El 22 de octubre de 2022. Es la fecha en la que finaliza la concesión de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa S.A.) para el puerto de Santa Águeda, que ha tenido desde hace 65 años y que aspira a mantenerla. Ese día, el Gobierno de Canarias, titular del muelle, deberá decidir si amplía la concesión o la destina a lo establecido en el planeamiento de 2003, que dictamina que deberá ser de uso recreativo y no industrial, como aspiran el grupo Cordial Canarias Hotels & Resorts y Fernando del Castillo, presidente del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Gran Canaria e hijo del noveno conde de la Vega Grande. En la nueva entrega de Informe Trópico, programa dirigido y presentado por el periodista Carlos Sosa, se analizan las distintas posiciones en el debate sobre la permanencia del enclave dedicado a la actividad industrial en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), uno de los pocos territorios del sur de Gran Canaria que aún permanecen ajenos a la explotación turística.
Antes de la fecha límite, el Gobierno de Canarias deberá emitir un dictamen, fruto de la labor realizada por la comisión de trabajo de las Consejerías de Obras Públicas, Turismo y Transición Ecológica, tras más de un año de reuniones con todas las partes. Las conclusiones serán públicas, pero no vinculantes. De un lado, Ceisa defiende su intención de permanecer “los años que la empresa estime” en un suelo que es propio, con la catalogación de urbano de uso industrial, que es donde se ubica la fábrica. Y también aspira a mantener la concesión del puerto que, según recuerda Claudio Piernavieja, coordinador general de la sociedad, “lo construyó la propia empresa en la década de los 50” del siglo XX.
Piernavieja explica que la actividad de la cementera, que se dedica “a mezclar piedras para hacer el cemento que necesita Canarias”, se sustenta en tres pilares: la cantera, que está a dos kilómetros de El Pajar, la fábrica y el puerto. “El muelle está totalmente integrado en la fábrica y si perdemos la concesión, perderíamos uno de los tres pilares fundamentales. Implicaría tener que transportar las materias primas que entran por aquí por la carretera, entrando y saliendo por otro puerto. Esto supondría meter unos cien camiones al día en la autopista del sur, lo que también implica unas 3.000 toneladas de CO2 al año”, señala el coordinador de Ceisa, quien, además, recuerda que la empresa se encarga del mantenimiento del muelle y de abonar las tasas correspondientes.
De su parte tienen a una plataforma vecinal denominada Salvar la bahía de Santa Águeda. Antonio Mariano Trujillo, uno de sus miembros, defiende que la cementera permanezca en El Pajar y que pueda ampliar su concesión sobre el muelle porque “ lleva con nosotros muchos años y no nos han molestado, ha convivido con nosotros”. Pero, sobre todo, porque si se traslada a otra zona, el enclave será destinado a uso turístico. “Queremos salvar nuestro entorno, donde vivimos, que nos dejen tranquilos. No estamos en contra del turismo, bienvenido sea, hay más puestos de trabajo, pero que nos dejen convivir. Que la playa de El Pajar sea para los pajareros y para toda Canarias, que no sea como Pasito Blanco”, reivindica.
También apoya la cementera la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, por motivos que “van más allá de lo empresarial, van más enfocado a ese toque especial, esa alma de El Pajar, tal cual está ahora mismo, el valor humano. Es una pieza muy importante que no tienen otros destinos”. En este sentido, considera a la cementera “una pieza clave del municipio” y, en concreto, “El Pajar ha crecido y se ha desarrollado de la mano de la industria de Cementos Especiales. Hay generaciones que han trabajado en esta industria. Es normal el vínculo y la parte emotiva de la mayoría de los vecinos de este municipio”.
