En determinadas circunstancias, y como ya vaticinó la filósofa Hannah Arendt, cualquier persona puede maltratar o permitir que se maltrate. Como nada humano le es ajeno al propio humano, su percepción y umbral de tolerancia frente a las violencias está condicionado por el entorno en el que vive y lo que esté o no culturalmente aceptado. Sucede también con el maltrato animal y el modo en que ciertas especies gozan de una protección mayor, esté esa protección blindada por la Ley o no, y otras son usadas para el consumo alimentario o para la fabricación de prendas y cosméticos.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de La Laguna (ULL) se encuentra actualmente desarrollando un proyecto de investigación sobre qué variables psicosociales influyen en la preocupación social y la conducta de las personas ante el maltrato de otras especies. El equipo, liderado por la catedrática de Psicología Social de la ULL Ana Martín lo conforman psicólogos ambientales y jurídicos como Bernardo Hernández, Cristina Ruiz, Stephany Hess, Christian Rosales, Andrea Vera y Helena Cortina. “El enfoque no es tanto estudiar a los maltratadores buscando en ellos psicopatologías, como entender por qué, en determinadas circunstancias, cualquier persona puede maltratar o permitir que se maltrate a los animales” cuenta Martín a esta redacción. “No nos interesan los casos de zoofilia, de psicopatía o de crueldad extrema (que son minoritarios en nuestra sociedad), sino las conductas que causan daño a los animales y son más o menos aceptadas socialmente”.
La investigación consta de cuatro estudios para analizar cómo influyen en esta reacción las normas personales y sociales, la percepción de la legitimidad de la ley y de la autoridad que la aplica, la identidad y la motivación proambiental, así como la actitud hacia los animales. “Queremos saber cómo perciben el maltrato animal las personas de distintos géneros, edad y zona de residencia y cómo reaccionan cuando se encuentran con un caso de este tipo”, explica la catedrática.
El equipo de la ULL se ha propuesto profundizar no tanto en cuáles son los factores que influyen en que las personas incumplan las leyes medioambientales, sino en que reaccionen frente a las transgresiones, las denuncien y colaboren para controlarlas y prevenirlas. “Estudiando previamente determinados tipos de delito ecológicos nos dimos cuenta de que, cuando implicaban hacer daño a un animal, la indignación de las personas era mucho mayor y, coincidiendo con la modificación legislativa que a partir de 2021 hizo que se pasara de considerar a los animales cosas o propiedades a considerarlos seres sintientes, decidimos centrarnos en el maltrato de distintos tipos de animal”.
Para Martín y su equipo, en determinadas circunstancias, todas las personas tenemos la capacidad de actuar de forma prosocial o antisocial. Además, lo que es maltrato se define social y culturalmente, no en términos absolutos, de manera que una misma forma de hacer daño a un animal puede ser considerada maltrato dependiendo del animal, del contexto y del momento en el que se produce.
Nuestro equipo había estudiado varios tipos de delito ecológicos anteriormente y nos había llamado la atención que cuando la infracción implicaba contaminar el mar o hacer daño a un cernícalo, la indignación de las personas era mucho mayor
Esto es especialmente relevante en el caso de los animales cuyo uso está social y legalmente aceptado, como los que se destinan a alimentación o la experimentación farmacológica o cosmética. “Hasta hace poco, la vida de estos animales se subordinaba siempre al beneficio de las personas, aunque ello supusiera un coste para su bienestar o incluso la pérdida de sus vidas”.
“Esta arbitrariedad en la percepción del maltrato”, continúa Martín “hace que se produzcan paradojas como que acariciemos a un animal doméstico y nos comamos a uno destinado al consumo, que admiremos una mariposa y aplastemos con el pie a una cucaracha. Puede que no nos importe que se envenene a un lagarto, pero nos indigna que se dispare a un cernícalo, aunque los dos sean especies protegidas”.
La relación con los animales que tienen las personas que viven en las ciudades es muy diferente, aunque no necesariamente “mejor”, que las de las zonas rurales. Este equipo de investigación de la ULL ya advirtió en anteriores estudios que la indignación de las personas era mucho mayor cuando la infracción implicaba contaminar el mar o hacer daño a un cernícalo. “En aquella ocasión pensamos que esta indignación tenía que ver con que tanto el cernícalo como el mar están intrínsecamente ligados a nuestra identidad canaria. Pero también podía ser por su vinculación a la vida”.
Otro resultado que nos ha llamado la atención de esta investigación en curso es que en un estudio en el que se pedía a los participantes que pensaran en un “animal protegido”, respondieron “perro” o “gato”, en lugar de especies endémicas en peligro de extinción, protegidas por las leyes en Canarias, como el cernícalo, la musaraña o el lagarto de El Hierro. “Aunque es solo una hipótesis por ahora, creemos que esta respuesta se debe a la gran visibilidad social que está teniendo la ley de bienestar animal frente a otras modificaciones legales penales más orientadas a la protección de la biodiversidad”, explica Martín.
La legislación y las mentalidades
Es un debate muy actual el modo en que la legislación influye en las mentalidades y viceversa. Si pensamos, por ejemplo, en leyes que han modificado nuestro umbral de tolerancia hacia ciertos temas, un ejemplo ilustrativo es la de los espacios sin humo en el interior de los recintos y las resistencias que encontró, pero cómo las nuevas generaciones fueron asumiendo que no tenían por qué ser fumadores pasivos. También existen ejemplos en los que es la Institución política la que recoge un reclamo social en relación con leyes para la igualdad real entre hombres y mujeres o frenar el cambio climático.
Para Ana Martín si las personas no perciben las leyes como legítimas y justas, no las interiorizarán como propias y no tendrá el efecto que se espera. “Porque los legisladores digan, por ejemplo, que el hurón es un animal doméstico, pero el perro de caza no, las personas no necesariamente lo verán así”.
Y añade que “quienes legislan sobre la protección de la biodiversidad y/o sobre el bienestar de los animales destinados al uso o consumo humano deberían tener en cuenta el conocimiento científico de los psicólogos, que somos expertos en la conducta humana, para entender mejor cómo promover la convivencia pacífica entre las personas y los animales sin tener que recurrir a la vigilancia continua y al miedo al castigo. Obviamente, también el de veterinarios, biólogos y etólogos, ya que son ellos los que realmente pueden decir cuándo un animal sufre o si es bueno para ellos tratarlos de un modo u otro”.
Cuando el equipo de investigación presentó el proyecto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para su financiación, pidió al Colegio de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, al Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad del Cabildo de Tenerife y a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que fueran observadores independientes, para que hicieran uso de los resultados para el desarrollo de políticas que mejoren el bienestar de los animales y de las personas en su relación con ellos.