El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega este mes a 13.454 hogares de Canarias, 7.157 en la provincia de Las Palmas y 6.297 en Santa Cruz de Tenerife, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De los 99.007 expedientes válidos recibidos en Canarias, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha tramitado ya 81.242, el 82%.
En el conjunto de España, el Ingreso Mínimo Vital llega este mes a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, de las que más de 276.000 son menores. La nómina correspondiente a mayo será de 195 millones de euros y, de media, cada unidad de convivencia que ha sido reconocida como titular del IMV está formada por 2,62 personas.
“Los datos muestran cómo el Ingreso Mínimo Vital va ampliando su protección cada vez a más personas ya no solo en el conjunto del país, sino también en Canarias. Se trata de una protección más necesaria si cabe en este momento tan complicado, en el que el escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Hay que poner en valor especialmente que más del 40% de las personas que se beneficiarán este mes del Ingreso Mínimo Vital en toda España son menores de edad. “La lucha contra la pobreza infantil es, sin duda, prioritaria para este Gobierno y para el presidente Pedro Sánchez”, añade.
Datos en el conjunto de España
Del total de hogares beneficiarios en España, el 61% (más de 160.000) cuentan con menores. Entre ellos, la nómina de mayo se abonará a 73.301 hogares monoparentales (el 28% del total) y a 87.403 hogares no monoparentales con menores (el 33% del total), lo que indica la incidencia que está teniendo esta prestación en la reducción de la pobreza infantil.
La prestación media reconocida asciende a 448 euros al mes. El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas. El umbral de renta garantizada oscila entre los 470 euros al mes (el equivalente a una pensión no contributiva) para un hogar unipersonal y los 1.033 euros al mes para unidades de convivencia formadas por dos adultos y tres o más menores o tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.
Por edades, de media, los titulares del Ingreso Mínimo Vital tienen 44,32 años. El grupo más numeroso son las personas entre los 36 y los 45 años, que superan el 34% del total. Reducir la pobreza infantil era uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la prestación. En mayo, casi el 44% de las personas que viven en hogares titulares de la prestación son menores y más del 60% de las unidades de convivencia a las que se les abonará la nómina de mayo tienen al menos a un menor en ellas. Este hecho hace que, si se tiene en cuenta a todos los miembros de las unidades de convivencia, la edad media se sitúe en 26,68 años y, excluyendo a los titulares, en 19,04 años. Casi uno de cada tres hogares es monoparental.
Por género, más del 70% de los titulares de la prestación son mujeres y también son mayoría entre los beneficiarios, con 316.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.
En concreto, hasta el pasado viernes, el INSS ha recibido 1,32 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, casi 1,1 millones, más del 81% del total, se han tramitado, con 276.000 prestaciones aprobadas y 700.000 denegadas. Otras 65.000 están en proceso de subsanación, es decir, que se ha solicitado al solicitante o a alguna administración alguna información para completar el expediente.
En su mayoría, las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), aunque un 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.