“Más que técnicos, parecíamos investigadores”. La frase es de un técnico de Prevención de Riesgos Laborales de un hospital de Canarias y alude a la labor de control ejercida por los profesionales del gremio en los primeros compases de la pandemia para valorar la calidad de los equipos de protección individual (EPI) que, una vez adquiridos, debían suministrar a los sanitarios. La ingente demanda de material debido a la expansión del coronavirus SARS CoV-2 y las restricciones a la exportación impuestas por China, principal productor, habían tensionado el mercado mundial y el Servicio Canario de Salud (SCS) había decidido acudir a proveedores sin relación alguna con el ámbito de la salud en busca de mascarillas, guantes, batas, pantallas de protección facial, escobillones... Según declaró el actual consejero de Sanidad en el Parlamento regional, primaba la capacidad logística de las empresas sobre la experiencia en el sector. Y los controles previos a la compra, bajo el escudo de la normativa excepcional aprobada para dar respuesta a la emergencia sanitaria, se relajaron.
En mayo de 2020, dos meses después de la declaración del estado de alarma, Canarias era, después de Andalucía, la comunidad con el mayor porcentaje de sanitarios infectados en relación con el total de contagios. Es en este escenario en el que se produce la polémica adjudicación a la empresa RR7 United S.L., dedicada al sector de la automoción, de un contrato de emergencia por importe de cuatro millones de euros para la adquisición de un millón de mascarillas FPP3, las de máxima protección, que tenían como destino los hospitales de las Islas y que nunca se sirvieron. A las Islas solo llegó una partida de algo más de 900.000 unidades que acabó siendo destruida en Aduanas después de que la empresa fabricante, 3M, alertara a la Agencia tributaria de que se trataba de mascarillas falsas.
En un proyecto de informe fechado el 12 de mayo de este año, la Audiencia de Cuentas ya fijaba su atención en aquel expediente que ha acabado judicializado después de la querella que el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas interpuso contra el director del SCS, Conrado Domínguez; la anterior directora de Recursos Económicos del organismo autónomo, Ana María Pérez, y el empresario Rayco Rubén González, administrador de RR7, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales.
En ese mismo borrador, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma también advertía sobre la ausencia de comprobaciones previas de la mercancía adquirida a través de los contratos de emergencia firmados en esos primeros meses de la pandemia y recalcaba que en uno de los grandes hospitales de Canarias, el de La Candelaria, en Tenerife, los servicios de prevención bloquearon más de seis millones de unidades de equipos de protección individual que no eran aptos para los fines para los que el SCS los había comprado (también había material donado). En ese informe, la Audiencia de Cuentas cifraba en 2,1 millones de euros el valor de ese estocaje.
Esas cifras constituyen una foto fija de un momento determinado, puesto que ese material que quedó bloqueado y guardado en los almacenes de los hospitales se puede poner en recirculación en otros centros o espacios con menor requerimiento, “tales como residencias, centros educativos y ONG”, explican fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad.
En cualquier caso, este verano, casi dos años y medio después del inicio de la pandemia, aún permanecían almacenados en los cuatro mayores hospitales de Canarias (La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife y el Insular Materno Infantil y el Doctor Negrín en Gran Canaria) 4,3 millones de unidades de material de protección que no cumplía con los requisitos mínimos de calidad, según datos obtenidos por este periódico a través de una solicitud de información por el Portal de Transparencia. Entre toda esta mercancía destacan 2,5 millones de mascarillas y 1,3 millones de guantes no aptos.
En una resolución fechada a mediados de julio, la gerencia de La Candelaria aún cifraba en 3,2 millones los productos bloqueados, un poco menos de la mitad de los que figuraban en el informe de la Audiencia de Cuentas (el resto se ha puesto en circulación en otros ámbitos durante este lapso). En este hospital se almacenan aún 1.897.675 mascarillas de partidas de distintos tipos (FFP2, quirúrgicas, pediátricas...) o 1.022.300 guantes de diferentes tamaños, además de 288.300 escobillones, 24.687 monos, 6.350 buzos, 5.774 pantallas de protección facial y 7.753 unidades de gel antiséptico.
La gerencia del hospital estima que el valor de esta mercancía asciende a 1.328.144,84 euros, una cifra que calcula a través del precio medio para cada tipo de material, ya que la entrada en los almacenes se realiza a través de la “regularización” de estocaje. Hay que tener en cuenta que, tal y como exponen las direcciones de los centros hospitalarios en sus respectivos informes, la mayoría de los equipos de protección inservibles son pedidos recibidos por compra centralizada (a través del SCS), no por las gerencias, que no conocen ni el nombre del proveedor ni el precio de la adquisición del material sanitario.
Los productos almacenados en La Candelaria representan el 75% del total bloqueado hasta este verano en los cuatro mayores hospitales de Canarias. Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, esto se debe a que este hospital “fue centro de recepción inicial del material que llegaba del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)”. La gerencia del centro tinerfeño remarca que el bloqueo de material se produce “al recibir informe de la unidad de Prevención de Riesgos Laborales del centro antes de comenzar la distribución de las unidades” y que, “de recibir una nueva valoración” por parte del mencionado servicio o “un ensayo sobre la validez” del material, las partidas “se vuelven a poner en circulación”.
Según los datos facilitados por las distintas direcciones a través de Transparencia, en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) había hasta finales de agosto 372.230 mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y KN95) que no superaron el filtro de calidad de los servicios de prevención. El complejo Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria guardaba al menos hasta mediados de junio en el almacén general de Arinaga 165.549 mascarillas, 83.000 guantes, 17.500 batas, 15.032 monos y 2.368 botes de gel higienizante que no eran aptos. Por su parte, el Hospital Doctor Negrín contabilizaba a principios de julio 160.203 mascarillas y 217.400 guantes inservibles, además de 2.197 geles antisépticos.
