Citar a declarar a los testigos a la misma hora, no informarles de la suspensión de los juicios ni de las causas que la han motivado o las comparecencias de pie son algunas de las prácticas que tienen los días contados en la Audiencia Provincial de Las Palmas. El magistrado Emilio Moya ha tomado este lunes posesión de su cargo como presidente de la institución con el firme propósito de humanizar una Justicia a la que, en su opinión, le sobra liturgia y le falta sentido común, emoción y sensibilidad.
“No todo es falta de medios, también hay falta de voluntad”, ha afirmado en un discurso emotivo y distendido Emilio Moya, quien llega al máximo escalafón de la Audiencia Provincial después de una dilatada carrera judicial que comenzó en 1988 en Santa María de Guía, donde ejerció de juez de distrito, para pasar posteriormente a Las Palmas de Gran Canaria como juez decano y de instrucción antes de llegar a la Seccion Sexta de la Audiencia, de la que fue presidente.
“Tanto esfuerzo para llegar hasta aquí, tanto interés y tanta ilusión para que ahora, chacho, chacho, chacho, el ministro de Justicia diga que van a desaparecer las audiencias provinciales”, ha manifestado en tono jocoso el magistrado, en alusión a la Ley de Demarcación y Planta Judicial que ha propuesto Alberto Ruiz Gallardón y que contempla la eliminación de estos órganos judiciales.
Hasta que eso ocurra, Moya pretende, además de humanizar la Justicia, unificar los criterios para “que no existan contradicciones entre lo que resuelve una sección y otra” y optimizar las tecnologías de la información y la comunicación. El nuevo presidente de la Audiencia Provincial ha defendido que la unidad de criterios sólo se puede conseguir con reuniones sectoriales periódicas, tanto de la sección civil como de la penal, y escuchando a todos los operadores, “sacando el cargo a la calle”.
“Voy a reunirme con abogados, fiscales, secretarios, procuradores, fuerzas de seguridad del Estado, Policía Autonómica, Policía Local, médicos forenses y funcionarios. Con todos, menos con el presidente de la UD. Y si es necesario, también”, dijo Moya provocando la carcajada de los asistentes en una abarrotada Sala de Audiencias de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que contó con la presencia, entre otros, del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero; del presidente del Parlamento, Antonio Castro; de la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento; del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, o del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona.
Suficientes medios materiales, pero faltan jueces
Emilio Moya considera que la Justicia canaria tiene medios materiales suficientes para combatir la corrupción, proteger a los más débiles o pronunciarse sobre la validez de las participaciones preferentes. El magistrado ha pedido dejar atrás la “sempiterna cantinela de la falta de medios” y ha recordado que Canarias es la comunidad autónoma que más dinero destina a la Justicia por habitante, 78,3 euros más que el País Vasco y Cataluña.
“¿Cómo me voy a quejar si tenemos un edificio judicial que ha costado 122 millones de euros?, ha apostillado Moya, para quien no es motivo de preocupación la disputa entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Canarias a propósito de los accesos al Palacio de Justicia. ”Hemos esperado tanto tiempo, tantos años, que lo mismo da que sea en octubre, que sea en noviembre. Lo que sería deseable es que se eviten problemas a los vecinos y sea a gusto de todos“, ha señalado.
Con el nuevo edificio judicial, que acogerá a 125 magistrados, jueces y fiscales y a 800 funcionarios y que reduce la dispersión de sedes, que pasan de 15 a 2, Canarias se adapta, en palabras del magistrado, “a la Justicia del siglo XXI”.
El nuevo presidente de la Audiencia ha agradecido la “gran preocupación” del Gobierno de Canarias por las nuevas tecnologías y ha elogiado el sistema de gestión Atlante II, “uno de los más avanzados de los ocho que existen en España”, aunque ha lamentado que, “en la era del WhatsApp, los órganos judiciales se sigan comunicando vía postal”.
Moya, nacido en Cuenca, ha afirmado que para un juez es “una suerte” vivir en Las Palmas de Gran Canaria, principalmente por tres motivos: ''La UD Las Palmas, por supuesto, la nueva sede y por el viceconsejero de Justicia“. El presidente de la Audiencia de Las Palmas ha ensalzado a su colega Pedro Herrera, ”un profundo conocedor de la materia“ y se ha mostrado convencido de que las buenas relaciones personales van a facilitar las relaciones institucionales entre ambos.
A pesar de estas palabras de elogio, Moya ha negado que su actitud sea conformista y ha señalado que será reivindicativa “cuando deba serlo”. En este sentido, ha señalado que si bien está satisfecho con los medios materiales a su disposición, no puede estarlo con los medios humanos, por lo que ha reclamado un refuerzo de la plantilla de las secciones civiles. “Es imposible que puedan resolver todos los asuntos, será uno de los primeros puntos del orden del día de las reuniones con los operadores”, ha aseverado el juez, quien ha planteado la necesidad de impulsar un plan de choque y de potencias las comisiones de servicio.
Por último, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha criticado la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que “limita al máximo el órgano constitucional” creado, precisamente, para salvaguardar la independencia de los jueces.