La consejera de Sanidad, María del Mar Julios, afirmó este viernes que por no aplicarse unos criterios actualizados de población Canarias ha dejado de recibir desde 2002 hasta la actualidad 761 millones de euros en la financiación sanitaria.
Julios, que compareció ante la comisión de Sanidad a instancias del grupo de Coalición Canaria, indicó que la previsión para este año es la que la inversión por habitante en Canarias sea de 84,7 euros menos que la media estatal, diferencia que alcanzaría los 113 euros menos si se tuvieran en cuenta los nuevos datos poblacionales.
La consejera dijo que el 98,7% de la financiación sanitaria se reparte según los criterios poblacionales obtenidos del censo de 1999 y señaló que en la segunda conferencia de presidentes autonómicos se acordó corregir esta situación hasta que hubiera un nuevo modelo de financiación autonómica.
Para ello, explicó Julios, se “inyectaron” dos bolsas para la financiación sanitaria, una de 500 millones de euros para 2006 y otra de 600 millones para 2007, pero esta cantidad, que supone para Canarias 25 millones de euros para cada ejercicio, sólo representa el 1,4% del total de la financiación.
La también vicepresidenta del Gobierno de Canarias lamentó que, de acuerdo con los declaraciones del ministro de Economía, Pedro Solbes, durante esta legislatura no se procederá a la reforma del sistema de financiación autonómico, lo que será perjudicial para Canarias.
Recordó que en 25 años ha habido tres modelos de financiación y el último, suscrito en 2001, sólo benefició a Canarias unos meses en los que se redujo la diferencia con la media nacional en la inversión por habitante.
No obstante apuntó que desde 2001 no ha habido dinamismo en modificar los datos poblacionales y el dinero se sigue repartiendo de acuerdo con el censo de 1999, por lo que la situación en Canarias ha ido empeorando.
Como ejemplo citó que en 2002 la inversión estatal sanitaria en Canarias era de 50 euros menos que la media nacional, diferencia que en 2005 fue de 72 euros y que en 2007 se prevé que sea de 84,7 euros por persona.
Apuntó que el esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias ha permitido que la inversión por habitante sea la misma que la media nacional y anunció que han presentado un recurso contra el nuevo decreto del fondo de cohesión al entender que perpetúa la actual situación y no la resuelve, al tiempo que no contempla aspectos como el gasto por la asistencia de desplazados.
Dijo que no hay ninguna comunidad autónoma que no reconozca que la insuficiente financiación sanitaria “es crónica” y requirió un pacto estatal por la Sanidad.
Canarias, la primera que firmó el acuerdo en 2001, según el PSC
La diputada del grupo Socialista Teresa Morales recordó que el actual sistema de financiación fue pactado por el gobierno central y los autonómicos y afirmó que Canarias fue la primera que firmó el acuerdo de 2001 y ya en ese momento se sabía que se produciría un déficit dado que tenía en cuenta el censo de 1999.
Morales, que pidió una buena gestión sanitaria por parte del Gobierno de Canarias, consideró que la financiación adicional que el ejecutivo central destina a Canarias en esta materia, y que cifró en 147 millones de euros, no es despreciable, y aunque destacó la importancia de la población también aludió a criterios como el territorio y los equipamientos.
Historia de un fracaso, según el PP
La diputada del grupo Popular Cristina Tavío dijo que la historia de la negociación de la financiación sanitaria con el Estado es la historia de un fracaso para desgracia de los canarios.
Tavío culpó de ello no sólo a la falta de sensibilidad del Gobierno central sino al de Canarias, que en su opinión se ha equivocado “en la hoja de ruta”.
Guadalupe González, de Coalición Canaria, pidió “justicia y equidad” en la financiación destinada a la sanidad canaria y afirmó que el dinero que se adeuda a la comunidad autónoma es por el número de habitantes aunque consideró que se le debería pagar más por hechos como la insularidad o la lejanía.
En su opinión, con los más de 700 millones se podrían cubrir necesidades sanitarias y reivindicó que se tenga en cuenta el gasto que hace Canarias en la atención de desplazados.