La asociación de juristas Justicia y Sociedad, que ejerció la acusación popular en el caso Las Teresitas, ha advertido sobre la responsabilidad política “ineludible” del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que se ha negado a tomar la decisión “exclusivamente suya” de ordenar la ejecución provisional de la sentencia.
En un comunicado Justicia y sociedad afirma que no habrá “normalidad democrática” hasta que se asuman responsabilidades políticas por parte de las personas que votaron a favor de este “pelotazo” y “quienes defendieron políticamente a capa y espada a los condenados”.
Añade que la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de ordenar la detención y el ingreso inmediato en prisión de los principales condenados resulta acertada en tanto que ajustada a los parámetros de necesidad y proporcionalidad aplicables a estos casos.
Justicia y Sociedad considera que, efectivamente, tal y como ha razonado la Audiencia, la gravedad de los delitos por los que han sido condenados y las penas impuestas unido a su respectiva alta capacidad económica hace que el riesgo de que eludan la acción de la justicia sea objetivamente alto.
Para Justicia y Sociedad el riesgo de fuga de los principales condenados en este caso ha estado presente desde el momento en que se dictó, por la propia Audiencia Provincial, la Sentencia de 27 de abril de 2017, razón por la cual solicitó en su momento la prisión provisional de los principales condenados.
También la Fiscalía solicitó, en la vistilla celebrada en 2017, la prisión provisional de los condenados a penas de mayor gravedad.
Justicia y Sociedad afirma que desde punto de vista humano es consciente de que éste es un momento difícil, en lo personal y familiar, para las personas condenadas, “que tienen toda nuestra comprensión por su difícil situación”.
Por ello confía en que el sistema penitenciario haga que se cumpla en este caso la finalidad constitucionalmente establecida para las penas de prisión de modo que cuando recuperen su libertad los condenados sean personas plenamente reeducadas, rehabilitadas y reinsertables en la sociedad y dejen de representar un peligro para la colectividad.
Ahora bien, reitera que “no habrá justicia para Las Teresitas ” hasta que se recupere hasta el último euro saqueado al pueblo de Santa Cruz“.