Es tiempo de protestas, incluso para que el Gobierno de España cumpla con la normativa europea. Esto lo saben bien todos los integrantes de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, que tras cinco años batallando con instituciones nacionales y supranacionales han conseguido que se oigan sus exigencias de elaborar un plan de asistencia para las víctimas, avalado desde Bruselas.
Un mes después del descarrilamiento del tren Alvia en Santiago, el 25 de julio, se ha celebrado el quinto aniversario de la tragedia del vuelo JK5022 de Spanair, que se estrelló en Barajas cuando despegaba rumbo a Gran Canaria el 20 de agosto de 2008, uno de los mayores accidentes aéreos de España.
Algunos medios de comunicación han cuestionado recientemente la coordinación de los servicios de emergencia desplegados en la capital gallega, a raíz de videos e imágenes que mostraban como los heridos eran transportados en palets, utilizados a modo de improvisadas camillas, con la ayuda de civiles, a falta de medios.
Deficiencias como las ocurridas en el accidente del Spanair JK5022 en 2007, en el que los familiares de las más de 150 fallecidos y 19 supervivientes tuvieron que soportar el acoso de abogados y periodistas, además de un “trato indigno y falta de respeto”, como recuerda Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022.
España carecía de regulación para la gestión y tratamiento de catástrofes aérea o ferroviaria, por eso, la batalla de la asociación se ha centrado en impulsar un reglamento de asistencia y prevención que, como afirma la presidenta, forma parte de la legislación de cualquier Estado moderno. Para ello llevan años reuniéndose con sus homólogas francesas, con la Comisión de Transportes de la Unión Europea, y con los ministros de Fomento. Hasta que sus exigencias, las de la Unión Europea y las de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) fueron tenidas en cuenta por el Gobierno de España.
El pasado dos de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de asistencia a las víctimas de aviación civil y sus familiares, que regula los derechos de los afectados en incidentes aéreos y establece un protocolo de coordinación entre los agentes implicados. Cinco años después del desastre.
La norma establece un tratamiento unitario a escala nacional cuya eficacia sea comprobada mediante simulacros periódicos. Hace hincapié en el trabajo conjunto de aeropuertos, compañías aéreas, Protección Civil de las Comunidades Autónomas y Fuerzas y cuerpos del Estado a fin de garantizar una actuación homogénea en las labores de emergencia.
Otro punto del texto es el que garantiza la privacidad de víctimas y familiares frente a abogados y periodistas que acuden como moscas y acosan a los afectados buscando réditos y titulares. Como ocurrió en el accidente aéreo de hace cinco años.
Además, la asociación está trabajando en la creación de un estatuto de la víctima, “para que nunca más ningún despacho americano acose a las familias para firmar contratos hasta que no pasen 45 días de luto” , afirma Pilar Vera.
Para facilitar el duelo, el Real Decreto establece que, además de proporcionar transporte, manutención y alojamiento, se ubicarán separadamente a familiares de la tripulación y de los pasajeros, y en la medida de lo posible a los familiares de víctimas mortales de los supervivientes.
El gasto de transporte y alojamiento de las familias será sufragado por las compañías aéreas, que además repartirán un dossier informativo sobre la legislación aeronáutica aplicable, los derechos que asisten a las víctimas y la responsabilidad de las compañías. Para este fin se pone a disposición de afectados y familiares una persona de contacto que informe en los momentos inmediatamente posteriores a un accidente.
A lo largo de las trece páginas de este decreto se observa el papel central que tienen las vidas puestas en juego en cualquier catástrofe. Hasta ahora, la regulación únicamente tenía en cuenta aspectos técnicos y periciales de este tipo de accidentes, como es el caso de los reales decretos de 1998 y 2003 centrados exclusivamente en la seguridad operacional sin hacer alusión a las víctimas ni a las labores de rescate y posibles eventualidades, inevitables en estas situaciones.
Por eso esta nueva ley “es un homenaje a todas las personas que iban en el avión, el sacrificio de tantas personas va a permitir que en el futuro no vuelva a ocurrir”, asegura Pilar Vera, quien espera que el ordenamiento relativo a ferrocarriles no cueste tanto.