Además, la alcaldesa considera que “se ha demostrado que la convivencia de industria y turismo es totalmente compatible”. Recuerda que en San Bartolomé de Tirajana ya existen “hoteles maravillosos, zonas turísticas de primer nivel, pero el alma y la esencia que tiene El Pajar es difícil que otros lo tengan; si Cementos Especiales decide marcharse, eso será exclusivamente turístico”. Narváez detalla que “el turista cada vez es más exigente y no solo busca una nueva playa o buen clima, un buen hotel o un buen alojamiento. También busca estar cerca del canario, conocer sus costumbres y sus tradiciones. Y El Pajar lo tiene”.
Y, desde otro punto de vista, añade que la pandemia puso de relieve la alta dependencia de las islas del turismo. Por ello, “hay que cuidar y velar por industrias”. Este argumento lo comparte Virgilio Correra, presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), quien defiende que se debe apostar por “la diversificación de la economía canaria, por la autosuficiencia y por tener fuentes de abastecimiento cercanas” y, para ello, es preciso contar con industria, pero que respete los principios de desarrollo sostenible y, a la vez, genere riqueza y empleo. “Ceisa lleva años apostando por las mejores tecnologías para reducir el impacto de la actividad y también lleva años escuchando a los vecinos para paliar todos los inconvenientes que su actividad pueda generar, que también ofrece empleos estables y mejor remunerados que otras actividades”, apunta Correa.
Una joya por explotar para el turismo
Del otro lado, Fernando del Castillo defiende la reconversión turística de una zona sin explotar y con gran potencial. A pesar de que familia era titular del suelo que cedió a la cementera en 1957, participar accionarialmente e incluso llegar a trabajar en la empresa, el presidente del CIT encabeza un movimiento para que la sociedad abandone El Pajar. “Después de 65 años, en los que la familia puso en concesión unos suelos para la empresa en la que después participó, las condiciones son completamente distintas”, justifica. Y defiende que no se renueve la concesión.
De lo contrario, “sería un despropósito”, subraya Fernando del Castillo, quien apela a que el Gobierno de Canarias tome “una decisión valiente y en consonancia con los planes que dictan que esa zona debe especializarse en turismo”. Concretamente, pide al Ejecutivo que no solo retire la concesión a Ceisa, sino que su negocio un traslado hacia otra zona. “Que se pueda consensuar un traslado armonioso que beneficie a Gran Canaria. Sería salir por la puerta grande y no en una carrera de maratón a largo plazo en la que los cementeros se empeñen en seguir con ese bodrio durante muchos años”, manifiesta.
La empresa Cordial Hotels & Resorts espera la reconversión del puerto para uso recreativo y de ocio, motivo por el que ya ha realizado importantes inversiones en la zona. “Hemos invertido más de 50 millones de euros en una primera fase, con el Resort Cordial & Santa Águeda y el Perchel Beach Club”, explica Nicolás Villalobos, director general Cordial Canarias Hotels & Resorts.
Villalobos concreta que “los planificadores entendieron que toda esta reserva de suelo que va de Pasito Blanco a la desembocadura del cauce de Arguineguín, había que especializarlo a turístico para poder seguir generando riqueza y actividad económica”. Y así, asegura, “se ha dispuesto y determinado en los instrumentos de planeamiento”, es decir, “que al vencimiento de la concesión, el puerto debía dejar de tener uso industrial y pasar a ser de ocio y recreativo”.
El director general Cordial Canarias Hotels & Resorts señala que en base a la “certidumbre jurídica de que las administraciones harían cumplir la norma” referente al uso del muelle, invirtieron en lo que considera “el mejor suelo en términos de atractivo turístico de nuestra isla, justo en la frontera entre dos municipios, entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán”. De hecho, esperaban que el Gobierno de Canarias retirase la concesión desde marzo de 2020, motivo por el cual acudieron a los tribunales, que no les dio la razón. “La concesión está caducada, los cementeros están en precario desde hace más de dos años. Sigue operando porque el Gobierno de Canarias, titular de la infraestructura portuaria, no ha ejercitado su derecho y obligación de reclamar lo que es suyo”, detalla.
