El jefe de la Udyco retuvo varias horas a trabajadores del 'timesharing' por ''un descuido''
El jefe del operativo del Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias reconoció este martes ante el juez de Instrucción 2 de San Bartolomé de Tirajana que, durante la operación timesharing, ordenó a una subordinada que pidiera a los empleados de un centro de atención telefónica de Arguineguín, en Gran Canaria, que permanecieran en la oficina tras una inspección de trabajo a la espera de que llegaran unas citaciones para comparecer en la Supercomisaría de la capital al día siguiente. Unas citaciones que los agentes no llevaron consigo al inicio de la actuación “por un descuido”.
En su declaración de este martes, este policía imputado por detención ilegal dijo no recordar el tiempo que transcurrió entre la salida de la subinspectora de Empleo de la oficina (entró a las 11.15 y se marchó a las 13.15) y su llegada con las citaciones, aunque calcula que no debió ser “más de una hora”. Los denunciantes (quince trabajadores del call center) han señalado que pudieron abandonar la oficina tras firmar la citación, entre las 16.00 y las 17.30 horas, y que los agentes les advirtieron de que, en caso de no hacerlo, serían detenidos.
La operación timesharing se activó el 22 de julio de 2013 tras la denuncia presentada un día antes por la asociación Mindtimeshare, dirigida por Alberto García, un inspector de policía en excedencia que acusaba a varios empresarios, entre ellos el alemán Eugene Kaiser, de una estafa masiva a turistas extranjeros por medio de la modalidad de vacaciones compartidas o timesharing. Ese día la Udyco cursó una petición en los juzgados para entrar y registrar el call center de la empresa de Kaiser. La solicitud fue denegada por el magistrado Julio Luis Wood Rodríguez, que recordó en su auto que aquella fue presentada “más de seis horas después de que amaneciera el día en que pretendían llevar a cabo los registros”. La operación se saldó con la detención de 76 personas, pero el caso fue finalmente archivado al no apreciar el juez la estafa denunciada.
El jefe del operativo ha asegurado que planificó el registro el mismo día que la inspección de trabajo porque, de haberlo hecho después, “habrían desaparecido evidencias” de la supuesta comisión de otros delitos. El policía manifestó que se puso en contacto con la Brigada de Extranjería cuando tuvo conocimiento de que en las oficinas de este centro de atención telefónica podría haber trabajadores en situación irregular y que fue a través de ese departamento desde el que se solicitó la inspección de trabajo.
En su declaración ante el juez, ha afirmado que los agentes presentes en esta actuación (dos funcionarios de la Brigada de Extranjería y otros dos de la Policía Judicial) “no hicieron otra cosa que asistir a la inspectora”, ya que, para comprobar si la empresa había cometido otros delitos, “hubiese sido necesaria una orden de entrada y registro” que no fue concedida.
“De no haber recibido la denuncia, solo habría intervenido con inspección de trabajo, no hubiese solicitado la entrada y registro”, ha admitido el jefe de la Udyco, quien sostiene que los trabajadores permanecieron en el call center (el encargado hasta las 21.00 horas) por voluntad propia a la espera de la autorización judicial.“Cualquier empleado pudo marcharse si quería”, afirmó el mando policial, quien negó que los agentes les impidieran sacar documentación de la oficina, usar los ordenadores, realizar llamadas “y menos aún” que fueran al baño o que bebieran agua, hechos que han sido denunciados por quince trabajadores del centro.
Con respecto a la entrada en la oficina, ha señalado que ni la puerta estaba cerrada ni había que tocar el timbre, que accedieron a la misma junto a la inspectora y que lo único que pidieron a los empleados fue que permanecieran en sus puestos.
El jefe del operativo de la Udyco reconoció que el denunciante del caso, Alberto García, fue compañero suyo en esta unidad y que se presentó “varias veces” en Jefatura para hablar con él sobre las presuntas estafas en la modalidad de vacaciones compartidas. Sin embargo, precisó que no lo conoce más que “de hola y adiós” y que no ha tenido “ningún trato especial” por el hecho de haber sido inspector de Policía.
Acta por 17 infracciones
La subinspectora de Empleo y Seguridad Social levantó un acta con 17 infracciones tras la visita al centro de atención telefónica de Arguineguín, donde identificó a 31 personas, de las que 30 eran empleados de la empresa de Kaiser (había una persona en una entrevista de trabajo), y les preguntó “por el tiempo que llevaban trabajando, horarios, salarios....” Aunque no recibió por escrito la citación para comparecer, realizó la inspección a iniciativa de la Policía.
Según ha explicado en su declaración de este martes ante el juez, su jefe le dijo “el jueves o viernes” anterior que el lunes 22 de julio tenía que acudir a la comisaría. “Es común que se realicen inspecciones conjuntas”, ha manifestado esta trabajadora, que aseguró no haber recibido ninguna indicación de la Policía y no haber visto “nada raro” en el operativo durante el tiempo que estuvo en la oficina (de 11.15 a 13.15 horas).
Cuestionada por la actitud de los funcionarios policiales, negó que esta fuera “abusiva”, como denuncian los trabajadores, y relató que solo escuchó a los agentes dar órdenes a los empleados para que guardaran silencio y se mantuvieran en sus puestos de trabajo. La subinspectora contó también que uno de ellos intentó hacer una llamada y que la Policía se lo impidió y que los agentes no le explicaron por qué se quedaban allí cuando se marchó.