Ausencia de controles previos
En su borrador de mayo, la Audiencia de Cuentas ya advertía de que la ausencia de comprobación previa incrementa el riesgo de que los productos adquiridos no cumplieran con los requisitos mínimos de calidad exigidos. Para el órgano fiscalizador, ese control previo no era incompatible con las “excepcionales condiciones” en la tramitación de los contratos de emergencia.
Los técnicos de prevención consultados por Canarias Ahora remarcan que esos equipos de protección individual se evaluaban “una vez comprados”. “Ese fue el gran error. Se empezó a comprar a empresas que no se dedicaban a esto y se daba el visto bueno a todo sin preguntar a los técnicos. Luego empezábamos a pedir documentación técnica a la empresa y vemos que empiezan a fallar cosas, que no cumplen con esta u otra normativa, que se contrata un EPI para riesgo biológico y lo que traen es para riesgo eléctrico”, recuerda uno de ellos, que prefiere no revelar su nombre y que destaca que, al menos en su hospital, esa situación se corrigió con el paso del tiempo y se creó una comisión técnica en la que los técnicos en prevención de riesgos laborales analizan las características del producto y las ofertas presentadas por las empresas antes de su adquisición.
“Al inicio de la pandemia no había equipos de protección individual y se compró a destajo lo que había en el mercado. Los servicios centrales del SCS compraban el material y lo repartían a los hospitales. Aquí los evaluábamos antes de distribuirlos. A un médico de urgencias o a uno que está en la unidad de cuidados intensivos no le puedo dar un EPI que no cumpla la normativa vigente, porque el que va a la cárcel luego es el técnico”, añade este profesional, que incide en que en aquella época detectaron material con documentación falsificada, con características que no coincidían con las recogidas en la ficha técnica y también con mercancía caducada.
En su declaración del pasado 20 de junio ante el fiscal Javier Ródenas, en el marco de la investigación por el contrato de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United, la anterior directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, investigada en esa causa, explicó cómo procedió el organismo autónomo en esos primeros meses. “Para la adjudicación de los contratos, la Dirección General de Recursos Económicos empezó a contactar con todos los proveedores habituales para detectar el material disponible. Era muy escaso por las restricciones que China ponía a la exportación”. El material obtenido “no era suficiente” y los sanitarios “estaban demandando más material”.
Fue entonces cuando el Gobierno de Canarias creó el Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria y puso como coordinador al actual director del SCS, Conrado Domínguez, que en aquel momento ocupaba el cargo de secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Ejecutivo regional. En este comité “había una subdelegación que se encargaba de conseguir proveedores para la adquisición de material de protección”, señala en esa comparecencia Ana María Pérez, que especifica que a partir de ese momento el departamento que entonces dirigía se limitó a tramitar los expedientes, los pagos y los seguimientos de material para su reparto en los centros sanitarios.
Según su versión era Domínguez quien hacía llegar a la Dirección General, “vía correo o Whatsapp”, las ofertas presentadas por las empresas y su NIF (Número de Identificación Fiscal) para que hicieran el contrato. “¿Podía rechazar esa proposición?”, le preguntó el fiscal. “No, era una decisión impuesta por el comité”, respondió la ex alto cargo durante un interrogatorio en el que también dijo que las mascarillas llegaban a Recursos Económicos “ya valoradas, con un visto bueno”. “No nos cuestionan la calidad de las mascarillas. De la información que nos dan, tramitamos el expediente, la parte de verificar la calidad de la mascarilla corresponde al comité”, añadió durante su comparecencia.
Domínguez: “Mandaba las ofertas para que las valoraran”
El relato de Pérez no coincide en algunos puntos con el manifestado por Conrado Domínguez ante el fiscal Anticorrupción días después, el 6 de julio. El actual director del SCS defendió que durante su etapa como coordinador del comité de emergencia carecía de “capacidad ejecutiva” en el organismo autónomo en relación con las ofertas y que la contratación no dependía de él. “Le remitía las ofertas y ella (la directora de Recursos Económicos) las tramitaba o no si conseguía por otro lado, si veía la necesidad.... Tenía sus superiores jerárquicos también. Otra cosa es que se fiara más o se fiara menos”, aseveró.
En relación con el fallido contrato con RR7 United, Domínguez sostuvo que mandó la oferta “para que la valoraran”, no como una orden de compra, a pesar de que en el mensaje que remitió a Ana María Pérez utilizó la expresión “hacer pedido”, tal y como puso de manifiesto el fiscal durante ese interrogatorio. Aunque en el expediente no hay un informe técnico sobre las características de las mascarillas que el SCS pretendía adquirir, el ahora investigado aseguró que, antes de remitir la oferta a Recursos Económicos, consultó con dos personas. Según Domínguez, la actual jefa de Medicina Preventiva del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria le remitió la respuesta a través de un mensaje de correo, mientras que el jefe del servicio de Prevención de Riesgos Laborales del mismo complejo le envió varios audios (reproducidos ante el fiscal desde el móvil del director del SCS durante su comparecencia) en los que decía que esas mascarillas, las KN95 1860 de 3M, eran “la bomba” porque servían a la vez para proteger contra el virus y en el área quirúrgica.
Lo cierto es que el SCS acabó sin esas mascarillas, sin el dinero pagado por anticipado - los cuatro millones de euros- y con una partida de 900.000 unidades que, según reveló la fabricante 3M, que ya en aquel ese periodo había habilitado un número de teléfono antifraude tras detectar la proliferación de estafas con su nombre, eran falsas y que, por tanto, acabaron siendo destruidas por la Agencia Tributaria tras el control aduanero.