Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, acoge desde este miércoles el l Congreso Nacional de Administración local de FHN, una cita en la que participan los máximos representantes funcionarios habilitados nacionales (interventores, secretarios y tesoreros de la Administración local) y que se extenderá hasta el próximo sábado, 19 de noviembre.
Se trata de la primera vez que el Archipiélago reúne a altos cargos del Ministerio de Hacienda, catedráticos, magistrados y funcionarios habilitados nacionales de prestigio para que analicen durante cuatro días la problemática de la sostenibilidad financiera: déficit y deuda pública de las Administraciones Públicas y la financiación local, dando a conocer las novedades que incorpora el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, entre otros temas.
El acto de inauguración este miércoles contó con la presencia de María Teresa Mayans, subdelegada del Gobierno en Las Palmas; Gervasio Miguel Rodríguez, consejero de la Audiencia de Cuentas de Canarias; María Inés Jiménez, vicepresidenta segunda del Cabildo de Gran Canaria; Carlos Álamo, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria; Concepción Narváez, alcaldesa de la Villa de San Bartolomé de Tirajana y Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana.
Este Congreso, que está organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Patronato de Turismo Insular, pretende establecer sinergias con las corporaciones locales de toda la geografía española y avanzar sobre los retos de la administración pública del país.
En la primera jornada del Congreso intervinieron Emilio Fernández Agüero, tesorero del Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Cristina Serrano Mateo, interventora del Ayuntamiento de Torrevieja; Miguel Palacios Albersanz, interventor general de la Diputación de Ávila; Pablo Fernández Carballo, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo, y Eva Mota Sánchez, vice-interventora del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, que ha resaltado la importancia de fiscalizar los fondos públicos desde la eficacia.
En la segunda jornada del encuentro, este jueves, se ha partido de un dato concreto: en España, el 84% de los ayuntamientos tienen 5.000 habitantes o menos. Esta cifra pone de relieve la realidad de un país en el que la mayoría de las corporaciones locales afrontan retos para poder gestionar sus responsabilidades y sacar sus cuentas adelante.
¿Cómo se controlan sus ingresos de forma externa? Según el criterio normativo que reside bajo el paraguas del Tribunal de Cuentas, la clave se halla en establecer comparativas entre entidades públicas con similares niveles de recursos, porque no todas las entidades locales son iguales y, por tanto, no deben tratarse de la misma forma. Un asunto sobre el que tiene un amplio conocimiento Rafael Pou Bell, subdirector técnico de fiscalización de las entidades locales del Tribunal de Cuentas.
Durante la primera ponencia de la jornada, Pou ha destacado que tramitar contratos menores no es una tarea sencilla: “En algunas ocasiones se dan contradicciones entre la ejecución administrativa y la línea presupuestaria; la fiscalización previa”.
Los pequeños ayuntamientos desempeñan gestiones administrativas y burocráticas cada día, igual que cualquier otra corporación local de mayor envergadura, pero la falta de recursos económicos y humanos, en ocasiones, pueden complicar el desarrollo de nuevos proyectos.
¿Cómo se supervisan internamente los contratos menores en las administraciones locales? Elena García Martínez, interventora de San Vicente de Raspeigh, en Alicante, ha dado algunas de las claves durante su intervención: “Hay que destinar parte de los recursos al control financiero. El control tiene que ser un valor añadido y los contratos menores tienen carácter excepcional para facilitar la rápida satisfacción de las necesidades con escasa cuantía y duración”.
En esta línea, el Congreso ha contado este jueves, además, con el conocimiento de María Asunción Sanmartín, jefa de servicio de Régimen Económico y Contratación del Departamento de Presidencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón; José de Vicente García, tesorero de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Costa del Sol; Maríaa del Mar Mota Sánchez, tesorera del Ayuntamiento de Conil de la Frontera; José Manuel Farfán, tesorero general de la Diputación de Sevilla y Virginia Losa Muñiz, vicesecretaria de la Diputación de Palencia.
El Hotel Riu Palace Maspalomas será el epicentro nacional de la gestión en materia de administraciones públicas locales hasta el próximo 19 de noviembre.