Juristas observadores de Derechos Humanos rechazan el giro del presidente de Canarias respecto al Sáhara Occidental

La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJIUWS) ha expresado este miércoles su rechazo ante el reciente pronunciamiento del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en relación con el conflicto del Sáhara Occidental. Esta postura, “que contraviene el derecho internacional y las múltiples resoluciones de Naciones Unidas, constituye una grave negación del derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación”.

El colectivo recuerda que el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro “está reconocido por la Carta de Naciones Unidas y la histórica Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la base del Derecho de Descolonización”. Un derecho que afirman que ha sido reforzado por la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deja clara la distinción entre el territorio saharaui y Marruecos.

Además, “exige que cualquier acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, incluyendo los relacionados con los recursos naturales del Sáhara Occidental, cuente con el consentimiento del Pueblo Saharaui, expresado por su legítimo representante el Frente Polisario. Tal y como dice la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ningún territorio ocupado militarmente podrá ser reconocido como parte de la potencia ocupante”.

La asociación señala que el presidente Clavijo “ha ignorado tanto este marco legal como la histórica relación de solidaridad y convivencia que ha unido al pueblo canario con el saharaui”. Su posición “no solo es contraria al derecho internacional, sino que también coloca a Canarias en una situación de riesgo, dado el contexto del conflicto bélico entre Marruecos y el Sáhara Occidental. La estabilidad y seguridad de Canarias dependen de la paz y cooperación con sus vecinos, entre los que se encuentra el Pueblo Saharaui”.

Además, “resulta inaceptable el uso del chantaje migratorio, haciendo referencia a menores migrantes como herramienta de presión en este contexto. Estos niños y niñas, que no provienen de Marruecos, tienen derecho a ser atendidos en Canarias de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos”.

“Recordamos que el apoyo al pueblo saharaui ha sido una constante en la política española a lo largo de su historia democrática. El cambio en la postura de algunos dirigentes no refleja el sentir mayoritario del arco parlamentario ni de la sociedad civil española, que sigue firme en su defensa de los derechos humanos y el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación”, afirma.