Poco más de 155.800 residentes habitan en Lanzarote. Sin embargo, la cifra de personas que acogió este pequeño territorio de 845 kilómetros cuadrados se multiplicó por 17 el año pasado. El afán por recuperar el turismo perdido durante la pandemia del coronavirus dio resultado, y casi tres millones de visitantes se desplazaron a la isla en 2022. El Cabildo insular aspira ahora a declarar Lanzarote como un espacio “turísticamente saturado”, pero arrastra aún un reto pendiente: desprenderse de la huella de la corrupción que acompañó al boom turístico y que pervive en el paisaje. En la costa, aún conviven cadáveres de hormigón, hoteles ilegales en funcionamiento y nuevos complejos turísticos en construcción.
El modelo económico de Canarias ha copado el debate público en los últimos meses. La sobreexplotación del territorio y la aprobación de grandes proyectos en todo el Archipiélago llevaron incluso a un grupo de activistas de las Islas a desplazarse hasta Fitur para protestar en contra del modelo turístico “suicida” que impera en la comunidad autónoma. Fue en esa misma feria donde la presidenta de Lanzarote, Dolores Corujo, anunció su intención de recibir menos turistas con mayor gasto en el destino para generar mayor riqueza y garantizar el futuro de las generaciones venideras.
Estas afirmaciones despertaron la curiosidad y la desconfianza de diferentes sectores de la sociedad, que esperan que este anuncio no caiga en saco roto. Expertos en urbanismo y sostenibilidad consultados han preferido no entrar en el debate aún ante la ausencia de un informe o un documento que explique cuáles serán las medidas reales que acompañen a esta declaración. Por su parte, los movimientos ecologistas desean que estas afirmaciones no sean solo “fuegos artificiales” lanzados cuatro meses antes de las elecciones.
“Lo que ha ocurrido en Canarias en los últimos años nos da pie a no ser optimistas. Todos los partidos hablaban de desarrollo sostenible desde los años 90, pero la realidad de los hechos ha ido en sentido contrario”, apunta Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza). Aunque Villalba celebra que por primera vez una autoridad denuncie “lo que es evidente”, subraya que los hechos deben acompañar a las palabras.
Nuevos proyectos
Mientras tanto, el crecimiento en Lanzarote no cesa. Este año, según las previsiones de los promotores, abrirá sus puertas el complejo turístico más grande de la isla. Se trata de un hotel de cuatro estrellas, con 720 habitaciones y centro comercial en Playa Blanca. La sociedad promotora es Yudaya, perteneciente al grupo Hermanos Domínguez, que a su vez dirige la cadena de supermercados HiperDino.
“Para evitar el colapso hay que poner un stop. No se puede urbanizar más. El esfuerzo debería centrarse en la renovación de la planta turística y no en la construcción”, plantea el portavoz de ATAN. Además, en relación a la búsqueda de un turismo “de calidad”, Eustaquio Villalba insiste en que la saturación turística tiene que ver tanto con el tipo de turismo que se recibe como con el número. “Sea cual sea el tipo de oferta que hagamos, tiene que venir acompañada de una limitación del número. Si no, se llegará al colapso, como ya pasa en otras islas como Tenerife”.
La responsable de la Oficina de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, Ana Carrasco, también resaltó en una entrevista concedida al diario La Voz de Lanzarote la importancia de reducir el número de visitantes para cumplir con el compromiso de ser un territorio protegido por la UNESCO. Así como también para conservar este reconocimiento.
Otro de los planes anunciados para los próximos años es la construcción de una nueva autovía entre los núcleos de Arrecife y Playa Honda. La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ya ha sacado a licitación por 1,6 millones la redacción del proyecto de trazado de la carretera. La intención de esta obra, que ocupará ocho kilómetros de suelo rústico, es permitir “una conexión más ágil y fluida” entre el aeropuerto y el hospital.
“Es evidente que la presión del pueblo, de los movimientos sociales y de las asociaciones ecologistas está contribuyendo a que los políticos se den cuenta de la realidad de las Islas. No se pueden seguir construyendo infraestructuras que consumen nuestro patrimonio y nuestros recursos como el agua o los áridos, cuya extracción ha dejado la isla llena de enormes huecos para satisfacer una demanda creciente”, concluye el geógrafo.
Hoteles con órdenes de demolición
En la costa de Lanzarote aún siguen en pie y en funcionamiento hoteles con órdenes de demolición. Uno de los ejemplos más destacados es el Papagayo Arena. Situado en el municipio de Yaiza, se trata de uno de los 44 complejos turísticos ilegales que se han levantado en la isla. En 2022, un auto emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria acordó la ejecución en su integridad de una sentencia emitida en 2011. El fallo declaraba nulas las licencias de obra, de final de obra, y la agrupación de dos parcelas para construir el hotel por encima del vial público.
Este complejo con capacidad para alojar a al menos 600 personas está en primera línea y no tiene ninguna licencia que le permita seguir en pie. El Papagayo Arena es además uno de los símbolos de la época más corrupta del sur de la isla, cuando el exalcalde José Francisco Reyes estaba al frente del Ayuntamiento. Durante su mandato se gestó el conocido caso Yate, que investigó una trama de concesión masiva de licencias ilegales en Yaiza y Teguise.
Consecuencia de esta etapa oscura de Lanzarote es también el hotel Princesa Yaiza, propiedad del influyente empresario Juan Francisco Rosa. El Cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique concluyeron que el complejo incumple la legalidad urbanística por tener tres plantas más de lo permitido. Del mismo dueño es el hotel Son Bou, un alojamiento de cuatro estrellas que excede en más del doble la edificabilidad de la parcela.
Complejos abandonados
Los tentáculos del caso Yate llegaron también al municipio de Teguise. En uno de sus núcleos poblacionales, Costa Teguise, perviven los esqueletos de grandes hoteles que resultaron ser ilegales. Sus licencias fueron concedidas de forma irregular en 1999 por el exalcalde y exdiputado regional de Coalición Canaria Juan Pedro Hernández.
Aunque la Justicia ha insistido al Ayuntamiento para que acabe con estas grandes infraestructuras grises, solo una ha sido derrumbada hasta ahora. Se trata de una edificación de 599 plazas cercana a La Mareta, una de las residencias de la Familia Real. La demolición ha tardado quince años en llegar, puesto que fue en 2007 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la licencia.