiente grado de cohesión y homogenización en todo el territorio nacional para establecer un marco común que luego pueda desarrollar cada autonomía.
Durante la elaboración del anteproyecto, el Gobierno de España consultó a todas las autonomías. Para conocer las reivindicaciones del sector en Canarias, el director de Medio Ambiente, José Domingo Fernández, y Víctor Navarro, de Ordenación del Territorio, mantuvieron un encuentro con representantes de Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Asociación Profesional de Agentes Forestales y Agentes del Medio Ambiente (Afmacan). Monzón recuerda que la reunión fue “muy productiva” y considera que la Consejería de Transición Ecológica “tiene buena intención”. Pero remarca que la principal postura defendida por los sindicatos es que “Canarias debe elaborar su propia ley”.
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