Villalobos también es partidario de que Ceisa se traslade, aunque aclara no está en contra de que la empresa “haga lo que quieren” en un suelo que es de su propiedad. “No deseamos que la cementera se vaya de Gran Canaria, queremos que siga, pero en un polígono industrial, no incrustada en la franja del litoral del sur.”, añade. Y trae a colación lo acontecido cuando los isleños protestaron para que la Compañía Insular Colonial de Electricidad y Riegos (Cicer) “dejara de producir electricidad sobre la arena de las canteras”. Y, en este sentido, ejemplifica: “Queremos electricidad, pero no en Las Canteras; queremos cemento, pero que no se produzca en lo mejor nuestra Franja del litoral sur”.
Propuestas para el muelle de Santa Águeda y el entorno
El coordinador general de Ceisa explica que la empresa tiene la intención de materializar un proyecto para mejorar el entorno de El Pajar con una inversión de 10 millones de euros. Por un lado, pretende una mejora de la eficiencia energética, con paneles fotovoltaicos, para abastecer el 20-25% del consumo energético de la industria. Y, por otro, plantea prolongar el paseo marítimo de El Perchel; la recreación de piscinas naturales en la parte oeste de la fábrica; 200 plazas de aparcamiento y una semi-rotonda para aliviar la movilidad.
Santana asegura que el proyecto no está vinculado con la renovación de la concesión, sino con mejorar el entorno, pero sí defiende que debe renovarse su titularidad sobre el puerto “porque esta es una industria estratégica para Canarias”. Además, estima que la permanencia de la cementera no es excluyente con la actividad turística. “Este municipio alberga los tres sectores económicos: agricultura y pesca, industria del cemento y turismo. Hemos convivido en perfecta armonía, no creemos que sea el momento del quítate tú para ponerme yo. Deben armonizarse los tres sectores económicos”.
Pero los empresarios del sector turístico tienen una visión antagonista. Para Villalobos, si el Gobierno de Canarias renueva la concesión a Ceisa sería una decisión “antijurídica” que perjudicaría al grupo Cordial Hotels & Resorts porque no podrían rentabilizar la inversión. “No queremos interponer una demanda al Gobierno de Canarias y esperamos que ese puerto revierta en el interés general de los canarios, destinándose al uso recreativo”, dice Villalobos, pero, de lo contrario, “reclamaríamos el daño que nos ocasionaría la decisión”.
Para ese uso recreativo y de ocio, hay dos propuestas sobre la mesa: un puerto deportivo o un muelle destinado a cruceros. Villalobos es partidario de la primera opción, similar al Puerto de Mogán, que “combina barcas de pescadores con barquitos de recreo, más auténtico”. Y también prefiere que los turistas se alojen en la planta alojativa de Cordial Hotels & Resorts que en un crucero. Pero en cualquier caso, estima que la decisión deberá ser consensuada por varias partes interesadas.
Fernando del Castillo aclara que la propuesta de crear un puerto para cruceros es de la CIT. “Nosotros hemos hecho una propuesta de máximos desde el punto de vista económico para revalorizar esa ubicación. Hoy es un puerto de grandes barcos, pues también se podría aprovechar esa infraestructura para meter cruceros. Eso no quiere decir que vaya a tener ese uso”, explica.
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana ha podido conocer las propuestas y, aunque le parece “atractiva la idea de crear un muelle deportivo o de cruceros”, al mismo tiempo considera “peligroso eliminar la industria y eliminar algo que ha formado parte de la historia”. Sobre el planteamiento de Ceisa para mejorar el entorno, Narváez reivindica que es “ambicioso” y “ya toca”, porque después de muchos años de funcionamiento, toca actualizarse y modernizarse en el medio ambiente“, pero también en el aspecto estético.
En cualquier caso, y decida lo que decida el Gobierno de Canarias, Narváez cree que “el conflicto no acabará” y “el problema no quedará cerrado, porque cada grupo seguirá luchando hasta que caiga una sentencia firme por su posicionamiento”, pues ambos “son legítimos”.