La legislatura que acaba en Canarias (2015-2019) ha estado marcada por “hitos nefastos que profundizan en el modelo irrespetuoso con la vida y el medioambiente que el Gobierno de Canarias ha venido favoreciendo desde hace décadas”. Con esta contundente afirmación arranca el balance publicado este miércoles por la organización Ben Magec-Ecologistas en Acción, un documento de 21 páginas que se detiene en trece puntos que, a juicio del colectivo, demuestran que las instituciones no han estado a la altura de retos como el cambio climático, la degradación del territorio o la pérdida de suelo y biodiversidad y que, en cambio, han “exacerbado” las fórmulas “desarrollistas”, “devastadoras” y “cortoplacistas” en los últimos cuatro años.
En el centro de las críticas ecologistas se sitúan dos de los proyectos estrella del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), durante esta legislatura: la Ley del Suelo, y una de sus hijuelas, la denominada Ley de Islas Verdes. Se trata, según Ben Magec, de normas que “se rinden al poder empresarial” y atentan “sin ningún reparo” contra el territorio isleño, allanando el camino a la especulación urbanística y las “agresiones graves” al medio ambiente.
El informe recuerda que la Ley del Suelo se aprobó por una exigua mayoría, gracias a los votos de CC, el PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y que se apoya en tres pilares: el debilitamiento de los mecanismos de control de las administraciones públicas sobre el territorio, la supeditación de los planes a proyectos “excepcionales, discrecionales y de ejecución inmediata” bajo la polémica figura del proyecto de interés insular o autonómico (para reducir trámites) y la eliminación de las limitaciones territoriales y ambientales.
La organización ecologista remarca que la Ley de Suelo deja el control urbanístico en manos de los ayuntamientos, las administraciones “más susceptibles a sucumbir a los intereses económicos” y la corrupción, restando poder a los cabildos y, en mayor medida aun, a la administración regional. El informe destaca que la norma erradica la posibilidad de que cada isla, a través de su planeamiento, pueda limitar la actividad turística, y transforma el suelo rústico en “un ámbito de oportunidad económica”, ampliando los usos permitidos.
Ben Magec critica que la Ley del Suelo encomiende la protección ambiental a las propias administraciones que formulan los planes y proyectos, que “entregue” los espacios protegidos a los cabildos sin necesidad de un informe vinculante “desde una perspectiva archipielágica” o que abra la puerta a la clasificación de suelo urbanizable en los parques naturales. Todo ello convierte a Canarias en “islas sin ley”, según el colectivo.
Un modelo desarrollista que se reproduce en la llamada Ley de Islas Verdes, que permite a El Hierro, La Gomera y La Palma implantar establecimientos turísticos de nueva construcción en suelo rústico. Una norma cuya redacción inicial tuvo que ser modificada después de que el Tribunal Supremo anulara 25 proyectos en La Palma que carecían del trámite de evaluación ambiental o de protección de espacios naturales. Tras el cambio, el Constitucional acabó avalando la ley, aunque puso reparos a la hora de declarar proyectos de interés insular. Para los ecologistas, estos dos proyectos y la consecuente eliminación de las directrices de Ordenación y de Turismo demuestran que el Gobierno canario liderado por CC “se ha plegado a los intereses particulares de empresarios y especuladores, poniendo en riesgo el territorio, la biodiversidad y el entorno rural” a través de una “legislación a la carta”.
“Bloqueo” a las acciones contra el cambio climático
Ben Magec alerta también en su informe de la “inacción” del Gobierno de Canarias para combatir el cambio climático y el “bloqueo sistemático” a las acciones encaminadas a este fin. Como publicó este periódico este martes, Fernando Clavijo boicoteó la creación en Gran Canaria del primer centro contra el cambio climático en España, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU). El colectivo ecologista recuerda que, al contrario de lo manifestado en el Parlamento regional por la consejera de Sostenibilidad, Nieves Lady Barreto, en diciembre de 2017, cuando afirmó que se trataba de un tema que ninguna administración o cargo en el mundo se había tomado en serio, el Foro Económico Mundial, un organismo “nada sospechoso de ecologista”, lleva años situando las consecuencias del cambio climático “como una de las mayores amenazas” (solo por detrás de las armas de destrucción masiva en 2019), “con el agravante de que Canarias es especialmente vulnerable a sus efectos”.
