El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria espera que la aplicación de los días de libranza establecidos para los taxistas de la ciudad y suspendida por orden judicial se pueda retomar la semana que viene, después de presentar alegaciones a esa decisión, según ha anunciado este jueves.
“Esperamos que se vuelva a reanudar la prueba cuando el juez resuelva, que esperamos que sea la semana que viene”, pues “tenemos tres días para plantear nuestras alegaciones y esperamos entregarlas entre hoy y mañana (este jueves y este viernes)”, previendo que se reciba una respuesta a las mismas en un plazo de en torno a siete días, ha expuesto el concejal de Movilidad de la ciudad, José Eduardo Ramírez.
El cual ha planteado que la paralización de la medida era un trámite “previsible” después de que fuera recurrida por varios taxistas que pidieron su suspensión cautelar y ha insistido en que eso no implica que se cuestione la iniciativa.
Puesto que lo único que supone es que, ante el desacuerdo de los promotores del recurso, “el juez quiere escuchar a la otra parte, que es la del Ayuntamiento”, y, ante ese deseo, “nosotros pondremos los argumentos sobre la mesa y esperamos que se vuelva a reanudar” la aplicación de las libranzas, ha explicado el edil.
Ramírez ha destacado que en la corporación confían en que les den la razón, en buena medida, por el hecho de que “al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no le ha dado un ataque de imaginación y ha propuesto una cosa que no haya hecho nadie”.
“Lo que nosotros estamos proponiendo es lo que ya hacen nueve de las diez ciudades más importantes de España, entre las que está Las Palmas de Gran Canaria, que es la única que no lo hace”, ha proseguido.
“Y, de esas nueve, ocho proponen un sistema igual al que nosotros proponemos, dos días libres, y la única diferencia es que nosotros proponíamos una prueba, precisamente porque sabíamos que había cierta polémica, y lo que le proponíamos al sector era que lo probaran cuatro meses y que, al final, fueran ellos los que decidieran si lo llevábamos adelante o no”, ha apostillado.
El concejal de Movilidad, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras participar en la presentación del nuevo concurso del películas exprés Triana en corto organizado al amparo del festival de cine de la ciudad, ha afirmado, además, que respaldan la iniciativa de establecer libranzas para los taxistas los resultados de los dos primeros días en que se aplicaron.
Resultados que “parece ser que sí” son favorables, porque hay quienes han expresado su “sensación” de que, a resultas de esas libranzas, “se entra a las paradas más rápido, se sale más rápido de las paradas, hay menos tráfico en la calle, que eso también es importante, y se han hecho más carreras”, ha señalado.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha acusado este jueves al gobierno municipal de PSOE, LPGC Puede y NC de generar “incertidumbre” entre los taxistas después de que la aplicación de las libranzas que promovió en el sector hayan quedo en suspenso.
La paralización de esas libranzas, que ordenó un juzgado días atrás de manera cautelar ante la presentación por parte de varios taxistas de un recurso contra el reglamento por el que fueron establecidas, ha llevado al PP a reclamar al grupo de gobierno de la corporación que “informe de qué medidas va a adoptar” a partir de ahora, subraya en un comunicado Cardona.
El cual considera que tras la decisión judicial se ha adoptado una postura de “silencio y poca transparencia” y que “el concejal de Movilidad está tardando en convocar a los representantes del sector y sentarse con todos ellos para abordar alternativas a este reglamento”.
Puesto que este fue preparado por sus promotores “desde la improvisación y con mala intencionalidad”, al entender del representante popular, que achaca además a los responsables de la iniciativa una “negligencia” que vaticina que podría provocar un perjuicio económico a las arcas municipales.
Si bien afirma que espera que la iniciativa del Ayuntamiento, que sostiene que actuó “sin consenso y sin avales técnicos e informes económicos”, no cree un problema que “recaiga en las espaldas de los ciudadanos y no cueste dinero a la ciudad”.