Intersindical reprocha el “castigo” a la sanidad pública del Gobierno canario en beneficio de la concertada

Intersindical Canaria (IC) ha denunciado este lunes el “castigo” al que el Gobierno regional somete a la sanidad pública, “creando deficiencias e incrementando los procesos y las partidas económicas a la concertada”.

En un comunicado, IC alude a una “sucesión de despropósitos derivados de la mala gestión en la sanidad pública” que “la llevan al colapso”, al tiempo que se incrementan los fondos destinados “al negocio de la sanidad privada”. Todo lo cual, prosigue, “constituye un gravísimo proceder que incrementa el riego de fracasos asistenciales y despoja a los usuarios del derecho fundamental a la salud”.

Intersindical Canaria hace estas observaciones a raíz de la actualización de la cartera de servicios y los precios que concierta con las clínicas privadas para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, publicada la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Hace hincapié en que de un catálogo de unos 60 procedimientos se pasa a unos 400, lo que supone un aumento del 85%, con un incremento del 15% de los costes en comparación con los servicios que se prestaban hasta ahora.

Mientras tanto, continúa IC, la sanidad pública canaria se encuentra en un escenario de “permanente bloqueo” de la Atención Primaria, “grave saturación” de las Urgencias, falta de camas de hospitalización y “criminales listas de espera”, tanto para pruebas diagnósticas como quirúrgicas.

También hace hincapié en la falta de inversión en recursos humanos, en equipamiento, materiales, suministros básicos e infraestructuras. A todo esto se suma la “desprofesionalizada, perversa y deliberada mala gestión” por parte del Servicio Canario de la Salud que convierte al sistema público en “subsidiario del negocio de una insolidaria sanidad privada”.

Intersindical Canaria reivindica dotación presupuestaria y gestión profesionalizada “leal con el servicio público, lo cual significa que lo privatizado debe ser inmediatamente revertido”. Abunda en que “esto se puede lograr mediante la aplicación de la voluntad política de dejar de crear ineficiencias en el patrimonio de la ciudadanía para justificar la inyección de cantidades ingentes de dinero público a la sanidad privada”.