El colectivo subraya que el Gobierno de Canarias no ha participado en cumbres internacionales, ni siquiera en la celebrada en la ciudad alemana de Bonn, que versaba sobre las preocupaciones de los territorios insulares, y que es la única comunidad que presenta “en blanco” los informes sobre emisiones que demanda la ONU. “Su única contribución” se reduce a “lavarse la cara con un afuncional comité de expertos” constituido a raíz del duro informe redactado por el experto naturalista Ezequiel Navío en diciembre de 2017 tras abandonar el denominado Observatorio del Cambio Climático en Canarias por el “ninguneo” al que fue sometido por parte de los máximos responsables políticos de la comunidad autónoma.
En la misma línea, el informe de Ben Magec denuncia el “lamentable abandono” del Gobierno regional de “la toma urgente de medidas respecto a la emergencia climática” y reseña que la principal fuente de abastecimiento energético en Canarias sigue siendo, con un 90% del total, de procedencia fósil, “principal responsable del cambio climático, del empeoramiento de la calidad del aire y de la desigual distribución de la riqueza”. La penetración de las renovables es de apenas el 7,5%, a pesar de que Clavijo presumió recientemente de que esa cifra alcanzaba el 20%. El colectivo señala que Canarias no tiene un plan energético en vigor.
Muelle de Agaete y residuos
La organización ecologista lamenta que el Gobierno regional incida en su política de invertir en “infraestructuras millonarias” que generan “un grave impacto ambiental y paisajístico” y “nula rentabilidad social”. Siguiendo la estela de construcciones “infrautilizadas” como los puertos de Granadilla (Tenerife), Arinaga (Gran Canaria) o Tazacorte (La Palma), el Ejecutivo continúa promoviendo obras que suscitan gran rechazo social, como la ampliación del puerto de Agaete, que “solo sirven a las constructoras”.
En el ámbito insular, también rechaza la continuidad de los proyectos para implantar trenes de alta velocidad en Gran Canaria y Tenerife, iniciativas “poco adaptadas a la realidad insular por su excesiva rigidez” y que “no quitan espacio al vehículo privado”. Los ecologistas también cuestionan el impacto ambiental y paisajístico de la central hidroeléctrica de Chira-Soria, a pesar de ser un modelo basado en las energías renovables.
En relación con la gestión de residuos, Ben Magec celebra que los cabildos de Tenerife y Gran Canaria hayan aprobado mociones para declararse territorios libres de incineradoras, pero advierte de que el Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN), publicado en febrero “con doce años de retraso”, deja la puerta abierta a esta solución para tratar sus residuos a pesar de los “perjuicios y amenazas para la salud” que acarrea. La Unión Europea (UE) ha prohibido su financiación y el Gobierno de Canarias ha negado que se vayan a instalar a pesar de que maniobró en las instituciones comunitarias para que se añadiera una excepción a las regiones ultraperiféricas (RUP). La asociación ecologista recuerda que la “inacción” del Ejecutivo regional durante años le obliga ahora a un difícil reto, a voltear los números para adaptarse a la normativa europea, que obliga a verter como máximo el 10% de los residuos cuando en las Islas se recicla en la actualidad tan solo el 17% y se desecha el resto.
El balance ecologista destaca además que el Archipiélago ha sido sancionado por no depurar las aguas residuales, que carece de “una visión clara y decidida para revertir la dinámica de los 40 años de promoción del transporte privado” o que sigue teniendo como “asignatura pendiente” la soberanía alimentaria tras haber aprobado una Ley de Calidad Agroalimentaria “de espaldas al sector ecológico”.
Grandes incendios y biodiversidad
Ben Magec advierte de que la conservación de las zonas forestales de Canarias ha entrado en “una situación crítica”, con nuevas amenazas como el cambio climático y el aumento de los denominados Grandes Incendios Forestales (GIF), fuegos voraces con gran capacidad destructiva, como los que afectaron a las islas de Gran Canaria y La Palma. “Mientras el problema se agrava, la inversión pública en conservación y gestión de las masas forestales no se ha recuperado ni siquiera a los niveles anteriores a 2013, donde se acumuló un recorte de en torno al 40%”, explica el informe, que lamenta que se siga invirtiendo “ese poco dinero” en extinción y no en prevención.
La organización ecologista alerta de la regresión de especies de aves, como el chorlitejo petinegro, que ha desaparecido en Tenerife y está a punto de hacerlo en Gran Canaria, o el colapso de ecosistemas marinos y denuncia “el acoso” a los cetáceos por parte de embarcaciones de observación que incumplen la normativa o el aumento de muertes de estos animales por los impactos de barcos rápidos.
El informe concluye con una advertencia sobre la masificación y turistificación de los espacios naturales del Archipiélago, con el desarrollo de actividades turísticas y deportivas “con fines lucrativos privados y con un alto impacto ambiental”. que convierte a estas áreas en “parques temáticos”.