La conocida como abuela de Fuerteventura, Josefa Hernández, que el pasado mes de agosto ingresó en prisión por haber edificado parte de su vivienda en un espacio natural protegido del municipio de Betancuria, está obligada a demoler esta ampliación de su casa antes del próximo 28 de febrero. Sin embargo, aunque su intención es cumplir con la sentencia, su abogado, José De León, ya ha informado y presentado al juzgado los recibos que muestran que carece de recursos para derribarla.
La sexagenaria, que tiene cinco personas a su cargo (una hija con discapacidad, un hijo desempleado y tres nietos), se encuentra residiendo en una vivienda facilitada por el Ejecutivo canario de manera temporal en la capital de la isla, en Puerto del Rosario. Este hecho se produjo después de que la Audiencia de Las Palmas se adelantara al indulto del Gobierno y la pusiera en libertad a finales de agosto. Josefa Hernández, aunque se siente agradecida con que le hayan buscado esta solución tiene ansias por volver a su casa y a su municipio, relata su hija Minerva Zerpa. No obstante, asegura que los miembros de esta familia están “intranquilos”, ya que la zona del domicilio que quede en pie necesitará ser rehabilitada para poder vivir.
El presidente del Cabildo de la isla, Marcial Morales, señala que los técnicos elaboraron y entregaron el pasado mes de enero un proyecto que ha resultado muy “laborioso”, en el que se ha tenido en cuenta no sólo el derribo en sí de un ala de la vivienda sino que el lado que no invade el espacio natural pueda ser habitable y quede reforzado. Además, asegura que desde el Gobierno insular están dispuestos a colaborar en lo que puedan con el Ayuntamiento de Betancuria.
Zerpa aclara que esta parte que quedaría intacta cuenta con 70 metros cuadrados, pero que carece de baño y que los techos están en mal estado, puesto que el invierno de 2007 causó desperfectos en él. Fue por este motivo por el que se construyó el anexo de madera, que sin saberlo en aquel momento, se asentaba sobre ese lugar protegido, explica la hija de Hernández.
Una sentencia firme obligó a Josefa Hernández a demoler esta habitación y a pagar 700 euros de multa. La mujer pagó este dinero, pero llegó a alegar que no había podido derribar su casa por carecer de otro lugar donde vivir y por no tener posibilidades de pagar un alquiler. De hecho, cabe recordar que la familia vive con un total de 740 euros al mes; la pensión de esta anciana que es de 320 euros y la prestación por desempleo de uno de sus hijos, que suponen 420 euros.
Su abogado espera que, tras haber transmitido de manera oficial al juzgado que la mujer apenas cuenta con medios económicos, la justicia inste al Ayuntamiento de Betancuria o al Cabildo de Fuerteventura a que proceda a la demolición de dicha zona del domicilio. “Ahora toca esperar”, apunta De León, que añade que primero se debe valorar que el informe de derribo es correcto y después se conocerá la decisión del juez. Con ello buscan que al menos Josefa Hernández pueda saldar cuentas con la justicia y que “acabe esta pesadilla para ella”, afirma.
“Mi madre lo ha pasado muy mal”, insiste Minerva, que espera que pronto acaben todos los trámites jurídicos para cerrar este episodio y, a partir de ahí, poder pensar en buscar financiación para rehabilitar la casa.
Desde que viven en Puerto del Rosario, se le ha facilitado una ayuda a los nietos de Josefa Hernández para que puedan seguir acudiendo a su centro escolar habitual, ya que que se encuentra en otro municipio y el transporte resulta costoso.
Según ha narrado la propia mujer, de 62 años, su vida no ha sido “nada fácil”. Hace 30 años se divorció y tuvo que sacar adelante a sus siete hijos y dos hermanos pequeños sola. Por este motivo, decidió edificar sobre unos terrenos que había heredado de sus padres. Su economía nunca mejoró para buscar otro sitio donde vivir o acondicionar esta vivienda.
Ante la noticia de que se iba a producir su entrada en prisión el pasado mes de agosto Josefa Hernández efectuó una huelga de hambre, que tuvo que suspender por problemas de salud.
A su lucha por impedir entrar en prisión se unieron miles de personas a través de la plataforma change.org y por medio de diferentes manifestaciones que se convocaron en la isla. El caso, de gran repercusión mediática, también movilizó a distintos miembros de la política.
El presidente del Cabildo de la isla cuenta que en esos momentos se volcaron en ayudarla porque consideraron que la orden de ingresar en prisión era “desproporcionada” tratándose de una mujer sin recursos económicos y con personas a su cargo. No obstante, su abogado expresa que la sentencia “está para cumplirse” y que así lo hará pero espera que se comprenda que, a pesar de su voluntad, no dispone de medios para hacerlo.