El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife investiga a un exdirector de Recursos Humanos de Fred Olsen por el presunto cobro de 561.241 euros en comisiones ilegales entre 2003 y 2012. En la instrucción hay un total de siete personas físicas y tres jurídicas imputadas por delitos contra la hacienda pública, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y corrupción entre particulares.
La causa, que en junio de 2016 fue declarada compleja, parte de una querella que presentó la propia naviera en 2012. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado, el principal investigado, que percibía las comisiones a través de su círculo familiar más cercano, emitió facturas falsas mediante sociedades pantalla de su propiedad a terceras empresas involucradas en la presunta trama delictiva.
La información de la Agencia Tributaria y de una entidad bancaria revelan que las empresas investigadas, una vez que cobraban las facturas giradas a Fred Olsen, por servicios inexistentes o con sobreprecios injustificados, ingresaban en las cuentas de las sociedades pantalla del principal imputado las comisiones previamente convenidas. En las diligencias figura una carta que el dueño de una de las entidades implicadas envió al exdirectivo de la naviera el 24 de abril de 2015. En la misiva, el también imputado reconoce la existencias de las comisiones ilícitas.
Fred Olsen cifra en 616.041 euros el perjuicio económico sufrido. A las supuestas comisiones ilegales habría que sumar otros 54.800 euros por un presunto delito de estafa relacionado con un informe sobre jubilaciones anticipadas. El exdirector de Recursos Humanos de Fred Olsen encargó el estudio inicialmente a una aseguradora, para posteriormente solicitar el mismo trabajo a otra de las sociedades investigadas, que plagió el informe de la primera.
El principal imputado, según consta en las actuaciones, facturó a Fred Olsen los dos trabajos por 28.300 euros y 26.500 euros, respectivamente, lo que produjo un desplazamiento patrimonial ilícito que perjudicó a la compañía. La naviera ha reclamado una fianza para asegurar la responsabilidad civil de los imputados.
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