El lastre de gobiernos de CC y la pandemia complican el mandato legal de destinar el 5% del PIB a Educación en 2022

Peores tasas de fracaso escolar, de abandono de los estudios de forma temprana, de implantación de la educación de cero a tres años… Es parte de la realidad educativa de Canarias, una comunidad que requiere de más recursos y profesorado para revertir la situación. Los indicadores han mejorado con el paso de los años, pero para acortar la brecha con el resto del país y contar con mejores resultados, docentes y expertos en el área insisten en que la herramienta fundamental pasa por una mayor inversión. El Archipiélago cuenta con apenas unos meses para ponerse al día y cumplir con el mandato de su ley, es decir, destinar el 5% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma a esta área en el año 2022. Sin embargo, según las previsiones actuales del Gobierno regional, marcadas por la pandemia y la caída de ingresos en una economía muy ligada al turismo, se calcula que se dedicará un 4,25% del PIB. 

El pasado mes de abril, la Consejería de Hacienda publicó la planificación hasta 2024 del nivel de gasto “para blindar los servicios públicos esenciales”. Lo ha calculado en relación al “escenario más pesimista”. Según ese documento, la previsión revisada es del 7% de incremento del PIB para la comunidad autónoma el próximo año, un dato estimado a partir de la referencia del último informe Proyecciones Macroeconómicas para la Economía Española (2021-2023) del Banco de España. Además, el plan precisa que “en relación con los gastos corrientes en bienes y servicios como educación, como regla general, se ha calculado el mantenimiento de créditos del año 2021 excepto para el Servicio Canario de la Salud, para el que se estima un incremento del 0,5% anual acumulativo sobre el crédito del 2021”. Por tanto, en principio, no se espera un aumento de las partidas en Educación el próximo año. 

Carlos Quesada, de la plataforma por el 5% del PIB en Educación, explica que si el Producto Interior Bruto crece un 7% el próximo año y la inversión educativa se mantiene, el gasto en esta área en relación al PIB bajará desde el 4,55% actual al 4,25 % en 2022, “incumpliendo lo establecido en la Ley Canaria de Educación”. Con ello, señala, “ni va a poder crecer significativamente la matrícula de Infantil 0-3 años, ni se van a poder mantener y ampliar las plantillas docentes actuales”. En ello coincide también Bernardino Ruiz, otro de los portavoces de este colectivo, que añade que “para cumplir la ley canaria, haría falta incrementar el presupuesto en torno a 192 millones”. 

Los miembros de la plataforma se encuentran “muy preocupados” en este sentido ya que precisamente uno de los compromisos del llamado Pacto de las flores (gobierno de PSOE, NC, Unidas Podemos y ASG en las Islas) era el de apostar por alcanzar este objetivo en el año 2022. Este mismo año, en plena pandemia y para hacer frente a las medidas sanitarias (en el que se aumentaron los grupos escolares para que se respetase la distancia de seguridad y contrataron 2.600 docentes más), se produjo el mayor aumento de inversión de los últimos años, con un incremento de un 5,36%, situándose en la cifra histórica de 1.980 millones; 98,37 millones más que en 2019,cuando también hubo un importante aumento con otro máximo histórico de 1.834 millones (+6,8%). La plataforma celebró entonces dicho aumento, pero teme que no se continúe por esa senda en un momento en el que se van a recibir además fondos europeos. 

Escaso impulso de anteriores gobiernos

El atraso histórico de Canarias en varios indicadores educativos y el temor a la LOMCE, impulsada por el exministro Ignacio Wert (PP), llevó a Canarias a aprobar una norma propia cuando era consejero de Educación José Miguel Pérez (PSOE) en 2014. “El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto”, recoge la norma, celebrada en aquel momento como herramienta importante para revertir la brecha educativa. 

Durante el siguiente gobierno, con Soledad Monzón (CC) al frente de la consejería, la inversión apenas se incrementó. En 2017, se constituyó por ello una plataforma con docentes y personas sensibilizadas en Educación que pedían al menos que se destinase un “4% del PIB ya”. En uno de los manifiestos destacaban que el gasto educativo no solo no había crecido entonces, sino que se había contraído en un 0,3%. Al año siguiente, la ya constituida plataforma por un 5% del PIB en Educación lamentaba que se incumpliera con el compromiso que el expresidente Fernando Clavijo prometió en su discurso de investidura, que era el de cumplir con la norma canaria. En 2019, último año de gobierno de CC, el presupuesto llegó a ser inferior al del año 2009; dedicando entonces un 3,6% del PIB, con una cantidad de 1.713 millones de euros. Fueron constantes las quejas del colectivo y la reivindicación para lograr más presupuesto, pero nunca se consiguió acercarse al objetivo.

¿Por qué es necesario aumentar la inversión?

El informe sobre la Realidad Educativa de Canarias, elaborado por el Consejo Escolar, refleja también la necesidad de “lograr, cuanto antes, una inversión educativa del 5% del PIB”, pero el documento es muy ambicioso señalando que hay que tener “como horizonte el 7% del PIB, adecuando así la financiación a las necesidades y demandas educativas actuales”. Así mismo, recalca entre sus datos que “el gasto educativo en Canarias por alumno es de 4.491 euros, mientras que la media española es de 5.219 y en comunidades como País Vasco es de 6.502 euros”. Contratar más docentes es uno de los principales reclamos, no solo para hacer frente a las necesidades de la pandemia sino para rebajar las ratios y ofrecer una enseñanza de mejor calidad. La actual consejera de Educación, Manuela de Armas, ha remarcado varias veces que se contratarán a los docentes necesarios el próximo curso y que su empeño es el de avanzar hacia una mejor financiación. 

Canarias contaba en el curso 2019-2020 con unos 32.000 profesores en enseñanza general, especial y de adultos (los datos de este año no están actualizados por el Ministerio), unos 5.000 menos que Castilla y León, que con similar población cuenta con 37.589 o que País Vasco, con casi 40.000 y Castilla La Mancha, con 34.397. El Consejo Escolar también ha puesto de manifiesto el envejecimiento que experimentarán las plantillas en las Islas en los próximos años, donde la mitad del profesorado tiene más de 50 y reflejó otros datos importantes en la educación canaria como que un 20% del alumnado no titula en ESO. Bernardino Ruiz insiste en que sería “decepcionante” que el Ejecutivo no incremente la inversión el próximo año y remarca como ejemplo que las Islas necesitan de forma urgente 8.000 plazas de educación pública de cero a tres años. “La única salida para revertir las tasas de pobreza es la educación, como ha hecho Extremadura que invierte un 5,9% de su PIB desde hace diez años”, concluye.