El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local “no incluye referencias a los servicios sociales de proximidad, ignorando a siete millones de personas que reciben atenciones y a más de cincuenta mil trabajadores de los servicios sociales municipales”, según ha denunciado en un comunicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
La asociación señala que, “el municipalismo es una de las señas de identidad del Sistema Público de los Servicios Sociales por lo que tiene de cercanía y proximidad a la expresión de las necesidades sociales de los ciudadanos”.
Aseguran que la reforma de la Ley, “viene a aumentar la distancia y a profundizar en la brecha que peligrosamente se está abriendo entre la política y los ciudadanos”.
Defienden que, desde la proximidad, con un coste económico reducido, “se pueden encontrar soluciones imaginativas a problemas, que desde una perspectiva centralizada no se plantean”.
Apuestan por una optimización de los recursos, generando así una economía asentada en el territorio, repartiendo de esa manera el poder del Estado. “En definitiva se articula y equilibra el territorio” añaden.
El anteproyecto propone que las competencias en Servicios Sociales sean exclusivamente autonómicas, “esto nos aboca, inevitablemente, a un proceso de cierre o privatización de centenares de centros y servicios de este Sistema dependientes de la Administración Local y, por supuesto, traerá como consecuencia una peor cobertura de las necesidades y atención a los ciudadanos en situación de necesidad social”, aseguran en el comunicado.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentará al menos tres alegaciones al Anteproyecto proponiendo que se modifique y se incluya el concepto de “Servicios Sociales de Atención Primaria, alojamiento y atención a personas sin hogar, y la atención inmediata a personas en situación de grave necesidad” y de “Servicios para la convivencia, la atención a necesidades básicas y el alojamiento para personas mayores que no tengan reconocido su derecho a recibir esos servicios por su situación de dependencia” además de corregir el denominado coste estándar y ampliar el plazo de un año para la transferencia de los Servicios Sociales.