El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, en el sur de Tenerife, investiga una presunta estafa a turistas en la venta de vacaciones en régimen de multipropiedad -timesharing- tras una querella presentada en abril de 2011 contra el grupo británico Resort Properties y su delegación española, Silverpoint Vacations SL. La cantidad defraudada superaría los 12 millones de euros, según Canarian Legal Alliance, el despacho de abogados que representa a las 233 familias que se han adherido a la querella y que aseguran ser víctimas de un engaño.
De momento han sido imputadas 20 personas, entre directivos, jefes de venta y agentes comerciales. Este jueves estaban citados a declarar dos de ellos: Mark Cushway, que fue director ejecutivo del grupo Resort Properties y es, en la actualidad, consejero delegado de Silverpoint Vacations, y Francisco Alonso Andújar, apoderado de la misma empresa. Sin embargo, la comparecencia del primero se ha suspendido hasta el 14 de noviembre porque ha acreditado que está fuera del país.
Según la querella, el Grupo Resort Properties vendía alojamientos turísticos por semanas como productos de inversión de alta rentabilidad, con la promesa de una reventa lucrativa.
Los clientes invertían cantidades sustanciales de dinero con la esperanza de obtener rédito de una futura venta de las semanas. Sin embargo, cuando acudían a la empresa a interesarse por el estado de su inversión, Resort Properties les informaba del atasco en las ventas y les planteaba como única solución una nueva inversión, siempre según su testimonio. “En ningún caso se realizaron las reventas en la forma prometida”, afirman los afectados, que mientras tanto, tenían que hacer frente a las elevadas cuotas de mantenimiento (hasta 600 euros por semana).
Para los querellantes, la actuación de la empresa respondía a un plan preconcebido: “Cuando se comunica a un cliente que el paquete de inversiones no vale nada y no se puede vender, se siguen vendiendo productos de inversión a otros clientes”. Para ello, según el despacho de abogados Canarian Legal Alliance, usaban la afiliación a una supuesta organización de protección al consumidor que “reforzaba la apariencia de realidad y veracidad” y se aprovechaban de “la confianza y la buena fe” de los compradores.
Los letrados recalcan que los empresarios llevan ejerciendo décadas esta actividad comercial y que “conocen perfectamente que no existe mercado de reventa de derechos”. A sabiendas de esta circunstancia, “sus técnicas de venta se basaban íntegramente en la supuesta reventa lucrativa de las semanas”.
La querella expone una serie de indicios que, a juicio de los afectados, demuestran que la empresa no vendió los paquetes por semanas para el uso y disfrute de los turistas, sino como un producto de inversión. En primer lugar, el objeto de la compra: la venta se producía en semanas no consecutivas y no coincidían ni la temporada, ni el tamaño de los apartamentos ni el complejo.
Además, como parte de la misma, la empresa regalaba una semana en otro alojamiento en un club tinerfeño del mismo grupo. “Si se tiene en cuenta que los clientes acababan de comprar multitud de semanas, el regalo carece de sentido, ya que el disfrute vacacional ya debería estar garantizado”, aseveran los querellantes.
Por otra parte, la empresa solía garantizar en el primer año de uso de las semanas el arrendamiento de las mismas por un importe de varios miles de libras, “lo que reforzaba la impresión del valor que supuestamente esas semanas tienen”. Sin embargo, después de este periodo, el arrendamiento “no volvía a a realizarse”.
Por último, precisan que en cinco de las catorce cláusulas de la declaración de conformidad de los contratos se habla de la reventa de las semanas y que no se garantizaba el plazo en el que debía realizarse la misma.
El despacho que representa a los turistas británicos víctimas de la supuesta estafa defiende además que en esta trama concurren algunos elementos agravantes, como que la mayoría de los clientes eran pensionistas y que varios de ellos habían depositado los ahorros de toda su vida en estos productos.
“Las promesas o falsas expectativas se repiten hasta la saciedad de forma verbal, pero nunca se plasman en contratos. Los querellados sabían de antemano que no iban a cumplir su parte del negocio: la lucrativa reventa de dichas semanas”, concluye el escrito presentado al juzgado.
Comisión rogatoria al Reino Unido
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Arona, Roi López Encinas, ha planteado, a petición de los querellantes, una comisión rogatoria al Reino Unido para que las autoridades judiciales británicas pidan información a la entidad bancaria Barclays sobre los contratos suscritos con Resort Properties y Silverpoint para facilitar los préstamos a los clientes de esta empresa.
Los querellantes sospechan que la entidad financiera pudo beneficiarse de estas operaciones de financiación con los clientes de timesharing. De momento, han solicitado a Barclays una fianza de 919.000 euros correspondientes a los intereses abonados por las supuestas víctimas de la estafa en virtud de los créditos suscritos para poder pagar las semanas.