Jueces y magistrados de Canarias se sumarán este miércoles a la huelga sin precedentes convocada por la Judicatura en toda España para exigir al Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) medidas estructurales ante la falta de medios y las deficiencias en el modelo actual.
Así lo informaron a Europa Press fuentes judiciales, que indicaron que la protesta ha sido convocada por las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, pero no por la Asociación Profesional por la Magistratura y Jueces para la Democracia (JpD).
Además de secundar la convocatoria, se ha organizado un paro de quince minutos, a las 12.00 horas, en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife para “escenificar” la unión ante la protesta, así como en los edificios judiciales de Puerto del Rosario y de Arrecife.
La magistrada titular del juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz de JpD, Victoria Rosell, explicó a Europa Press que si bien su asociación no apoya dicha huelga, sí secunda las reivindicaciones y deja “libertad” a sus asociados para ejercer el derecho de huelga.
Al entender de Rosell, “no se ha dado suficiente ámbito a la negociación” con el Ministerio de Justicia y consideró que se debía haber mantenido la convocatoria de mayo y junio.
En su opinión, “para la oportunidad histórica” de protesta de jueces y magistrados se debían haber buscado más apoyos de funcionarios, abogados y procuradores, entre otros, para que respaldaran sus demandas.
En nota de prensa remitida por el TSJC, la Asamblea de Jueces y Magistrados de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, convocada por el Comité de Huelga de ámbito provincial, invita a todos los afectados por la precariedad de medios de la Administración de Justicia para que se sumen a la protesta del mediodía de este miércoles en la Audiencia Provincial.
Los jueces dirigen la solictud de apoyo a “fiscales, Secretarios Judiciales, Funcionarios, Abogados, Procuradores, Graduados Sociales y otros profesionales afectados, dado que se trata de reivindicaciones justas que les afectan a todos ellos, y en beneficio último de los ciudadanos, a los que nos debemos todos”.