El coordinador de un grupo de investigadores que trabaja en la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, Manuel Polo, ha advertido de que la mayor parte de las exhumaciones llevadas a cabo en España se han terminado sin poder identificar los restos encontrados en ellas.
El mal estado de los huesos, la falta de documentación histórica contrastable, la ausencia de familiares válidos para la identificación genética o la inexistencia de una solicitud de identificación son las causas que explican este problema, ha explicado Polo.
Este antropólogo forense forma parte de Paleolab, un grupo que reúne a ocho investigadores y que trabaja en colaboración con varias asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo para llevar a cabo la recuperación de estos cadáveres.
La apertura de fosas ha sido objeto de polémica después de que el juez Baltasar Garzón planteara abrir una causa para investigar los delitos cometidos durante el franquismo, posibilidad que finalmente fue desechada por la Audiencia Nacional.
“En la mayor parte de las exhumaciones se han vuelto a enterrar los restos encontrados sin identificar”, ha explicado Polo, quien ha recordado que Paleolab ha trabajado desde su creación en la recuperación de los cadáveres de siete fosas encontradas en Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.
Las familias de las víctimas “piensan que se van a resolver los casos y muchísimas veces no se consigue nada” debido a la dificultad que entraña adjudicar su identidad a cada uno de los cadáveres, ha insistido el coordinador de este grupo, quien ha reconocido que “exhumar sin identificar no tiene sentido”
El proceso previo a realizar una exhumación comienza normalmente con la petición de un familiar, quien primero contacta con alguna asociación de víctimas para explicar su caso.
Posteriormente son las asociaciones con las que colaboran las que les trasladan los casos según su propio criterio, tras lo que los miembros de Paleolab informan del proceso a los familiares, quienes deben firmar un documento de consentimiento y una solicitud de exhumación.
El grupo presenta entonces la documentación necesaria ante las respectivas direcciones generales de Patrimonio y solicita la apertura de la fosa “al Ayuntamiento o a la parroquia” en el caso de que la fosa común se encuentre en un cementerio o al propietario de los terrenos en el caso de que la fosa no se encuentre en suelo público.
“También se lo comunicamos siempre al juez decano que corresponde por si se quiere personar o interesar, aunque hasta la fecha no nos ha ocurrido nunca”, ha señalado Polo.
La dificultad de identificar los restos se debe principalmente al estado de los huesos encontrados, lo cual depende “del lugar en el que hayan permanecido, el tipo de suelo y la profundidad”.
La escasez de recursos ralentiza las identificaciones, lo que provoca que cada proyecto de Paleolab haya tenido una duración media “de entre un año y un año y medio”, ya que sus miembros compaginan estas investigaciones con su actividad laboral.
El coste total de este tipo de operaciones varía de un caso a otro, aunque puede alcanzar hasta los 30.000 euros en el caso de fosas donde se encuentren restos de decenas de personas, según Polo, quien considera que estos costes deberían ser cubiertos por el Estado.
También ha recordado que en España sólo existen otros cuatro grupos de trabajo similares a Paleolab, y que su equipo tiene previsto trabajar en cinco fosas durante el período 2009-2010, concretamente en Albalat dels Tarongers, Benagéber y el cementerio civil de Valencia, además de en La Pesquera (Cuenca) y Mora de Rubielos (Teruel).