La Asociación Justicia y Sociedad calificó este sábado de ''grave e injustificable legalmente“ el que no se persiga a los violadores ”por falta de denuncia de la víctima“. Lo hizo mediante un comunicado que da respuesta a unas declaraciones del jefe del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, José Pestano, que hacía público que dicho Anatómico Forense guarda pruebas de ADN recogidas en exploraciones médicas a 402 mujeres de la isla de Gran Canaria que acudieron a Urgencias tras haber sido presuntamente violadas, pero la mayoría no ha denunciado y de momento no se pueden estudiar para ofrecer pistas de violadores a la Policía.
“Para mayor asombro y estupor -prosigue Justicia y Libertad- al día siguiente se recogen las declaraciones del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, que vienen a confirmar lo anterior al manifestar que hoy en día las violaciones que no han sido denunciadas por la víctima no pueden ser perseguidas aunque haya evidencias; agregando, que sin denuncia, la violación, técnicamente, no es un hecho delictivo ya que requiere sin ninguna duda la denuncia de persona ofendida. Es más, añade el Fiscal Jefe, tanto es así que si alguien presencia una violación y lo pone en conocimiento de la Policía, ésta podrá investigar y preguntar a la agredida si quiere denunciar, pero si no quiere no se inicia el procedimiento, salvo que sea una persona menor de edad”.
Para la Asociación Justicia y Sociedad, colectivo social que aglutina a más de un centenar de profesionales relacionados con el mundo del Derecho en Canarias, resulta “grave e injustificable legalmente que la Fiscalía y la Justicia en Canarias no persigan a los violadores por falta de denuncia de la víctima” y exige que se abra una investigación al más alto nivel institucional “para depurar las responsabilidades que pudieran derivar en lo que constituye una clara dejación en la función de perseguir penalmente a los responsables de delitos execrables como son los que atentan contra la libertad sexual”.
Justicia y Sociedad recuerda que “el vigente Código Penal de 1995, en su artículo 191, establece que para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal. Por tanto, no es cierto que legalmente, constituya la denuncia de la víctima, un requisito necesario y absoluto para poder proceder penalmente contra los violadores, pudiendo ser perseguidos de oficio mediante querella de la Fiscalía, previas diligencias preliminares de investigación para lo que está plenamente facultada. En los casos a los que se refiere la noticia, es decir, mujeres víctimas de agresión sexual que acuden a Urgencias manifestando que han sido violadas, bajo estado de shock, a las que se les toma muestras de ADN y que por sus manifestaciones a los médicos suelen identificar o hacer identificable al agresor, lo correcto, legalmente, en caso de que no quisiera la víctima denunciar, es que la Fiscalía incoe Diligencias Preliminares de Investigación conducentes a la identificación del violador, -donde el análisis de la muestra de ADN recogida es imprescindible para ello ya existen bancos de datos- y, una vez identificado, (incluso, además puede suceder que la víctima lo manifiesta en algún momento al Médico y este lo recoge en su parte facultativo de intervención) formular Querella contra el mismo solicitando se coteje las muestras de ADN recogidas a la víctima en el Servicio de Urgencias con las del supuesto agresor querellado. Recordando que los delitos de violación tienen largos plazos de prescripción (hasta 15 años), por lo que, en cualquier momento, debido a dicha técnica de identificación se pueden detener a los violadores y someterlos a juicio”.
Para dicho colectivo estas declaraciones “revelan graves fallos en nuestro sistema Judicial derivados de un deficiente conocimiento y aplicación del Código Penal”. En tal sentido, manifestaciones como las del Fiscal Jefe de Canarias “constituyen un verdadero dislate jurídico incompatible con la responsabilidad inherente a su cargo y exigen una rectificación pública del mismo”.
Justicia y Sociedad, “dada su gravedad, pondrá en conocimiento estos hechos del Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo e Instituto Estatal de la Mujer para que se abra una investigación acerca de los mismos”.